El día de hoy, los integrantes de la asociación de los mártires y víctimas del 9 de enero, marcharon rumbo hacia la ciudad de Lima para protestar contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte.
Para la movilización de mañana, viajaron 80 personas desde la ciudad de Juliaca. De acuerdo a Mariela Cayó, esposa de uno de los manifestantes que murió torturado, el primero de mayo realizarán un plantón en la sede del palacio de justicia, posteriormente, marcharan hacia el congreso y el palacio de gobierno. En los siguientes dos días, también se movilizarán contra el gobierno, congreso y fiscalía.
Cabe precisar que en esta movilización también participarán los familiares y deudos de otras regiones como Cusco, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, La Libertad, entre otras.
Realizaron ritual antes de emprender viaje a Lima
El lunes en la noche, los familiares de las víctimas de las protestas en Puno, realizaron un pago a la tierra a fin de que no se presenten incidentes en el viaje que emprenderán hacia la capital de la república.
Este miércoles 23 de mayo se realizará una audiencia crucial en la que el Poder Judicial decidirá si el gremio pesquero industrial puede operar en la Reserva Nacional de Paracas. El objetivo de esta acción es anular una directiva que prohíbe la pesca a gran escala en esta y otras áreas naturales protegidas. La demanda fue presentada por la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) contra el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) el pasado 11 de enero.
De concederse, las grandes embarcaciones pesqueras operarán a partir de las cinco millas mar adentro de esta área protegida, lo que podría tener consecuencias devastadoras para el ecosistema marino, la pesca artesanal y otras actividades relacionadas.
La filial en Perú de Oceana, una organización internacional dedicada a la protección de los océanos, alertó reiteradamente sobre las graves consecuencias de este caso. Ante la proximidad de la audiencia, la organización envió un informe técnico que explica por qué este pedido es considerado una «monstruosidad jurídica». Además, solicitaron que la audiencia sea transmitida en directo por Justicia TV, el canal del Poder Judicial del país.
El conflicto comenzó en octubre de 2023, cuando la SNP solicitó mediante una carta al Sernanp la eliminación de las restricciones de pesca industrial en la reserva. Argumentó que la pesca industrial había sido una actividad preexistente desde la década de 1970.
Sin embargo, el Sernanp rechazó este argumento, subrayando que en los últimos 36 años no se autorizó la pesca de gran escala en Paracas, debido a su condición de área protegida. En respuesta, el gremio empresarial recurrió al Poder Judicial.
La audiencia está programada para el 23 de mayo y los jueces Roberto Vílchez Dávila, Eduardo Romero Roca y David Suárez Burgos de la Segunda Sala Constitucional de la Corte de Lima serán quienes deban resolver esta polémica demanda.
El objetivo de la SNP es anular una directiva que prohíbe la pesca a gran escala en esta y otras áreas naturales protegidas. (Foto: Walter Wust)
Impactos ambientales y sociales
Como informó este medio, las consecuencias de esta decisión serían devastadoras. En entrevista con Inforegión, el director científico de Oceana Perú, Juan Carlos Riveros, advirtió que la captura masiva de anchoveta alteraría gravemente el ecosistema marino, afectando la cadena alimentaria y supervivencia de especies como aves guaneras y lobos marinos.
Riveros también mencionó los riesgos de las capturas incidentales, donde animales como delfines, ballenas y lobos marinos quedan atrapados en las redes, lo que a menudo resulta en su muerte al intentar escapar.
Además, alertó sobre el riesgo de colisiones entre embarcaciones y la fauna marina, así como la contaminación derivada de la pesca industrial. Esto incluye las redes fantasma que quedan en el mar y los contaminantes liberados por los peces dañados durante la captura.
La decisión también podría tener implicaciones significativas para los pescadores artesanales, ya que, según el especialista, representaría una «competencia desleal». Además, afectaría a las comunidades locales que dependen del turismo y otras actividades sostenibles.
La posible aprobación de la demanda de la SNP constituiría una amenaza directa para la integridad de la Reserva Nacional de Paracas y otras áreas protegidas. (Foto: Andina)
Un mal precedente
La Reserva Nacional de Paracas no solo preserva valiosos vestigios arqueológicos de la cultura Paracas, sino que también salvaguarda una amplia variedad de ecosistemas marino-costeros. Además, alberga una gran biodiversidad que desempeña un papel crucial en el mantenimiento de diversos ciclos biológicos. Estos son esenciales para la conservación de las especies. A su vez, contribuye significativamente a la generación de ingresos para los habitantes locales.
Según estimaciones del Sernanp, la reserva alberga alrededor de 216 especies de aves, 36 de mamíferos, 10 de reptiles, 168 de peces y una gran diversidad de invertebrados, todos ellos fundamentales en la cadena trófica de este ecosistema.
La posible aprobación de la demanda de la SNP constituiría una amenaza directa para la integridad tanto de la Reserva Nacional de Paracas como de otras áreas naturales protegidas. Esta situación pondría en riesgo los esfuerzos de conservación realizados durante décadas en estos entornos.
La resolución judicial del próximo 23 de mayo será un precedente o hito que definirá si prevalecen los intereses económicos del sector pesquero industrial o si se antepone la preservación de uno de los ecosistemas marinos más importantes del Perú.
Delincuentes en motocicleta balearon a un taxista, esposo de una comerciante del mercado Santa Rosa, ubicado en la cuadra 13 de la avenida Micaela Bastidas en el distrito de El Porvenir, a solo una cuadra de la municipalidad.
La víctima, identificada como Arnulfo Santiago Rosas Gutiérrez, de 40 años, recibió aproximadamente 12 disparos por parte de los criminales. El brutal ataque se produjo en plena luz del día, causando pánico entre los residentes y comerciantes de la zona.
Víctima trasladada al hospital
Tras el atentado, Rosas Gutiérrez fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica urgente debido a la gravedad de las heridas causadas por los múltiples impactos de bala. Su estado de salud es crítico, y los médicos están haciendo todo lo posible por salvarle la vida.
Atentado cerca a la Municipalidad
El atentado ocurrió a pocos metros de la Municipalidad de El Porvenir. Comerciantes señalan que, a pesar de estar cerca al municipio, en la zona no hay presencia policial.
«No es seguro porque no hay cámaras, ni policía, no hay nada por aquí. Ha habido bastantes asaltos en los últimos meses, pero han disminuido», señaló una comerciante.
Investigación
La policía ha iniciado una investigación para identificar y capturar a los responsables del ataque. Se están revisando las cámaras de seguridad de la zona y se ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda ayudar en la captura de los delincuentes.
Actualmente, están evaluando la posibilidad con los directores de las escuelas perjudicadas.
Las clases podrían volver a la virtualidad debido a las extorsiones y detonaciones de dinamita en los diferentes colegios de La Libertad. Hasta el momento, se evaluará la medida si los directores de las escuelas lo solicitan.
«Si persisten las amenazas en los colegios, no tendríamos otra alternativa, aunque llevarlos a la virtualidad implica que retrocedamos en el aprendizaje porque no es lo mismo en la casa con deficiencias de tecnología e internet», precisó el gerente regional de Educación, Martín Camacho Paz.
¿Qué colegios regresarían a la virtualidad?
De acuerdo con el gerente de Educación, las instituciones que podrían volver a la virtualidad son aquellas que han sido víctimas de extorsión y atentados, como las del distrito de El Porvenir, La Esperanza, Florencia de Mora, entre otras.
Cabe precisar que, a pesar de la ampliación del estado de emergencia en la provincia de Trujillo, decretado hasta junio, alrededor de 150 colegios siguen siendo víctimas de extorsionadores, quienes exigen fuertes sumas de dinero a los directores para operar con normalidad. De lo contrario, continuarán las amenazas y ataques.
Disconforme con cifras de la PNP
Por otro lado, Camacho Paz se mostró disconforme con las cifras brindadas por el jefe policial de La Libertad, José Zavala Chumbiauca, donde se señala que el índice delictivo ha disminuido en los colegios. Además, criticó que la autoridad de la PNP no les consultara sobre los ataques a los colegios para obtener una cifra real exacta.
Una comisión investigadora del Consejo Regional del Cusco ha encontrado presunta responsabilidad política, administrativa e incluso penal en el exgobernador regional Jean Paul Benavente y sus funcionarios por la transferencia de más de S/ 270 millones a gobiernos locales a través del Presupuesto Participativo Multianual, denominado «Tinkuy Regional Multianual». Este programa tenía como objetivo el cierre de brechas en la anemia.
Recursos destinados y problemas identificados
El informe de la comisión revela que entre 2019 y 2022 se realizaron 112 transferencias por un total de S/ 270,671,665.76. Sin embargo, estas transferencias se llevaron a cabo sin contar con un marco legal regional adecuado. Además, los convenios firmados entre el Gobierno Regional del Cusco y las municipalidades carecían de cláusulas para regular adecuadamente las transferencias, y no se evaluó la capacidad operativa de los gobiernos locales receptores. Como resultado, muchas de las municipalidades beneficiadas no contaban con el personal ni la capacidad necesaria para ejecutar los proyectos, lo que ha llevado a obras paralizadas e inconclusas. Además, durante la etapa de evaluación de los proyectos no se verificó si estos cumplían con los criterios de cierre de brechas exigidos por Invierte.pe, resultando en transferencias para obras que no se ajustaban a los criterios multianuales.
Estado de los proyectos y denuncias en gestión del exgobernador de Cusco Jean Paul Benavente
La comisión, presidida por la consejera Calandria Olivera, informó que solo 50 proyectos están culminados. Sin embargo, más de 55 están en ejecución y no registran información actualizada en el Sistema de Seguimiento de las Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Además, algunas de las obras ejecutadas han sido objeto de denuncias por mala ejecución presentadas ante la Fiscalía por las actuales gestiones municipales. La gravedad de estos hallazgos ha llevado a la comisión a recomendar la denuncia formal contra Benavente y sus exfuncionarios. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de establecer un marco legal sólido y mecanismos de control más estrictos para la transferencia de recursos y la ejecución de proyectos en beneficio de la población.
Los profesores del Sutep y de la Fenate Perú reafirmaron el paro del 22 de mayo y anunciaron la suspensión de clases presenciales en las escuelas y colegios de la región de Puno
El secretario general del SUTEP, Alexander Pilco Ticona, pidió a los padres de familia compresión y aseguró que las clases escolares pérdidas por las protestas, se recuperaran de forma virtual o presencial.
Posteriormente, dijo que la medida de lucha será contundente en la ciudad de Puno, ya que todas las bases provinciales y distritales se concentrarán en la capital de la región altiplánica.
Respecto al gobierno central, el dirigente señaló que el magisterio está dispuesto a realizar una huelga indefinida si el gobierno no da marcha atrás sobre la privatización de la educación.
El gerente de Promoción Económica y Turismo, Jhoselim Meza, informó que los trabajos comenzaron el 17 de mayo, retirándose anuncios en las avenidas desde Palian hasta Chorrillos. Hasta la fecha, los fiscalizadores han retirado 50 anuncios publicitarios informales, incluyendo paletas, tótems y unipolares. Asimismo, se procederá con las sanciones correspondientes a los comerciantes, tanto formales como informales, que ocupan la vía pública, con sus productos, impidiendo el libre tránsito de los transeúntes en las veredas y pistas.
Según la Ordenanza Municipal 746-MPH/CM, está prohibido el uso de vías públicas con mercadería, tales como caballetes, conos y anuncios que obstaculicen el libre tránsito. El incumplimiento de esta norma será sancionado con clausuras temporales de entre siete y sesenta días. Asimismo, no se permitirán anuncios publicitarios tipo «bandera», los cuales serán decomisados y sancionados con una multa del 25% de una UIT.
Los anuncios publicitarios en áreas verdes sin autorización también serán decomisados y se impondrá una multa de 1 UIT.
Es importante destacar que las multas aplicadas por el personal de fiscalización dependen del giro del negocio que figura en la licencia de funcionamiento. Por ello, es fundamental que los establecimientos cuenten con el permiso correspondiente.
Finalmente, se indicó que desde la Gerencia de Promoción Económica y Turismo se continuará realizando labores de fiscalización para recuperar los espacios públicos.
«Se está recuperando los espacios públicos y ordenando el comercio. Todos tienen derecho a trabajar, pero deben respetarse las disposiciones de la municipalidad.»
[Información de la Municipalidad Provincial de Huancayo]
