Una revisión en los registros de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) muestra que 106 candidatos a nivel nacional figuran como deudores coactivos y dos de ellos son de la región Ica.
Se trata del candidata 04 al congreso por el Partido Aprista Peruano, Geovanna Navarrete Contreras, quien se dedica a la minería y por otro lado el candidato 01 del partido Perú Patria Segura, Francisco Massa Pardo, un empresario conocido de Ica.
Caso: Geovanna Navarrete Contreras
Es la candidata a nivel nacional que más debe a la Sunat, el monto es de 2’447.696 (+ 2 millones). Navarrete explicó que se trata de una deuda que arrastra desde el 2013, la cual empezó con S/200 mil por un problema en una auditoría, y que se incrementó por los intereses acumulados con el tiempo.
“Soy pequeña minera y este problema lo vas a ver en todas las zonas del sector minero. He pedido que nos vuelvan a auditar y estamos a la espera. Ellos [la Sunat] solo piensan en cobrar. Nosotros tuvimos que sacar nuestro RUC por la Ley de Formalización Minera, todo esto es culpa de Nadine Heredia y su prima que quisieron capturar a los pequeños mineros”, dijo.
Navarrete también indicó que se declaró una medida preventiva de embargo y que bloquearon sus cuentas. Informó en una nota el Diario El Comercio.
Caso: Pancho Massa
El tema de los intereses se repite en los descargos dados por los candidatos deudores. Francisco Massa Pardo, aspirante de Perú Patria Segura por Ica, contó que su deuda la arrastra desde 1999 y todo empezó con una multa de S/25 mil por no efectuar una declaración jurada. Hoy su deuda asciende a S/194.946.
“Fuimos a juicio, los abogados siempre quieren litigar y te dicen que puedes ganar. Mi vida es transparente y dependerá de los electores, unos pensarán que soy tramposo y otros que soy de los miles de peruanos que tienen estos problemas con la Sunat que arrastran de años”, refirió a El Comercio.
Horas después de una entrevista a El Comercio, Francisco Massa fue a la Sunat y pagó uno de los cinco valores de deuda que registra, por S/4.896. Así lo acreditan los vouchers donde además se consigna que, para el resto de la deuda, se acogió a un fraccionamiento de 66 meses.
