Comerciantes denunciaron a través de Huanca York Times que una mujer le enseña a su hijo, menor de edad, a robar en una tienda.
La madre ingresa al negocio ubicado en la esquina de los jirones Atahualpa y Cajamarca, con un niño cargado en la espalda y el otro a su lado, y fueron captados por una cámara de seguridad del comercio. En las imágenes se observa cómo la mujer distrae a la vendedora, mientras que su hijo mayor coge una cartera y lo guarda en una bolsa de plástico para luego escapar caminando, sin que la vendedora se percate de la situación.
“La mujer distrajo a la vendedora pidiéndole un Pulp o Frugos, mientras el niño robó una cartera con documentos personal y 300 soles”, dijo el agraviado, quien prefirió mantener su identidad en reserva.
En el mismo ángulo del video, se muestra cuando la señora pasa por dicha tienda, con sus dos hijos, y al ver que la vendedora se encontraba sola, vuelve e ingresa.
Según los comerciantes del sector, el robo bajo esa misma modalidad se ha repetido y rechazaron la acción de la mamá.
De acuerdo con los denunciantes, el hecho se registró el viernes 22 de noviembre, después de las 5 de la tarde. Aún se desconoce la identidad de la mujer.
El Congreso de la República aprobó el 29 de noviembre, con 87 votos a favor, 20 en contra y 12 abstenciones, el dictamen que extiende el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 30 de junio de 2025. Esta medida también contempla una posible prórroga adicional de seis meses mediante decreto supremo del Ministerio de Energía y Minas (Minem). El dictamen fue aprobado en primera votación y exonerado de una segunda con el respaldo de más de 80 congresistas. Este dictamen, previamente aprobado en la Comisión de Energía y Minas horas antes, pasó de inmediato al Pleno para su debate. Ahora, corresponde al Poder Ejecutivo evaluar la normativa para su promulgación o posible observación por parte de la presidenta Dina Boluarte.
Críticas al Reinfo: “Un fracaso rotundo”
Diversas organizaciones y especialistas han rechazado la decisión del Congreso, calificando al Reinfo como un mecanismo ineficaz. Según el Colectivo PAS – País Seguro, solo el 2.4% de los más de 87 000 inscritos desde su creación en 2016 ha logrado formalizarse. Además, señalaron que la inscripción al Reinfo permite encubrir a mineros ilegales. Estos mineros, que compran explosivos, insumos y trasladan mineral en camiones, no pueden ser denunciados por minería ilegal debido a la exención penal que les otorga el registro, convirtiéndolo en un refugio para actividades ilegales. “El Reinfo ha sido un absoluto fracaso. Su extensión demuestra el poder del crimen organizado sobre ciertos congresistas”, expresó también ComexPerú, gremio que representa a exportadores e importadores, mediante un comunicado público emitido el 28 de noviembre. Añadieron que la minería ilegal genera delitos como trata de personas, sicariato y lavado de activos, siendo responsable también de la destrucción ambiental en regiones como La Libertad y Madre de Dios.
Antecedentes
La decisión del Congreso se tomó en medio de movilizaciones lideradas por la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin Perú) en Lima desde el 18 de noviembre, en las que exigían la ampliación del proceso de formalización. Es importante resaltar que el Reinfo tenía programado su vencimiento para el 31 de diciembre de 2024. En una entrevista previa con Inforegión, el presidente de Confemin, Máximo Franco Bequer, reconoció que el Reinfo ha sido una herramienta ineficaz para integrar a los pequeños mineros, ya que no resolvió los problemas estructurales que dificultan la formalización. Sin embargo, advirtió que, de no ampliarse el proceso, miles de mineros caerían en la ilegalidad, afectando su sustento y el de sus familias, por lo que la ampliación era vista como una necesidad urgente. “La formalización no depende del minero artesanal, sino de los titulares de las concesiones, quienes no quieren firmar los contratos de explotación”, argumentó en la entrevista. También insistió en la importancia de diferenciar entre minería legal, ilegal e informal en el discurso público al tratarse el tema del Reinfo y quienes forman parte del sistema. Durante la mañana del 29 de noviembre Franco advirtió: «Pedimos que el día de hoy debe resolverse este problema de la ampliación, sí o sí. Caso contrario, a partir de esta fecha, ya toda la dirigencia nacional de la Confemin Perú ya no se responsabiliza nada de lo que pueda pasar. Más bien responsabilizamos a las autoridades, a los congresistas, que se oponen al proceso de ampliación porque no hay otra alternativa».
Expertos señalan que el principio de exención penal de la inscripción al Reinfo permite encubrir a mineros ilegales. (Foto: USAID)
Minería ilegal: la principal actividad ilícita en el Perú
La minería ilegal, que ha superado al narcotráfico como la actividad ilícita más lucrativa del país, se encuentra en el centro del debate. Asociada a redes de crimen organizado, financia actos de corrupción y está vinculada a delitos graves como el trabajo infantil, la usurpación de terrenos y los atentados violentos contra defensores ambientales. En este contexto, el Colectivo PAS, compuesto por 35 organizaciones, instó días antes al Congreso a no aprobar la ampliación del Reinfo y a buscar soluciones reales para la formalización de la minería artesanal. Enviaron una carta firmada por más de 27 000 ciudadanos, pidiendo que se dejara de lado la ampliación y se adoptaran medidas eficaces. No obstante, no tuvieron éxito.
El desafío de la formalización
El proceso de formalización minera en Perú tiene una larga y compleja trayectoria, marcada por la implementación de diversos programas destinados a facilitar esta transición. En este marco, se creó el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) para promover el paso hacia la formalidad. Sin embargo, hasta la fecha, el Reinfo ha sido objeto de numerosas prórrogas y modificaciones, sin que se haya logrado una solución definitiva. Especialistas como Dante Vera, director de V&C Analistas y miembro del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible (GDMDS), han alertado a lo largo del tiempo que la ampliación del Reinfo perpetúa el actual estatus quo y refuerza el principio de exención de responsabilidad penal, la cual permite que aquellos inscritos en el Reinfo eviten consecuencias legales por realizar minería ilegal, bajo el argumento de «fomentar la formalización». Según Vera, esta medida dificulta la lucha contra la minería ilegal y crea un manto de impunidad. «Esto significa que las autoridades policiales y fiscales especializadas en delitos ambientales no pueden intervenir, ya que los involucrados tienen una especie de salvoconducto», señala. «Lo que se busca con la ampliación es que todo siga igual». Conoce más sobre el Reinfo aquí.
¡Terrible! Trujillo amaneció con el reporte de un accidente de tránsito en la Vía Evitamiento, a la altura del óvalo El Milagro y el óvalo Huanchaco, dejando como resultado a varios fallecidos y heridos de gravedad derivados al hospital Regional de Trujillo.
Fallecidos y heridos
Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), la cifra de fallecidos se eleva a 3 y la lista de heridos a 11.
Fallecidos:
Calendario Layza López (50 años)
José Enrique Zavaleta Ortiz (27 años)
Heridos:
Diego Pumape García
Joao Vásquez Aguilar
Joaldo Flores Rodríguez
Anderson Dávila Bastos
Reynaldo Fernández Rodríguez
Segundo Rojas Amaya
Juan Peláez Villareal
Juan Carlos Campos Chávez
Alexander Rebaza Gastañudui
Daniel Avalos Torres
Accidente
Un camión impactó con una combi de la empresa de transportes Miramar de Alto Moche, con placa A5L 798. El suceso se registró este 2 de diciembre pasando las siete de mañana, donde el cuerpo de la víctima mortal quedó a la espera del levantamiento, mientras que los heridos de suma gravedad eran atendidos por el personal de SAMU. Cifra de muertes aún puede aumentar.
Momento del accidente
Uno de los ocupantes detalló a Noticias Trujillo que el conductor del camión los impactó cuando la combi intentaba cruzar la vía.
Cierre del cruce
Vecinos del sector señalaron que las autoridades prometieron la semaforización en el lugar, hecho que aún no se concreta desde hace varios años.
El gobernador de la región La Libertad, César Acuña Peralta, ha sido citado a declarar en la Fiscalía por la firma de resoluciones ejecutivas para designar, presuntamente de forma indebida, a una funcionaria en puestos clave en la Gerencia Regional de Educación La Libertad (Grell). Lo curioso del caso Acuña deberá cumplir con esta citación mientras está en su último periodo vacacional de este año 2024.
Vacaciones interrumpidas
De acuerdo a la disposición fiscal, Acuña y la vicegobernadora Joana Cabrera Pimentel deberán participar de la toma de declaraciones de manera virtual ante la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo el martes 17 de diciembre, a las 9 y 10 a.m. respectivamente, y con participación de sus abogados. No obstante, ese día, Acuña estará en periodo vacacional ya que su última licencia de este año rige del 11 al 19 de diciembre.
Como se recuerda, el Consejo Regional de La Libertad, de mayoría apepista, aprobó otorgarle licencias por vacaciones a Acuña para este año, que, sumadas al viaje que hizo con su hijo y con el secretario de APP, Luis Valdez, a China por 11 días en abril, sumarán 51 días de ausencia de la región, superando los 45 días que se tomó en el año 2023.
Caso y acusaciones
La investigación fiscal contra Acuña y Cabrera Pimentel se enmarca en el caso Nº 4556-2024, donde se les acusa de la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad y nombramiento indebido del cargo. A Acuña se le atribuye haber designado a Flor Rosario Ahon Solis en la jefatura de la Subgerencia de Gestión Institucional de la Grell, a pesar de que no cumplía con los requisitos de experiencia para el cargo.
Las acciones se iniciaron tras la denuncia presentada por Manuel Ruiz Briones, presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Cívica de Defensa de los Intereses del Estado, en la que indicaba que Ahon Solis trabajó como especialista administrativo II, pero nunca fue jefa de Gestión Institucional. A pesar de ello, permaneció en el puesto hasta el 2 de agosto de 2024, cuando Acuña firmó la resolución ejecutiva N°000415-2024, concluyendo su designación.
Ese mismo día, la vicegobernadora de La Libertad, Cabrera Pimentel, firmó la resolución ejecutiva N° 000417-2024, designando a Ahon Solis como subgerente de Promoción Escolar, Cultura y Deporte de la Grell, sin que cumpliera con la experiencia específica de dos años requerida ni los seis meses de capacitación especializada. Estas designaciones irregulares habrían vulnerado el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Grell.
Al respecto, la citada funcionaria Flor Rosario Ahon Solis también está comprendida en la investigación por el delito de aceptación ilegal del cargo.
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El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, entregó recientemente el segundo tramo de la pavimentación de la vía La Picota – Huascahura. Sin embargo, la ceremonia de inauguración se ha visto envuelta en controversia, luego de que se conociera qué empleados de diversos proyectos del Gobierno Regional de Ayacucho habrían sido presionados para asistir bajo amenazas de multas.
Según informó el diario Jornada, se filtraron varios chats en los que se advertía a los responsables, supervisores y administrativos de los proyectos sobre sanciones de entre 50 y 100 soles si no garantizaban la presencia de los trabajadores. Además, se les exigió que los asistentes llevaran al menos diez pancartas con frases de agradecimiento hacia la autoridad regional. En particular, la Dirección Regional de Agricultura habría condicionado a su personal a asistir al evento con un acompañante. Para asegurar la asistencia, se dispuso de varios buses para trasladar a los trabajadores de las obras del gobierno regional, incluyendo aquellos del proyecto Esmeralda Alta.
Cabe destacar que las ceremonias de inicio y entrega de obras por parte del gobernador Oscorima son una constante en su gestión, y se han utilizado en varias ocasiones para mostrar el supuesto «respaldo» de la población a su administración. Sin embargo, esta práctica de forzar la participación de los trabajadores en eventos oficiales ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y la autenticidad de tales demostraciones de apoyo.
Abraham Cauna Toma, puneño condenado a 15 años de prisión por su implicación en el caso «Perseo», fue detenido por la policía boliviana en la localidad selvática de Cobija, departamento de Pando. La captura se produjo el pasado 28 de noviembre en una operación que terminó con su expulsión a Perú al día siguiente, luego de ser encontrado sin documentación de ingreso legal al país vecino. El Poder Judicial peruano lo acusa de delitos contra la tranquilidad pública y afiliación a una organización terrorista.
Condenas
Cauna fue señalado como uno de los cabecillas y financistas del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), considerado la fachada política de Sendero Luminoso. La Cuarta Sala Penal de Apelaciones Nacional dictó su sentencia el pasado 28 de octubre, junto a otros 22 involucrados, entre ellos Carmen Rosa Hualla Muriel, también de Juliaca, quienes recibieron penas similares. Líderes de mayor rango, como Victoria Trujillo, fueron condenados a 35 años de prisión, mientras que Alfredo Crespo y otros acusados recibieron penas de 16 años y 3 meses.
El Movadef, fundado con la supuesta intención de participar en la vida política peruana, fue señalado como una extensión directa de las órdenes de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso. El Poder Judicial también ordenó su disolución inmediata tras la sentencia.
Detención y extradición
Tras ser detenido por agentes bolivianos, Cauna fue entregado al Puesto de Vigilancia Fronterizo (PVF) de Shiringayoc, en Madre de Dios. Desde allí, personal de Interpol lo trasladó a Lima para ser puesto a disposición de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones Nacional, donde enfrentará el cumplimiento de su condena en el marco del expediente N° 85.2014-0-JR-PE-03.
El caso «Perseo»
Según la acusación de la Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Delitos de Terrorismo, el Movadef operaba como el brazo político de Sendero Luminoso, buscando legitimar su agenda mediante actividades legales e ilegales. Entre las pruebas presentadas en el juicio, se destacó la entrega de 100 mil soles por parte de Florindo Flores, alias «Artemio», provenientes de extorsiones a narcotraficantes y madereros ilegales. Esto corroboró la conexión entre el Movadef y la organización terrorista.
Declaraciones
A pesar de las acusaciones y la sentencia en su contra, Abraham Cauna ha defendido su inocencia. En declaraciones previas, afirmó que el Movadef tuvo una intención exclusivamente política y negó vínculos con el terrorismo. “No soy terrorista, esta persecución política me ha afectado, he perdido trabajo y amistades. Durante mi permanencia en Movadef, todas mis manifestaciones han sido públicas y dentro del marco de la ley. Soy inocente, no he cometido ningún delito”, sostuvo.
El personal de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Arequipa detectó a dos postulantes utilizando sistemas de comunicación camuflados. Esto, con el objetivo de contar con las respuestas para el examen de reglas de tránsito, de necesaria aprobación para obtener sus licencias de conducir. Los implicados fueron Crispin Sulla Chuctaya, de 47 años, quien buscaba revalidar su licencia categoría AIIIC, y Alvino Micanor Durán Damacio, de 33 años, que postulaba por primera vez para la categoría AI.
El personal encargado intervino a los sospechosos en el acto y los trasladaron a la comisaría de Jesús María para las investigaciones correspondientes. En la revisión, se descubrieron pequeños audífonos ocultos en el oído izquierdo y cámaras conectadas a baterías camufladas en sus billeteras y bolsillos. Este sistema permitía que personas externas al edificio les dictaran las respuestas correctas.
El gerente regional de Transportes y Comunicaciones, Johan Cano Pinto, explicó que esta conducta es considerada una falta muy grave según el Decreto Supremo 034. Además, los infractores serán sancionados con la inhabilitación para participar en el proceso de otorgamiento de licencias durante 180 días y, en caso de contar con licencia, esta será cancelada.
Otros casos reportados en 2024en Arequipa
Hasta la fecha, la Gerencia ha reportado 12 casos similares en 2024. Siendo las licencias AI, revalidaciones AIIa y AIIIc, así como recategorizaciones AIIb y AIIIc, las más comunes en este tipo de infracciones. La autoridad advierte que estas prácticas no solo son ilegales, sino que también atentan contra la seguridad vial al permitir que personas no capacitadas obtengan licencias.
Además, cabe destacar que los exámenes de reglas cuentan con respuestas publicadas en internet y de acceso público, lo que elimina la necesidad de recurrir a métodos ilícitos. Pese a ello, se registran intentos frecuentes de fraude en el proceso.
Las investigaciones en este caso continúan, y los detenidos podrían enfrentar sanciones adicionales de acuerdo con el marco legal vigente. Las autoridades trabajan en reforzar los controles para evitar futuros intentos de este tipo.
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