Proponen Ley para que la PNP tenga un banco de ADN de todos los peruanos

El Congreso dio ayer su primer paso para aprobar la creación del Banco Nacional de Perfiles Genéticos, una base de datos que estará bajo control de la Policía Nacional del Perú (PNP). La medida fue aprobada en la Comisión de Constitución, dominada por el fujimorismo, con 14 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención.

Según el dictamen, la Policía podrá tomar y conservar muestras de ADN de toda persona involucrada en una investigación penal, sin distinguir entre sospechosos, testigos o víctimas.

El proyecto, impulsado por el congresista Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular) y respaldado por Juan Carlos Lizarzaburu (APP), se presenta como una herramienta moderna para combatir la criminalidad.

Sin embargo, el texto aprobado otorga a la Policía el manejo total de la información genética, sin límites ni mecanismos claros de fiscalización civil o judicial. La norma además excluye expresamente al Ministerio Público y al Instituto de Medicina Legal, las únicas entidades con experiencia forense en el país.

Desde el Congreso, la legisladora Ruth Luque (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) alertó que la propuesta abre la puerta a un registro masivo y arbitrario de ADN de ciudadanos peruanos. “Este dictamen entrega información genética sin garantías de protección de datos ni control institucional. Es un riesgo enorme para los derechos fundamentales”, advirtió.

Banco de ADN en manos del gobierno: abusos y riesgo de exposición

Organizaciones de derechos humanos y especialistas en privacidad genética ya han señalado que, sin controles, una base de ADN bajo dominio policial puede derivar en abusos, filtraciones o vigilancia política. Experiencias internacionales respaldan esta preocupación: en el Reino Unido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos obligó a borrar millones de perfiles genéticos que se almacenaban indefinidamente, incluso de personas absueltas.

En países como China e India, donde bancos genéticos similares no cuentan con supervisión civil, la información ha sido usada para fines políticos y control poblacional, según informes de la ONU y Amnistía Internacional. En el caso peruano, el riesgo es mayor, considerando las constantes filtraciones de datos policiales: apenas esta semana, un grupo de hackers accedió a bases de la Dirandro, exponiendo información de agentes, operativos y carpetas reservadas.

Pese a las advertencias, el dictamen avanza hacia el Pleno del Congreso. Si se aprueba sin modificaciones, la Policía Nacional concentrará una de las bases genéticas más sensibles del país, sin contrapesos institucionales ni garantías de protección. La excusa es la lucha contra el crimen; el riesgo, entregar el ADN de todos los peruanos a un sistema sin control.