El abogado y exjuez de la Corte Superior de Lima, Guillermo Olivera Díaz, presentó este miércoles una denuncia constitucional y penal en contra de los 79 congresistas que votaron a favor de la ley que interpreta la figura de la cuestión de confianza, aprobada por insistencia en el Parlamento el pasado 19 de octubre.
“Una denuncia constitucional lo que persigue es generar un proceso de antejuicio político, cuya parte final, con acuerdo del Pleno del Congreso, se busca que se sancione a los infractores. La sanción puede ser suspensión, destitución del cargo o inhabilitación posterior hasta de 10 años“, dijo a las cámaras de Exitosa.
Según detalló Olivera Díaz, la aprobación por insistencia de la norma “extingue la figura jurídica de la cuestión de confianza”. Indicó que con ello se busca eliminar la posibilidad de una eventual disolución del Congreso, quebrando así el equilibrio de poderes.
“Al extinguirse la cuestión de confianza ya no existiría jamás la disolución del Congreso, por eso lo llamo la ley del embudo: lo ancho para el Parlamento y lo angostito para el presidente del Consejo de Ministros y, en consecuencia, para el presidente Pedro Castillo”, detalló.
El letrado explicó que las denuncias que presentó esta mañana no pretenden anular la aprobación de la ley, ya que esto es de competencia única del Tribunal Constitucional.
En esa línea, indicó que las acusaciones presentadas buscan ocuparse de la conducta de los parlamentarios en el campo político y penal.
“[La otra] denuncia penal, como la que estoy presentando, persigue una sanción penal a los congresistas. Se trata del delito de abuso de autoridad y de banda criminal, las dos se suman y el juez tiene la potestad de aumentar la pena de hasta 24 años de privación de la libertad para cada uno”, agregó.
Minjus a favor de juicio político
Como se recuerda, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, consideró que los congresistas que votaron a favor de la aprobación por insistencia la norma que interpreta la cuestión de confianza deberían someterse a un juicio político.
“Todos los congresistas que han votado por esta limitación de la cuestión de confianza han incurrido en responsabilidad constitucional y merecen ser enjuiciados políticamente, conforme al artículo 99 de la Constitución“, dijo en entrevista para Exitosa el pasado 21 de octubre.
