No se puede evitar un fuerte sismo, pero sí se puede construir mejor

El Ministerio de Vivienda podría crear un Banco Nacional de Proyectos de Vivienda Segura y poner a disposición de las municipalidades una Cartilla de Construcción, para que las familias puedan edificar viviendas seguras y formales, incluso cuando deban construirlas por etapas. El Perú es un país sísmico. La interacción de las placas de Nazca y Sudamericana hace que el país esté permanentemente expuesto a movimientos sísmicos de diferente intensidad.

Frente a esta realidad, la pregunta no debería ser solamente qué hacer cuando llegue el próximo gran sismo, sino qué se está haciendo hoy para reducir sus consecuencias. Uno de los problemas que se debe enfrentar con mayor decisión es la vulnerabilidad de las viviendas. El problema empieza mucho antes del sismo.

Una gran cantidad de familias peruanas construye sus viviendas de manera informal y con sus escasos recursos logran tener un terreno de 90, 100 o 120 metros cuadrados; para, luego con el tiempo empezar a construir por etapas, sin planificación a futuras ampliaciones. Contratar un arquitecto, un ingeniero civil y especialistas para las estructuras e instalaciones puede representar un costo que no está en condiciones de asumir.

Entonces suele recurrir a la auto-construcción. Primero construyen una habitación, después otra, más adelante un baño y, cuando su economía mejora, piensan en un segundo piso. El problema aparece cuando esa ampliación no fue prevista desde el inicio. ¿Dónde deberían estar las columnas? ¿Qué profundidad debería tener la cimentación? ¿La estructura fue calculada para soportar un segundo piso?

¿Por dónde pasarán las instalaciones? ¿Dónde se ubicará la futura escalera? Si estas preguntas no fueron respondidas al comenzar la construcción, las ampliaciones pueden convertirse en improvisaciones. Por eso se debería adoptar un principio sencillo: Construir poco a poco no debería significar construir sin planificación.

Una obligación que, hace años, ya estaba en la ley

Lo interesante es que el Estado ya contempló una herramienta que podría contribuir a resolver parte de este problema. La Ley No 29090, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 006-2017-VIVIENDA, estableció en su Segunda Disposición Final que las municipalidades debían elaborar, en un plazo de 180 días, un Banco Proyectos de acuerdo con las necesidades de su jurisdicción. Han pasado muchos años desde aquella disposición.

La pregunta es inevitable: ¿qué pasó con ese mandato y cómo hacerlo realidad de una manera que sea realmente útil al ciudadano? Pero también cabe preguntarse si es razonable esperar que cada municipalidad tenga los recursos económicos y la capacidad técnica para elaborar por sí sola un banco de proyectos de calidad. Probablemente no. Una municipalidad puede no contar con todos los profesionales necesarios para desarrollar, revisar y mantener actualizada una variedad de proyectos.

Hacerlo individualmente en cada municipio sígnificaría, además, multiplicar innecesariamente el esfuerzo y el gasto. Un Banco Nacional de Proyectos de Vivienda Segura. Por eso, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento quien debe asumir el liderazgo técnico de esa tarea sin que eso signifique reemplazar a las municipalidades y eso se logra a través de la creación de un Banco Nacional de Proyectos de Vivienda Segura. No tendría que existir un único modelo de planos.

Podría contener alternativas para terrenos de 90, 100 o 120 metros cuadrados; viviendas de uno o dos pisos; viviendas concebidas para crecer progresivamente; para familias pequeñas o numerosas; incluso algunas con posibilidad de comercio en el primer piso. También deberían considerarse las diferentes condiciones climáticas y características de cada región.

Y, fundamentalmente, proyectos en los que la futura ampliación haya sido prevista desde el comienzo. La vivienda que hoy tiene un piso debe saber cómo podrá llegar a tener dos pisos sin que la familia tenga que improvisar posteriormente, ni poner en peligro la seguridad de la vivienda.

¿Cómo funcionaría?

Imaginen una familia que tiene un terreno de 90 metros cuadrados. Acude a su municipalidad, explica sus necesidades y encuentra un catálogo de proyectos técnicamente desarrollados. Puede escoger entre varias alternativas: dos o tres dormitorios, construcción por etapas, comercio en el primer piso o una vivienda para una familia numerosa.

Una vez escogido el proyecto que mejor se adapte a sus necesidades y al terreno, seguirá el procedimiento correspondiente y, de acuerdo a la Ley, para estos casos, el otorgamiento de la Licencia es automática. La municipalidad mantiene sus funciones de orientación, evaluación y autorización. El Ministerio proporciona previamente el trabajo técnico que una municipalidad difícilmente podría realizar por sí sola. Se centraliza el conocimiento y se descentraliza el servicio. Hay otro aspecto que merece especial atención.

No todas las familias que poseen un terreno tienen su propiedad debidamente saneada. Muchas tienen situaciones legales pendientes y, por esa razón, tampoco pueden acceder a determinados programas de financiamiento habitacional. Pero el Banco de Proyectos no es un programa de crédito ni un subsidio. Significa algo mucho más sencillo: El proyecto podría adquirirse a un costo razonable -costo de las copias de los planos-, sin restricciones innecesarias.

De esta manera, el Banco de Proyectos podría contribuir también a la formalización de la vivienda. Pero el plano no es suficiente. El Banco de Proyectos debería estar acompañado de una Cartilla de Construcción. Debe estar escrita en un lenguaje sencillo, con dibujos e ilustraciones, y dirigida tanto al propietario como a quien ejecutará la obra. Debería explicar los aspectos fundamentales que deben respetarse en su ejecución.

El Ministerio de Vivienda tampoco tendría que empezar desde cero. En el país existen antecedentes valiosos. La Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, a través del CISMID, publicó hace más de 20 años la Guía para la Construcción con Albañilería, dentro de un proyecto orientado a viviendas sismo-resistentes de bajo costo.

Asimismo, existe la publicación «Construcción y mantenimiento de viviendas de albañilería», de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en coordinación con SENCICO y con participación del Earthquake Engineering Research Institute, dirigida a albañiles y maestros de obra. Son esfuerzos que demuestran que el conocimiento técnico para orientar una construcción más segura existe en el Perú desde hace muchos años.

La responsabilidad del Ministerio debería ser recoger estos aportes, evaluar cuáles mantienen vigencia, actualizarlos cuando sea necesario, integrarlos y convertirlos en una herramienta práctica que pueda ponerse a disposición de todas las municipalidades del país. El Perú no necesita inventar nuevamente el conocimiento que ya tiene. Necesita organizarlo, actualizarlo y ponerlo al servicio de quien lo necesita.

Seguridad y formalización

Una política de esta naturaleza tendría varios beneficios. El primero sería contribuir a mejorar la seguridad de las viviendas frente a los sismos. Ningún plano puede garantizar que una vivienda no sufrirá daños: también son fundamentales el suelo, la calidad de los materiales, la correcta ejecución y el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Pero partir de un proyecto concebido por profesionales es muy diferente de construir sin planificación. El segundo beneficio sería contribuir a reducir la informalidad.

Si el Estado facilita proyectos técnicamente desarrollados y hace más sencillo el camino hacia la formalización, estará atacando una de las causas que favorecen la construcción informal. ¿Cuánto cuesta prevenir? En materia de prevención, muchas veces se preocupan por el costo de las medidas que se deben adoptar, pero se olvidan calcular el costo de no adoptarlas. ¿Cuánto cuesta reparar miles de viviendas dañadas? ¿Cuánto cuesta reconstruir barrios enteros?

¿Cuánto cuesta para una familia perder el patrimonio que construyó durante toda su vida? Frente a esas preguntas, el costo de desarrollar, actualizar y poner a disposición proyectos estandarizados parece pequeño. No se puede evitar que la tierra tiemble. Pero sí se puede reducir, en la medida de lo posible, sus consecuencias. Y se puede empezar por algo tan concreto como ayudar a una familia a construir correctamente su propia casa. Una oportunidad que no se debería desaprovechar.

El próximo sismo fuerte no avisará, pero sí se puede decidir cuánto se quiere estar preparados. Existen normas, profesionales, universidades, instituciones técnicas, un Ministerio de Vivienda y municipalidades en todo el territorio nacional. Se tiene incluso experiencias y materiales técnicos elaborados hace años. Lo que se necesita es articular esos recursos alrededor de una propuesta concreta.

Un Banco Nacional de Proyectos de Vivienda Segura, puesto a disposición de las municipalidades y acompañado de una Cartilla de Construcción, podría convertirse en una herramienta sencilla, de costo relativamente bajo y de enorme utilidad social. El ciudadano podría acercarse a su municipalidad y decir: «Tengo este terreno. Estas son las necesidades de mi familia. ¿Qué proyecto puedo utilizar y cómo puedo construirlo correctamente?» Y el Estado debería estar en condiciones de darle una respuesta.

Porque una vivienda segura no debería ser un privilegio de quienes pueden pagar un equipo completo de profesionales. Una familia humilde también tiene derecho a construir una casa segura. Y si el Estado puede ayudarla a lograrlo con una herramienta sencilla, accesible y técnicamente confiable, no se debería esperar a que ocurra un gran sismo para descubrir que se pudo haber hecho mucho más.