La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al presidente Pedro Castillo a observar el proyecto de ley 904-2021 aprobado por el Congreso de la República el 7 de mayo. El dictamen presentado por Esdras Medina, presidente de la Comisión de Educación e integrante de la bancada de Renovación Popular; obtuvo 88 votos en el pleno.
Según Medina, la iniciativa busca «emitir las disposiciones orientadas a regular las acciones para la elaboración de los materiales y recursos educativos». Además, el PL plantea que los padres de familia, en comités u otras asociaciones constituidas, participen en la elección de materiales y textos educativos.
#Pronunciamiento Presidente de la República debe observar Proyecto de Ley n.° 904 que condiciona publicación de material educativo al consentimiento de madres y padres y pone en riesgo la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI)👉 https://t.co/5RDYdQLjU6 pic.twitter.com/PgKMVh4tra
— Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) May 7, 2022
Nuestra institución considera que el condicionamiento de la publicación de materiales educativos al consentimiento previo de progenitores, constituiría un peligroso precedente para todas las políticas públicas, pues institucionalizaría -a través de una ley- un derecho a veto por parte de personas con creencias o prejuicios, generando inestabilidad y falta de seguridad jurídica para la protección de los derechos humanos de las personas, y particularmente, de las y los estudiantes. Además, ello desconocería el rol rector del Ministerio de Educación (Minedu) para cumplir su mandato de definir la política educativa y pedagógica nacional, pero sobre todo lo limitaría en la definición de los contenidos educativos», sostuvo.
La Defensoría resaltó que la Educación Sexual Integral (ESI), acorde con el segundo objetivo prioritario de la Política Nacional de Igualdad de Género, contribuye a reducir problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva, como la tasa de embarazos en la adolescencia; además, promueve la igualdad de género, permitiendo reducir o prevenir la violencia basada en el género, crear entornos de aprendizaje seguros e inclusivos, conforme lo ha señalado la Unesco.
Además, destacó que se ha podido comprobar la importancia de la aplicación de la ESI en las experiencias exitosas de la I. E. El Nazareno, en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores y la I. E. José Faustino Sánchez Carrión, en el distrito de San Juan Bautista, Ayacucho, donde lograron reducir a cero el embarazo adolescente implementando la ESI desde el 2013. Por ello, el Minedu debe difundir de forma clara y sencilla el significado de la ESI, su importancia y beneficios en toda la población, especialmente, en las y los estudiantes desde temprana edad.
Para la Defensoría, la aprobación de este proyecto da la espalda a la dura realidad que enfrenta nuestro país y a los problemas que afectan a las personas en situación de vulnerabilidad, como son niñas, niños, y adolescentes. Con la propuesta aprobada por el Congreso, se les impediría a los menores acceder a una educación libre de estereotipos y prejuicios de género, así como también al ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva, en un contexto nacional donde las cifras de embarazo, al igual que las de violencia sexual, son históricamente altas, recurrentes y muestran la vulneración de sus diversos derechos.
El Estado está obligado a implementar la ESI en el entorno escolar, sin injerencia alguna que impida que las/os estudiantes accedan a ella y según lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño. De acuerdo a la última encuesta de Católicas por el Derecho a Decidir, el 92 % de personas encuestadas considera que la ESI permite construir una sociedad donde niñas y mujeres tengan los mismos derechos que los hombres y el 89% considera que contribuye a prevenir embarazos no deseados.
La Defensoría señaló que el derecho a la ESI es parte del derecho a la educación y que la obligación estatal relativa al derecho a la salud sexual y reproductiva implica brindar educación e información integrales teniendo en cuenta las capacidades evolutivas de niñas, niños y adolescentes, tal como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
Entre enero a marzo del año en curso, los CEM a nivel nacional atendieron 4016 casos de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes. Además, según el Sistema de Registro de Certificado de Nacido Vivo del Ministerio de Salud (Minsa), entre enero y abril, se registraron 316 nacimientos a nivel nacional, cuyas madres tenían el rango de edad de 0 a 14 años.
Por todo ello, la Defensoría del Pueblo solicitó al presidente Castillo que observe la propuesta normativa recientemente aprobada y solicite su archivamiento, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 108 de la Constitución Política del Perú y principalmente, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales suscritas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, y en estricto respeto del principio del interés superior de la niñez y adolescencia.
Sobre el proyecto
El proyecto de ley, promovido por el parlamentario Esdras Medina (Renovación Popular) tiene como objeto: «Emitir las disposiciones orientadas a regular las acciones para la elaboración de los materiales y recursos educativos; y que se efectúe acorde con los principios y derechos reconocidos en la Constitución Política del Perú; con la realidad afectiva, cognitiva, sociocultural y lingüística de los educandos».
La iniciativa plantea que los padres de familia participen en el proceso de elaboración de contenido de los textos y materiales educativos para la educación básica; a través de las asociaciones de padres de familia, comités u otras instancias de representación. Por su parte, detractores del proyecto de ley manifiestan que esta atenta contra el rol del Ministerio de Educación (Minedu).
«Esto resulta muy peligroso porque los materiales educativos responden a políticas de Estado y no pueden en ningún caso responder a criterios religiosos ni morales; por ende, darles a las organizaciones de padres de familia la facultad de validar materiales educativos. Esos criterios darían pie a que organizaciones que, ya hace varios años piden el retiro del enfoque de igualdad de género y la educación sexual integral; logren hacerlo usando el mecanismo planteado por este proyecto de ley», señaló la congresista Flor Pablo.
