El congresista fujimorista de Ica, Raúl Huamán Coronado está en el centro de una nueva polémica. Enfrenta una nueva denuncia por supuestamente haber facilitado la contratación irregular de su hija, Milena Huamán Huaroto, en la Red de Salud Ica.

Según la denuncia presentada a la Contraloría, la contratación habría ocurrido pese a que Milena Huamán estaba legalmente impedida de contratar con el Estado. De acuerdo con la constancia de registro del documento en la sede central de Lima, con fecha del 16 de julio de 2024, la denuncia se detalla en la Carta N°01 (16/07/2024).

El documento acusa al congresista de permitir que su hija ocupe el cargo de secretaria técnica del procedimiento sancionador en la Red de Salud Ica. Su selección se dio a través de un contrato CAS, contraviniendo la Ley de Contrataciones del Estado.

La hija de Raúl Huamán ya había sido detectada trabajando para la Dirección Regional de Educación de Ica casi 10 mil soles

El congresista ya había sido cuestionado previamente por una situación similar. Entre enero y julio de 2022, Milena Huamán Huaroto trabajó como locadora para la Dirección Regional de Educación de Ica, percibiendo cerca de 10 mil soles, a pesar de estar impedida de contratar con el Estado debido a la posición de su padre como parlamentario.

El Informe de Control Específico N°006-2024-2-0723-SCE detalla que durante ese periodo, Milena Huamán fue contratada como proveedora para el área de escalafón bajo la modalidad de locación de servicio, sin observar las restricciones legales aplicables. El informe señala que la proveedora presentó cuatro declaraciones juradas afirmando no tener impedimentos para contratar con el Estado.

Impedimento por Ley

La Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece en su artículo 11° que los congresistas y sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad están impedidos de participar en procesos de contratación estatal durante el ejercicio de su cargo y hasta 12 meses después. Esto incluye contratos menores a 8UIT, lo que abarca los servicios prestados por Milena Huamán.

Raúl Huamán Coronado fue elegido congresista para el periodo 2021-2026. En su declaración jurada del 2021, Milena Huamán figura como su hija y se describe como «ama de casa». Sin embargo, los comprobantes de pago revisados muestran que entre enero y julio de 2022, Milena Huamán recibió pagos por servicios de apoyo administrativo en la Dirección Regional de Educación, sumando un total de 9,950 soles.

Los pagos se distribuyeron en montos de 950 soles en febrero, y 1,500 soles en marzo, abril, mayo, julio y agosto de 2022. Estas contrataciones no fueron registradas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), lo que añade una capa de irregularidad al caso.

Este lunes 22 de julio, el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional del Poder Judicial reanudó la audiencia del caso Cócteles, que involucra a Keiko Fujimori y otros imputados. La sesión comenzó a las 9 de la mañana y se llevó a cabo de manera mixta, permitiendo la participación tanto presencial como virtual de los acusados y sus defensas legales. Durante la audiencia, se escucharon los alegatos de apertura de las defensas técnicas de los implicados, entre ellos, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.

Después de casi cuatro horas de sesión, la audiencia fue suspendida y se programó su continuación para el miércoles 24 de julio. Los jueces solicitaron a los fiscales que comiencen a citar a los testigos y coordinen con el Poder Judicial los mecanismos de cooperación internacional necesarios para su participación.

Los imputados

En el transcurso de la audiencia, la defensa de Dánae Alessandra Calderón Castro negó que su cliente haya amenazado a falsos aportantes a Fuerza 2011. La Fiscalía solicita seis años y seis meses de prisión para Calderón. Además, se presentó un informe médico sobre el estado de salud de Efraín Goldenberg, quien, a sus 92 años, tiene dificultades para hablar y moverse sin asistencia.

Otro de los imputados, Luis Mejía Lecca, fue declarado incapacitado para asistir a las audiencias debido a las secuelas de un accidente cerebrovascular sufrido en marzo de 2024. Los peritos del Instituto de Medicina Legal confirmaron que Mejía Lecca requiere asistencia médica constante y tiene serias dificultades para comunicarse.

Edward García Navarro, ex abogado de Keiko Fujimori, decidió presentar personalmente sus alegatos de defensa, mientras que las defensas de otros imputados, como Mark Vito y Antonietta Gutiérrez Rosati, también expusieron sus argumentos legales. La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, cuestionó la falta de pruebas concretas en las acusaciones y defendió la inocencia de su clienta.

El miércoles 24 de julio, la sala judicial decidirá sobre la participación de Luis Mejía Lecca y Efraín Goldenberg en las audiencias, considerando sus delicadas condiciones de salud. Además, se espera que el Tribunal Constitucional responda al recurso de agravio presentado por Keiko Fujimori, quien busca anular el juicio oral y archivar el proceso penal en su contra.

Finalmente, la Fiscalía ha solicitado una pena de 30 años y 10 meses de prisión para los principales implicados en el caso, incluyendo a Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Adriana Tarazona.

José Luís Elías a la vista. Keiko Fujimori y sus aliados tienen la intención de establecer una nueva Mesa Directiva del Congreso que se ajuste a sus intereses. El partido Fuerza Popular ha decidido no apoyar a Eduardo Salhuana, portavoz de Alianza para el Progreso (APP), quien inicialmente fue considerado para presidir el Congreso.

Según declaraciones de Keiko Fujimori, Salhuana no cuenta con el consenso necesario de los grupos políticos. En este contexto, José Luís Elías Ávalos, congresista de Ica y exmiembro de Fuerza Popular, ha emergido como el principal candidato para la presidencia del Congreso.

Elías Ávalos ha tenido una carrera política marcada por cambios de partido. Fue congresista de Fuerza Popular entre 2011 y 2016, después se unió a Podemos Perú en 2020. Recientemente se afilió a APP en mayo de este año. Propietario de la Universidad Privada San Juan Bautista, Elías ha sido conocido por su cercanía a la familia Fujimori y su defensa de intereses particulares, compartiendo una trayectoria similar con su hermano Miguel Ángel Elías.

Recientemente, Elías Ávalos fue propuesto como reemplazo de Lady Camones en la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), un rol clave para manejar acusaciones contra altos funcionarios del gobierno de Dina Boluarte. Este cambio se alinea con la estrategia de APP de reevaluar sus opciones tras la declaración de Fujimori que debilitó la posición de Salhuana.

Incertidumbre en el congreso por José Luís Elías y Keiko Fujimori

Las negociaciones para definir la Mesa Directiva del Congreso 2024-2025 es ahora una incertidumbre. Este viernes 26 de julio se llevará a cabo la elección, y la lista ganadora necesitará una mayoría simple de 66 votos. El Bloque Democrático, compuesto por Fuerza Popular, APP, Avanza País, Somos Perú y Perú Libre, cuenta con 58 legisladores. Las alianzas con Acción Popular, Bloque Magisterial y legisladores no agrupados serán cruciales para alcanzar la mayoría necesaria.

A la espera de la decisión final, José Luís Elías Ávalos se perfila como el candidato favorito de este bloque. La postura del Congreso frente al gobierno de Dina Boluarte y las próximas elecciones generales será un factor determinante en esta elección. La influencia de Fujimori y su partido, aunque reducido en número, sigue siendo significativa debido a sus alianzas estratégicas y la cohesión de sus votos.

El abogado del expresidente Pedro Castillo, Walter Ayala, ha aclarado que Castillo no tiene intenciones de postular a la presidencia en las elecciones de 2026. Esta declaración corrige lo dicho previamente por William Paco Castillo, otro defensor legal del exmandatario, quien había sugerido que Castillo Terrones podría aspirar nuevamente a la presidencia por el partido ‘Todos con el Pueblo’. Sin embargo, Ayala confirmó que Castillo no podría ser candidato presidencial debido a la prohibición de reelección inmediata estipulada en la Constitución.

Walter Ayala enfatizó que Pedro Castillo, quien fue elegido presidente para el período 2021-2026, está constitucionalmente impedido de buscar una reelección inmediata. «No puede postular porque fue elegido como presidente constitucional desde 2021 hasta 2026. No hay reelección en la Constitución ni en las leyes», señaló Ayala en una entrevista con Exitosa. Este punto fue corroborado por el experto electoral José Naupari, quien explicó que el artículo 112 de la Constitución prohíbe la reelección inmediata de un presidente.

A pesar de estos impedimentos, Ayala dejó abierta la posibilidad de que Castillo pueda buscar un puesto en el Congreso. «No digo que lo vaya a hacer, pero no se descarta una candidatura al Senado, como diputado o en una plancha presidencial», afirmó Ayala, subrayando que Castillo no está inhabilitado para estos cargos.

«Volveré y seremos millones»

Pedro Castillo se afilió recientemente al partido ‘Todos con el Pueblo’, aunque este no cuenta con una inscripción vigente ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La solicitud de inscripción del partido fue presentada el 12 de julio de 2024, y su lema de campaña, difundido en redes sociales, fue «Volveré y seremos millones». Actualmente, Castillo se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, desde donde ha seguido involucrado en actividades políticas.

Castillo no tiene una condena vigente por delitos dolosos, lo cual le permitiría postular a cargos en el Legislativo. La candidatura al Congreso aún está sujeta a la aprobación del JNE. Si se inscribiera como candidato presidencial, su postulación sería rechazada en primera instancia por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro y, eventualmente, en una segunda instancia por el JNE.

El primer ministro Gustavo Adrianzén negó que la presidenta Dina Boluarte presente un desbalance patrimonial en sus declaraciones juradas, desestimando así los informes de la Contraloría General de la República. Durante una visita al Congreso, Adrianzén afirmó que un análisis detallado demostraría que las cuentas en cuestión contienen montos ínfimos, algunos de los cuales no superan los dos soles.

«Tal desbalance patrimonial no existe, un análisis mucho más detallado permitiría comprobar que las cuentas que la Contraloría General de la República refiere, por los menos dos de ellas tienen montos ínfimos, que no llegan ni siquiera a los S/2».

Gustavo Adrianzén, primer ministro del gobierno de Dina Boluarte

Adrianzén también criticó la exposición de las carpetas de la Contraloría, argumentando que esta información debería ser confidencial y que su divulgación atenta contra el derecho al secreto bancario de Boluarte como ciudadana. Aseguró que la presidenta ha cumplido con todas sus obligaciones de declaración ante el Ministerio Público y ha presentado un peritaje que descarta cualquier desbalance patrimonial.

Contraloría empezó a revisar el caso Rolex de Dina Boluarte y luego el gobierno le redujo el presupuesto

La investigación de la Contraloría comenzó en el marco del denominado «Caso Rolex», que implicaba la posesión de relojes de lujo no declarados en las declaraciones juradas de Boluarte. La Contraloría identificó que la presidenta no incluyó varias cuentas bancarias en sus reportes, lo que llevó a sospechar un desbalance entre sus ingresos y egresos.

El contralor Nelson Shack confirmó que el 1 de julio se comunicaron los hallazgos a Boluarte, y diez días después, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que, según Shack, limitaría la capacidad operativa de la Contraloría. Este proyecto reduce la financiación del control concurrente de obras públicas del 2% al 0.5%, lo cual Shack considera un retroceso en los esfuerzos anticorrupción.

Por su parte, Adrianzén defendió la medida, argumentando que el ajuste es necesario debido a los saldos no ejecutados en anteriores presupuestos, y que no afectará las funciones de la Contraloría. Además, subrayó que la presidenta ha mostrado disposición a colaborar con todas las investigaciones en curso.

Keiko Fujimori anunció el 14 de julio que su padre, el exdictador Alberto Fujimori, buscará postularse a las elecciones presidenciales de 2026. Esta noticia surge en medio de su recuperación tras una cirugía de cadera, necesaria debido a una caída en su domicilio.

Sin embargo, la posibilidad de su candidatura es altamente improbable por diversas razones legales. Según Andy Carrión, abogado penalista, el artículo 34-A de la Constitución peruana impide que los sentenciados en ejecución de condena postulen a cargos públicos.

Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por homicidio agravado, aún no ha cumplido su condena en su totalidad, a pesar del indulto recibido. Este indulto no elimina la responsabilidad penal ni la condena asociada al delito cometido.

Un indulto perdona, pero no olvida

Jorge Valdez y Roberto Pereira, expertos en derecho electoral, coinciden en que la inscripción de Fujimori en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles, de acuerdo con el artículo 107 inciso H de la Ley Orgánica de Elecciones, también constituye un impedimento. «Un indulto perdona la pena, pero no la condena de responsabilidad» señalaron.

Ernesto Blume, exmagistrado del Tribunal Constitucional, también afirmó que Alberto Fujimori no puede postular a la presidencia debido a que el indulto no ha eliminado su responsabilidad penal. Al momento de iniciar la campaña y proceder a la inscripción, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deberá pronunciarse al respecto.

Por lo tanto, las restricciones legales y el estatus actual de Alberto Fujimori, quien no ha sido rehabilitado ni ha saldado la reparación civil pendiente, hacen inviable su candidatura en las elecciones de 2026.