La Municipalidad Provincial de Pisco y su alcalde Pedro Fuentes Hernández, están siendo objeto de fuertes denuncias por parte de grupos animalistas. Los acusan de desaparecer perros callejeros de la Plaza de Armas de la ciudad. El operativo municipal con personal de serenazgo ha levantado sospechas sobre el destino de estos animales, en posible violación de la ley de protección animal.
El conflicto se intensificó cuando representantes de las organizaciones animalistas en Pisco reclamaron el acceso a los videos de seguridad del día 12 de abril. Esa fecha los serenos fueron a capturar a los perros. Tras exigir las imágenes, la Municipalidad los citó para el lunes 15 a las 8:00 a.m. sin embargo los hicieron esperar hasta las 2:00 p.m. El Gerente Municipal, Wilfredo Yataco De la Cruz, no pudo dar una respuesta clara sobre el paradero de los perros. Esto generó un enfrentamiento con los activistas.
Según el colectivo Huellitas Arriba Pisco, seis perros callejeros conocidos en la Plaza de Armas han desaparecido repentinamente, sin que se conozca su destino ni el proceso de reubicación. Estos animales son conocidos por nombres como «El Gordo», «La Gorda», «Negrita», «Cabezón», «Caramelo» y «La Ojitos». Los animalistas exigen respuestas concretas de la administración municipal, que hasta ahora no ha dado explicaciones satisfactorias.
Piden detalles sobre la intervención de los animales de la plaza de armas de Pisco
La Federación Nacional de Organizaciones y Activistas Animalistas y Ambientalistas (FENOAAA) ha intervenido en el caso. Vienen solicitando a la Municipalidad el protocolo utilizado para la captura y custodia de los animales, así como información sobre su estado y ubicación actual. También solicitaron las denuncias escritas de ciudadanos que hayan sido supuestamente víctimas de mordeduras.
Se presume que los perros podrían haber sido sometidos a eutanasia de manera irregular o en el peor de los casos «envenenados». Pero una «Eutanasia» como tal debe seguir procedimientos legales establecidos por la Ley 2759 de Protección Animal (Régimen Jurídico de Canes). La Municipalidad debía contar con el aval de un veterinario siempre y cuando al animal se le diagnostique «rabia». Además se debe tener un plazo de 30 días de cuarentena, en caso de no tener rabia se le debe vacunar, esterilizar y devolverlo a la comunidad o en todo caso ponerlo en un programa de adopción.
En respuesta a las acusaciones, la Municipalidad de Pisco publicó un video, presuntamente tendencioso, argumentando que los perros estaban a salvo y disponibles para adopción, pero se utilizaron imágenes de otros animales en el material difundido. Esta respuesta viene generando indignación ya que los animales no serían agresivos como lo describen y que habrían mordido a transeuntes.
Posible marcha animalista
Mientras tanto, la falta de transparencia y respuestas claras de las autoridades municipales ha llevado a los activistas a considerar movilizaciones para exigir justicia para los animales callejeros. La falta de información concreta sobre el paradero de los perros y su situación actual ha alimentado las críticas y movilizado a los defensores de los derechos de los animales.
En marzo se informó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó una transferencia de S/384,000 destinada a diversos gobiernos locales con el fin de respaldar la implementación de programas de esterilización y manejo poblacional humanitario de perros. La autorización de esta transferencia de partidas, especificada en el Decreto Supremo Nº 030-2024-EF y publicada en el diario oficial El Peruano, estableció que los recursos provendrán del presupuesto del Ministerio de Salud para el año fiscal 2024.
