Una ola de indignación y rechazo sacudió al país tras las polémicas declaraciones de Morgan Quero, ministro de Educación, y Teresa Hernández, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Ambos funcionarios calificaron las denuncias de abuso sexual contra niños y niñas awajún y wampis en Amazonas como supuestas «prácticas culturales» que deben ser erradicadas, una afirmación que fue percibida como una trivialización de la gravedad de estos crímenes.
Para entender mejor el impacto de estas declaraciones, Inforegión conversó con tres lideresas indígenas de la Amazonía, quienes condenaron las declaraciones y exigieron el cese inmediato de ambos ministros.
Además, resaltaron que tales afirmaciones no solo muestran una profunda ignorancia y falta de respeto hacia las comunidades indígenas, sino que también perpetúan la violencia y vulnerabilidad de sus pueblos.
Antecedentes
La controversia estalló tras la revelación de alarmantes cifras: desde 2010 hasta la actualidad, se registraron 524 acusaciones formales contra docentes por agredir sexualmente a estudiantes en Condorcanqui (Amazonas), territorio de los pueblos awajún y wampis.
A pesar de las reiteradas denuncias, solo 111 profesores fueron destituidos, y la situación se agravó con informes de contagio de VIH de los agresores a las víctimas. Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, quien alertó sobre esta situación, también denunció la dificultad de presentar denuncias adecuadas por la falta de recursos de la UGEL y la fiscalía local.
El 10 de junio, el ministro Quero declaró a la prensa: «Si es una práctica cultural, que lamentablemente sucede para ejercer una forma de construcción familiar, vamos a ser prudentes, pero también exigiremos una respuesta a la población. Si estas niñas han sido violadas, no nos va a temblar la mano».
Sus palabras, que sugirieron la posibilidad de una «práctica cultural», fueron recibidas con indignación. Días después, la ministra de la Mujer respaldó esta interpretación, afirmando: «Se trata, efectivamente, de prácticas culturales que debemos desterrar”. Frente a una ola de críticas el ministro de Educación tuvo que aclarar que sus declaraciones habían sido «tergiversadas».
Morgan Quero, ministro de Educación, y Teresa Hernández, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. (Fotos: Minedu y Mimp)
“Las violaciones no son parte de nuestra cultura”
En un clima de consternación y rechazo, lideresas indígenas de diversas comunidades amazónicas alzaron su voz contra estas polémicas declaraciones. Matut Impi, vicepresidenta del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), negó rotundamente que las violaciones sexuales a menores formen parte de la cultura awajún.
«El pueblo awajún no acepta que las violaciones en las instituciones educativas sean parte de su cultura. Muchos padres y madres han presentado sus denuncias. Si fuera nuestra cultura, no habría más de 500 denuncias. Pero las hay, incluso desde años anteriores. Sin embargo, hasta ahora no se ha hecho nada, no ha habido justicia», afirmó en entrevista con Inforegión.
«Están perjudicando nuestra cultura con sus expresiones», añadió. Asimismo, destacó que su comunidad trabaja activamente para erradicar cualquier forma de violencia sexual y que implementan normativas que prohíben los matrimonios forzados.
Impi explicó que en 2023, el GTAA emitió una ordenanza que prohíbe estos matrimonios, en línea con la promulgación de la Ley N.º 31945, que prohíbe el matrimonio de menores de edad en el Perú.
“Esta ordenanza ayuda al mismo tiempo a prevenir las violaciones sexuales a menores. Se declara como interés colectivo la libertad de elegir pareja y garantizar la integridad física y psicológica de la mujer. Para evitar estas situaciones y la trata de personas, hemos emitido esta ordenanza”, recalcó Impi.
“Exigimos su renuncia inmediata”
Por su parte, Marisol García, presidenta de la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta Amazonía (Fepikecha), enfatizó que las violaciones no son prácticas culturales, sino actos criminales que deben ser condenados y sancionados.
“No pueden salir a los medios a normalizar las violaciones. Una cosa son las prácticas culturales y otra cosa es tratar de justificar, de hacer pasar por agua tibia las violaciones. Estamos totalmente en contra de que sigan violando a nuestras niñas y niños en las escuelas y en sus comunidades», manifestó García.
La lideresa kichwa explicó que en San Martín se estableció un protocolo intercultural que establece la obligación de denunciar cualquier caso de violación ante la justicia ordinaria.
“Esto es aberrante. Desde la región San Martín, donde viven mujeres kichwa, shawi y awajún, exigimos su renuncia inmediata», sentenció García a este medio. Además, denunció que después de este incidente, se comunicó con profesoras locales, quienes le revelaron haber sido también víctimas de violación por parte de sus colegas y no desean denunciar debido a la presión del director y otros profesores.
Estos les aconsejan no hacerlo para proteger la reputación del agresor, porque “también es docente y tiene familia, (…) piensan en el bienestar de los agresores antes de pensar en las víctimas», agregó García. Destacó que esta realidad es una preocupación compartida a nivel nacional, especialmente en las comunidades más remotas.
“La situación es peor en comunidades más lejanas donde ni siquiera hay acceso a la justicia, la policía carece de vehículos, presupuesto y logística. Denunciar para nosotros se vuelve un problema de tiempo y economía”, lamentó. Subrayó que las víctimas, en lugar de recibir empatía, enfrentan más violencia y discriminación por parte de las autoridades.
A pesar de las reiteradas denuncias, solo 111 profesores fueron destituidos. (Foto: Carolina Escalante)
“Rechazamos estas expresiones racistas”
La lideresa asháninka Yanet Velasco, miembro del Consejo Directivo de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), reafirmó lo dicho por sus compañeras. «Rechazamos estas expresiones racistas.
En nuestra cultura, no toleramos ni practicamos este tipo de violaciones que vulneran los derechos de nuestros niños y niñas», expresó con indignación.
Velasco mostró solidaridad con las víctimas y demandó la renuncia inmediata de ambos ministros, a quienes acusó de carecer de sensibilidad intercultural. “No porque somos indígenas nos van a tratar de la peor manera o se van a referir así hacia nosotros. Como mujer asháninka y como lideresa indígena exijo la renuncia inmediata de estos ministros porque no se merecen ocupar esos cargo”, subrayó a Inforegión.
Otras organizaciones de derechos humanos y entidades indígenas también se sumaron al rechazo mediante pronunciamientos y vídeos en redes sociales. Uno de ellas fue la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas (Onamiap), quien condenó el “uso del relativismo cultural para minimizar y justificar” la violencia sexual, considerándolo una forma de perpetuar la impunidad y minimizar la gravedad de estos crímenes.
Por otro lado, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTAW) afirmó que el abuso sexual contra menores es un delito y no una práctica cultural. Señalaron que en el distrito de Río Santiago, por ejemplo, se reportaron 175 denuncias contra docentes por estos delitos perpetrados contra estudiantes wampis de primaria y secundaria, pero solo 121 fueron separados de sus cargos en toda la provincia.
Rosemary Pioc, quien dio la voz de alerta sobre las 542 denuncias, señaló que está recibiendo amenazas por parte de algunos maestros implicados en las acusaciones. (Foto: FOSPA)
Lideresas no aceptan disculpas
Después de sus controvertidas declaraciones, los ministros Morgan Quero y Teresa Hernández planean viajar a Condorcanqui el 28 de junio para ofrecer disculpas públicas.
Sin embargo, las lideresas indígenas subrayan que las disculpas no serán suficientes para reparar el daño causado. Consideran que la única acción adecuada sería la renuncia inmediata de ambos funcionarios de sus cargos. «Vienen y nos insultan. ¿De qué le sirve a la víctima las disculpas? Queremos que se larguen.
Deben preocuparse en cerrar las brechas y sacar a esos docentes que negocian a puertas cerradas. Por un tema ético, de respeto a los pueblos indígenas y sobre todo a los derechos humanos de estos niños, deberían dar un paso al costado», sentenció Marisol García.
En la misma línea, Yanet Velasco, de CARE, enfatizó: «Pueden pedir disculpas, pero no es suficiente. Queremos su renuncia y que en estos cargos estén otras personas que tengan sentimientos, que tengan principios».
Amenazan a profesora y familiares de víctimas
El lunes 17, Rosemary Pioc, quien dio la voz de alerta sobre las 542 denuncias, mencionó en una entrevista con ATV Noticias que está recibiendo amenazas por parte de algunos maestros implicados en las acusaciones.
Señaló que estos ataques también van dirigidos hacia las familias que han presentado las denuncias, con la clara intención de silenciarlas. «He recibido llamadas para que me retracte, ¿por qué estoy haciendo estas denuncias? Jamás me voy a retractar», expresó.
Este lamentable episodio expuso no solo la falta de sensibilidad de las autoridades, sino también las graves deficiencias del sistema de justicia y los obstáculos que enfrentan las víctimas.
La demanda por un cambio profundo en el manejo de estos casos y una acción decidida contra la impunidad es firme y clara.
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