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Política

Estudio de Ipsos revela que rechazo a Keiko Fujimori va creciendo entre los peruanos

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La más reciente encuesta de Ipsos Perú señala que el presidente electo, Pedro Castillo, tuvo un ligero incremento de aprobación respecto de su participación en la segunda vuelta electoral. Por otro lado, la excandidata Keiko Fujimori vio acrecentada su desaprobación en comparación a junio.

A poco de finalizar julio, el profesor cajamarquino registra 52% de opinión a su favor, frente al 48% obtenido el mes anterior. De igual manera, su desaprobación se redujo del 47% al 41% en los últimos 30 días. La muestra fue de 1.216 personas entrevistadas en 25 regiones entre el 22 y 23 de julio. Estas cifras son similares a las presentadas por IEP, que dieron cuenta de una aprobación de 53% sobre cómo Castillo actuó luego del día de votación.

Por otro lado, el sondeo de Ipsos indica que el 74% de ciudadanos consultados rechaza las acciones de la lideresa naranja, contrastado con el 65% de junio. En la misma línea, su aprobación cayó del 30% al 23% entre julio y junio, periodo marcado por sus insistentes denuncias de fraude en mesa sin pruebas contundentes. Esta encuesta encargada por El Comercio tiene un margen de error de +/- 2,81% y un nivel de confianza del 95%.

Prioridades para el nuevo Gobierno

Consultados sobre qué temas deben ser prioritarios al inicio de la gestión de Pedro Castillo, los encuestados resaltaron la salud. “Mejorar los servicios de salud/avanzar con la vacunación contra la COVID-19” alcanza un 75%, seguido de “reactivar la economía/generar empleo”, punto urgente para el 67% de los entrevistados.

El tercer lugar de importancia lo ocupa “mejorar los servicios de educación/retornar a clases presenciales” con un 55%. Más atrás se ubican las tareas de combatir la delincuencia (46%) y la corrupción (42%). La encuesta urbano rural de Ipsos indica que el 11% de participantes resaltó como prioritario el cambio constitucional. Sin embargo, estos temas impostergables podrían verse retrasados ante el eventual obstruccionismo del bando perdedor de las elecciones.

Sobre la pregunta “¿Qué opina con respecto al posible cambio de Constitución que algunos han propuesto?”, un 32% considera que “la Constitución debe ser cambiada totalmente mediante una asamblea constituyente”, mientras que el 40% sostuvo que se necesitan reformas parciales en la carta magna y el 25% sostiene que debe permanecer sin cambios.

Por último, un 43% de ciudadanos cree que Pedro Castillo “no estaba enterado y no colaboró en absoluto” tras la pregunta sobre participación en la organización Los Dinámicos del Centro. Sobre esta misma cuestión, un 19% indica que el presidente electo participó directamente y un 30% dice que “estaba parcialmente enterado y encubrió a los responsables”. De otro lado, el 69% de participantes asegura que Vladimir Cerrón tuvo implicancia directa en el caso y sería responsable de delitos.

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Mujeres le jalaron de los cabellos a la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho

Una de las viudas de las víctimas del 15 de diciembre del 2022 protagonizó el incidente. Con protestas recibieron a mandataria.

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Mujeres le jalaron de los cabellos a la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho

La presidenta del Perú, Dina Boluarte, fue objeto de agresión por dos mujeres mientras participaba en una inauguración de obras en Ayacucho. El incidente ocurrió cuando Boluarte, acompañada del gobernador regional, Wilfredo Oscorima, lanzaba caramelos a los asistentes durante la ceremonia. Las agresoras, una identificada como Ruth Bárcena Loayza, lograron romper el cordón de seguridad y agarraron del cabello a la presidenta.

Este ataque se produce en un contexto de tensión en la región. Horas antes de la inauguración, la presencia de Boluarte ya había sido recibida con rechazo. En la mañana, durante su visita al distrito Andrés Avelino Cáceres para el inicio de obras de un sistema de agua potable, la presidenta enfrentó abucheos e insultos de los ciudadanos.

Ruth Bárcena, es viuda de una víctima del régimen de Dina Boluarte en Ayacucho

La situación en la inauguración de la carretera en Minascucho hacia el distrito de Paras escaló rápidamente. La intervención de la policía y del gobernador Oscorima fue necesaria para controlar el incidente. Como resultado, Ruth Bárcena Loayza solo fue retenida y no bajo detención, mientras la otra agresora permanece sin identificar.

Ruth Bárcena Loayza, la ciudadana detenida, es viuda de Leonardo David Hancco Chacca, quien falleció en las protestas contra la administración de Boluarte en Ayacucho en diciembre de 2022. Estas protestas han marcado un período de agitación social en la región, generando un ambiente de hostilidad hacia la figura presidencial.

«La presidenta Dina Boluarte tuvo una presentación abrupta en Ayacucho. A pesar del fuerte despliegue policial, manifestantes lograron ingresar, y la falta de entusiasmo de los asistentes fue evidente. El intento del gobernador Wilfredo Oscorima de mejorar la imagen de Boluarte resultó en un fracaso, ya que la recordaron por su presunta implicación en el asesinato de 10 personas el 15 de diciembre del 2022» fue el reporte del medio local Estación Wari.

La presidenta Boluarte logró reincorporarse tras el ataque y continuar con sus actividades programadas. No obstante, este evento subraya las crecientes tensiones en Ayacucho y plantea interrogantes sobre la seguridad y la aceptación pública de la mandataria en ciertas regiones del país.

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Patricia Chirinos amaneció en España tras ser alertada que iba ser detenida por la justicia peruana

Congresista tomó un vuelo rumbo a España luego de dejar un video en el que asegura que pedirían su detención luego de un allanamiento en su casa y en su vivienda.

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Patricia Chirinos amaneció en España tras ser alertada que iba ser detenida por la justicia peruana

La congresista Patricia Chirinos, miembro de la bancada Avanza País, ha salido del país rumbo a España en medio de controversias. Su viaje, registrado el 17 de diciembre, se produce tras publicar un video en sus redes sociales, donde afirma, sin presentar pruebas, que sería objeto de una detención preliminar y de allanamientos en su domicilio y oficina por parte del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder de la Fiscalía.

Chirinos ha respondido a las interrogantes sobre su abrupto viaje, alegando que fue informada por «fuentes del Ministerio Público» sobre la detención preliminar planeada en su contra. Esta salida se realizó durante una semana de representación y ha sido justificada por la legisladora como una visita anual programada a sus hijos. A pesar de esto, no ha presentado pruebas que respalden sus acusaciones de actos arbitrarios e ilegales por parte de las autoridades judiciales.

La situación de Chirinos está vinculada con investigaciones en curso contra Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, por liderar una presunta organización criminal desde el Ministerio Público. La parlamentaria ha sido señalada por su supuesta colaboración con esta red delictiva y enfrenta una denuncia constitucional presentada por la congresista Sigrid Bazán.

Patricia Chirinos en la cuerda floja

Las investigaciones del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) implican a Chirinos en la supuesta influencia sobre la elección de Josué Gutiérrez Cóndor como defensor del Pueblo, la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, y la planificación para remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Adicionalmente, Chirinos ha sido señalada por sus interacciones con Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides y principal operador de la mencionada organización criminal, ahora colaborador eficaz.

La congresista también ha estado involucrada en acciones contra los jueces de la Tercera Sala Constitucional, quienes ordenaron suspender el proceso en el Congreso contra la JNJ. Chirinos presentó una denuncia contra estos magistrados por presunto abuso de autoridad y prevaricato. Además, presentó denuncias constitucionales contra los integrantes de la JNJ y solicitó medidas de acción del Ministerio Público y la Contraloría General de la República frente a presuntas irregularidades en la JNJ.

¿Será cierto? Patricia Chirinos asegura “Me han ofrecido asilo político de otros países”

Aunque no dice quiénes. A pesar de la complejidad y seriedad de las acusaciones, Chirinos ha reafirmado que no solicitará asilo político, alegando que no ha cometido actos ilegales. Sin embargo, ha indicado que recibió ofertas de asilo de varios países latinoamericanos. La congresista ha anunciado su intención de regresar a Perú en una semana, en medio de este escenario de acusaciones y controversias legales.

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Gobierno pone en la mira a fiscal que ordenó liberar a manifestantes de Barrio Chino

La presidenta Dina Boluarte se pronunció contra liberación, mientras en Ica ya presentaron quejas funcionales contra el fiscal Víctor Arias Torrejón.

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Gobierno pone en la mira a fiscal que ordenó liberar a manifestantes de Barrio Chino

La presidenta Dina Boluarte y su gobierno le han puesto el ojo encima al fiscal del Ministerio Público en Ica, Víctor Hugo Arias Torrejón, quien decidió liberar a tres manifestantes detenidos durante las protestas en Barrio Chino, Ica. Estos manifestantes, incluyendo un menor de edad, estaban bajo arresto por la «sospecha» de participar en los bloqueos y disturbios en la Panamericana Sur.

La presidenta Boluarte, refiriéndose a este incidente dijo esta mañana: “Lo que pasó en Barrio Chino (Ica), 18 policías heridos en el intento del 7 de diciembre de querer tomar y bloquear las carreteras. Han sido detenidas tres personas y han sido liberadas mucho antes del plazo que la ley determina para investigar y abrir carpetas fiscales, esto no puede seguir así”. Esta declaración refleja una postura crítica del Ejecutivo hacia la actuación del fiscal.

Gobierno los quería presos

Por las declaraciones; tanto Dina Boluarte, el primer ministro Alberto Otárola como el ejecutivo en general ha sugerido acusar a los detenidos para llevarlos presos. El fiscal de Ica, Arias, por su parte, basó su decisión en la evaluación de las pruebas presentadas. A pesar de la existencia de material como grabaciones y mensajes de WhatsApp, determinó que no eran suficientes ni sólidas para justificar una detención prolongada.

Fiscal de Ica bajo la mira

Tras esta decisión, el fiscal Víctor Hugo Arias Torrejón, ahora está en la mira. El general PNP José Zavala Chumbiauca, ha presentado una queja funcional desde el Frente Policial Ica. Por su parte la Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público, también ha presentado otra queja y esto podría pasarle factura al fiscal.

El procurador público en Ica, Luis Alberto Casaverde Reyna, elevó la queja ante la Oficina Desconcentrada de Control Interno. En el documento señala que Arias Torrejón «ha incurrido en inconducta funcional y consideran una irregular actuación fiscal».

Este incidente en Barrio Chino destaca las tensiones entre el gobierno y el sistema judicial en el contexto de las protestas y la seguridad pública en Perú. Con el desarrollo de esta situación, se espera que surjan más detalles sobre las decisiones del fiscal y las respuestas del gobierno.

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Martín Vizcarra no puede viajar ni a Ica, Poder Judicial confirma negativa a permiso

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional ratifica la negativa de viaje por el interior del país al expresidente de Perú.

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Martín Vizcarra no puede viajar ni a Ica, Poder Judicial confirma negativa a pedido de permiso

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de Perú ha confirmado recientemente la prohibición de viaje al interior del país para el expresidente Martín Vizcarra. El exmandatario había solicitado permiso para viajar a varias regiones, incluyendo Loreto, Piura, Áncash e Ica. Su objetivo era realizar actividades políticas, tales como capacitar a los militantes de su partido «Perú Primero» y difundir sus ideas partidarias.

Sin embargo, el colegiado determinó que, debido a su inhabilitación política, Vizcarra no puede representar a ninguna organización política. Esta inhabilitación fue impuesta por el Congreso de la República por un periodo de 10 años, a raíz de su vacunación irregular contra el Covid-19, en un caso conocido como «Vacunagate«.

La resolución de la Tercera Sala Penal de Apelaciones señala que la inhabilitación política de Vizcarra le impide ejercer cualquier representación de un partido político, por lo que no se le puede autorizar los viajes que había solicitado. Esto representa un golpe significativo para las aspiraciones políticas de Vizcarra y su partido, ya que limita su capacidad de participación directa en la política peruana.

Vizcarra estaría esperando un golpe de suerte para que lo rehabiliten y postule en el 2026

Además de la confirmación de la prohibición de viaje para el expresidente Martín Vizcarra, el exmandatario ha estado activo en el ámbito digital, específicamente en TikTok. Desde que se unió a esta plataforma, ha ganado rápidamente casi medio millón de seguidores, hazaña que refleja su popularidad continua a pesar de los desafíos legales y políticos que enfrenta.

Vizcarra enfrenta una inhabilitación política por 10 años, impuesta por el Congreso debido a su participación en el caso «Vacunagate». Esta sanción limita severamente sus opciones para volver a la política activa, especialmente para una potencial candidatura en las elecciones de 2026. Con su presencia en redes sociales, Vizcarra estaría buscando un golpe de suerte para intentar volver al poder.

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Congresistas recibirán más de 43 mil soles por Navidad en plena recesión económica

Parlamentarios recibirán un sustancioso pago adicional en diciembre. Tan solo el aguinaldo y canasta navideña suman más de 17 mil soles.

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Congresistas recibirán más de 43 mil soles y otros 17 mil por aguinaldo y canasta navideña

La Mesa Directiva del Congreso, liderada por Alejandro Soto, ha determinado que tanto los congresistas como los trabajadores del Legislativo reciban un monto adicional en diciembre, a pesar de la actual recesión económica que atraviesa Perú. Se reveló que esta decisión fue resultado de un acuerdo suscrito el 17 de noviembre, que atiende a los requerimientos de varias direcciones y oficinas del Congreso, incluyendo la Dirección General de Administración y la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.

Este acuerdo implica que los congresistas recibirán un aguinaldo navideño en forma de tarjetas electrónicas de consumo por un total de S/ 1,700, una medida que también beneficia a los trabajadores legislativos. Además, se otorgará el aguinaldo a la población laboral activa que no forma parte del Servicio Parlamentario, así como a los pensionistas, edecanes y el capellán de la institución.

En total, los parlamentarios percibirán alrededor de S/ 43,117.20 este mes, incluyendo su sueldo, asignación por desempeño laboral, compensación por semana de representación y el aguinaldo navideño dividido en gratificación y tarjeta electrónica.

  • Su sueldo (S/15,600)
  • Asignación por desempeño laboral (S/ 7,617.20)
  • Semana de representación (S/ 2,800)
  • Aguinaldo por navidad (gratificación + tarjeta electrónica (S/ 17,300).

En noviembre, también se había aprobado un «bono extraordinario» de casi 10 mil soles para el personal activo del Legislativo. Esta medida alcanzó a los congresistas y a los trabajadores de los sindicatos del Congreso.

Cabe mencionar que antes de que el Ministerio de Economía y Finanzas reconociera oficialmente la recesión económica el 20 de octubre, el Congreso continuó utilizando fondos públicos para gastos particulares, incluyendo la adquisición de equipos para la señal HD del canal congresal y la compra de pólizas de seguro.

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Ica: Juez que liberó a miembro de “La Sagrada Casta” ahora ve el caso de Alberto Fujimori

Finalmente expedientes llegaron a las manos del juez que alguna vez liberó a un miembro de la organización criminal más temible de Ica.

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Ica: Juez que liberó a miembro de “La Sagrada Casta” ahora ve el caso de Alberto Fujimori

Finalmente el juez Fernando Vicente Fernández Tapia, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, ha asumido el expediente del hábeas corpus en apoyo al exdictador Alberto Fujimori, remitido por el Tribunal Constitucional después de rechazar solicitudes de aclaración por parte de las partes involucradas.

Aunque la decisión del Tribunal Constitucional no hace mención de la ejecución de la sentencia de 2022, el presidente de esta entidad, el juez Francisco Morales Saravia, sostiene que el juez de primera instancia está obligado a liberar al exdictador, a pesar de la anulación del indulto por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), medida que invalidó la restauración del indulto por la anterior configuración del TC.

Morales Saravia argumenta que las sentencias del TC tienen prioridad sobre las decisiones de la Corte IDH. Fernández Tapia, por su parte, enfrenta la encrucijada de liberar a Alberto Fujimori o llevar a cabo un control difuso de convencionalidad, respetando así la determinación de la Corte IDH de abstenerse de aplicar el perdón presidencial, cuestionado por haber sido otorgado como resultado de un supuesto soborno para salvar a Pedro Pablo Kuczynski de una moción de vacancia.

El historial de Vicente Fernández Tapia, juez que verá el caso de Alberto Fujimori

En cuanto al historial de Fernández Tapia, este magistrado ha sido objeto de sanciones disciplinarias en la Oficina de Control de la Magistratura (ahora Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial). Una de estas sanciones se relaciona con la liberación indebida de un presunto miembro de «La Sagrada Casta de Ica», una organización criminal bajo investigación por diversos delitos, incluyendo homicidio, robo agravado, asociación ilícita para delinquir, extracción ilegal de especies acuáticas y tráfico de drogas.

Se le acusó a Fernández Tapia de declarar procedente la cesación de la prisión preventiva para uno de los imputados. Juez valoró únicamente las declaraciones que favorecían al acusado, sin tener en cuenta las declaraciones de testigos protegidos de la Fiscalía que afirmaban su afiliación a «La Sagrada Casta de Ica».

La Oficina de Control de la Magistratura solicitó la destitución del magistrado ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Caso terminó con su suspensión preventiva durante el proceso de investigación. La JNJ confirmó la falta grave de Fernández Tapia, señalando que había vulnerado el deber de impartir justicia y respetar el debido proceso.

Sin embargo, los consejeros de la JNJ concluyeron que, aunque el magistrado había omitido explicar el proceso mental detrás de la contradicción de los testimonios de los testigos protegidos, también consideró otros elementos de prueba, atenuando su grado de culpabilidad. Por lo tanto, sugirieron que la sanción sería por fallo de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANCPJ), ex OCMA.

CIDH intervino hoy

Hoy, 30 de noviembre, la Corte IDH ha solicitado al Estado peruano un informe. Exactamente sobre el cumplimiento de la resolución del 7 de abril que prohíbe la liberación de Alberto Fujimori. Esto reafirma la vigencia de la decisión de 2022. La corte recuerda al Estado peruano su obligación de abstenerse de implementar la sentencia del Tribunal Constitucional que restituye el indulto otorgado por razones humanitarias a Fujimori en 2017.

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