Este lunes 22 de julio, el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional del Poder Judicial reanudó la audiencia del caso Cócteles, que involucra a Keiko Fujimori y otros imputados. La sesión comenzó a las 9 de la mañana y se llevó a cabo de manera mixta, permitiendo la participación tanto presencial como virtual de los acusados y sus defensas legales. Durante la audiencia, se escucharon los alegatos de apertura de las defensas técnicas de los implicados, entre ellos, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.

Después de casi cuatro horas de sesión, la audiencia fue suspendida y se programó su continuación para el miércoles 24 de julio. Los jueces solicitaron a los fiscales que comiencen a citar a los testigos y coordinen con el Poder Judicial los mecanismos de cooperación internacional necesarios para su participación.

Los imputados

En el transcurso de la audiencia, la defensa de Dánae Alessandra Calderón Castro negó que su cliente haya amenazado a falsos aportantes a Fuerza 2011. La Fiscalía solicita seis años y seis meses de prisión para Calderón. Además, se presentó un informe médico sobre el estado de salud de Efraín Goldenberg, quien, a sus 92 años, tiene dificultades para hablar y moverse sin asistencia.

Otro de los imputados, Luis Mejía Lecca, fue declarado incapacitado para asistir a las audiencias debido a las secuelas de un accidente cerebrovascular sufrido en marzo de 2024. Los peritos del Instituto de Medicina Legal confirmaron que Mejía Lecca requiere asistencia médica constante y tiene serias dificultades para comunicarse.

Edward García Navarro, ex abogado de Keiko Fujimori, decidió presentar personalmente sus alegatos de defensa, mientras que las defensas de otros imputados, como Mark Vito y Antonietta Gutiérrez Rosati, también expusieron sus argumentos legales. La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, cuestionó la falta de pruebas concretas en las acusaciones y defendió la inocencia de su clienta.

El miércoles 24 de julio, la sala judicial decidirá sobre la participación de Luis Mejía Lecca y Efraín Goldenberg en las audiencias, considerando sus delicadas condiciones de salud. Además, se espera que el Tribunal Constitucional responda al recurso de agravio presentado por Keiko Fujimori, quien busca anular el juicio oral y archivar el proceso penal en su contra.

Finalmente, la Fiscalía ha solicitado una pena de 30 años y 10 meses de prisión para los principales implicados en el caso, incluyendo a Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Adriana Tarazona.

Ica. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha confirmado la viabilidad de los proyectos ferroviarios Lima-Ica y San Juan de Marcona – Andahuaylas, dando un paso significativo hacia la mejora de la infraestructura ferroviaria del país. Esta decisión se tomó tras la aprobación de los estudios de perfil para ambos proyectos, lo que permitirá avanzar a la fase de elaboración del Expediente Técnico y su posterior ejecución.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes Espejo, destacó que estos proyectos forman parte de un plan más amplio del sector para cerrar las brechas en infraestructura ferroviaria y mejorar la conectividad nacional. Estos ferrocarriles no solo reducirán los costos logísticos y los tiempos de viaje, sino que también mejorarán el transporte de carga y pasajeros.

Ambos proyectos han sido registrados en el Banco de Inversiones, lo que abre la posibilidad de ser ejecutados bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno. Esta opción podría facilitar el financiamiento y la construcción eficiente de los ferrocarriles.

Los ferrocarriles para Ica

El Ferrocarril San Juan de Marcona-Andahuaylas conectará el litoral costero con las zonas productivas de la sierra sur del país. Con una longitud de 560 km y paraderos estratégicos en las ciudades de Ica, Arequipa, Ayacucho y Apurímac, este moderno ferrocarril beneficiará a más de 4 millones de personas de manera directa. La inversión en este ferrocarril, de uso mixto (carga y pasajeros), es de US$ 8.16 mil millones de dólares.

En cuanto al ferrocarril Lima-Ica, este se extenderá desde Villa el Salvador hasta Ica a lo largo de 280 km y tendrá 15 estaciones, ubicadas en las ciudades de Villa el Salvador, Lurín, Chilca, Punta Negra, Asia, Mala, Cerro Azul, Cañete, Chincha Alta, Chincha Baja, Guadalupe, Pisco, Aeropuerto de Pisco, Paracas e Ica.

Este ferrocarril facilitará el transporte masivo de carga y de pasajeros en forma rápida y segura, contribuyendo a la disminución de la congestión vehicular y la emisión de gases contaminantes de efecto invernadero (GEI). Con este proyecto se beneficiarán directamente más de 5.8 millones de personas e indirectamente 6.5 millones, permitiéndoles una reducción significativa en sus tiempos de viaje y un impulso al intercambio comercial entre las ciudades de Lima e Ica, promoviendo también la producción agrícola de Ica para que llegue a los mercados de la capital. La inversión aproximada de este proyecto asciende en US$ 6.5 mil millones.

José Luís Elías a la vista. Keiko Fujimori y sus aliados tienen la intención de establecer una nueva Mesa Directiva del Congreso que se ajuste a sus intereses. El partido Fuerza Popular ha decidido no apoyar a Eduardo Salhuana, portavoz de Alianza para el Progreso (APP), quien inicialmente fue considerado para presidir el Congreso.

Según declaraciones de Keiko Fujimori, Salhuana no cuenta con el consenso necesario de los grupos políticos. En este contexto, José Luís Elías Ávalos, congresista de Ica y exmiembro de Fuerza Popular, ha emergido como el principal candidato para la presidencia del Congreso.

Elías Ávalos ha tenido una carrera política marcada por cambios de partido. Fue congresista de Fuerza Popular entre 2011 y 2016, después se unió a Podemos Perú en 2020. Recientemente se afilió a APP en mayo de este año. Propietario de la Universidad Privada San Juan Bautista, Elías ha sido conocido por su cercanía a la familia Fujimori y su defensa de intereses particulares, compartiendo una trayectoria similar con su hermano Miguel Ángel Elías.

Recientemente, Elías Ávalos fue propuesto como reemplazo de Lady Camones en la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), un rol clave para manejar acusaciones contra altos funcionarios del gobierno de Dina Boluarte. Este cambio se alinea con la estrategia de APP de reevaluar sus opciones tras la declaración de Fujimori que debilitó la posición de Salhuana.

Incertidumbre en el congreso por José Luís Elías y Keiko Fujimori

Las negociaciones para definir la Mesa Directiva del Congreso 2024-2025 es ahora una incertidumbre. Este viernes 26 de julio se llevará a cabo la elección, y la lista ganadora necesitará una mayoría simple de 66 votos. El Bloque Democrático, compuesto por Fuerza Popular, APP, Avanza País, Somos Perú y Perú Libre, cuenta con 58 legisladores. Las alianzas con Acción Popular, Bloque Magisterial y legisladores no agrupados serán cruciales para alcanzar la mayoría necesaria.

A la espera de la decisión final, José Luís Elías Ávalos se perfila como el candidato favorito de este bloque. La postura del Congreso frente al gobierno de Dina Boluarte y las próximas elecciones generales será un factor determinante en esta elección. La influencia de Fujimori y su partido, aunque reducido en número, sigue siendo significativa debido a sus alianzas estratégicas y la cohesión de sus votos.

El abogado del expresidente Pedro Castillo, Walter Ayala, ha aclarado que Castillo no tiene intenciones de postular a la presidencia en las elecciones de 2026. Esta declaración corrige lo dicho previamente por William Paco Castillo, otro defensor legal del exmandatario, quien había sugerido que Castillo Terrones podría aspirar nuevamente a la presidencia por el partido ‘Todos con el Pueblo’. Sin embargo, Ayala confirmó que Castillo no podría ser candidato presidencial debido a la prohibición de reelección inmediata estipulada en la Constitución.

Walter Ayala enfatizó que Pedro Castillo, quien fue elegido presidente para el período 2021-2026, está constitucionalmente impedido de buscar una reelección inmediata. «No puede postular porque fue elegido como presidente constitucional desde 2021 hasta 2026. No hay reelección en la Constitución ni en las leyes», señaló Ayala en una entrevista con Exitosa. Este punto fue corroborado por el experto electoral José Naupari, quien explicó que el artículo 112 de la Constitución prohíbe la reelección inmediata de un presidente.

A pesar de estos impedimentos, Ayala dejó abierta la posibilidad de que Castillo pueda buscar un puesto en el Congreso. «No digo que lo vaya a hacer, pero no se descarta una candidatura al Senado, como diputado o en una plancha presidencial», afirmó Ayala, subrayando que Castillo no está inhabilitado para estos cargos.

«Volveré y seremos millones»

Pedro Castillo se afilió recientemente al partido ‘Todos con el Pueblo’, aunque este no cuenta con una inscripción vigente ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La solicitud de inscripción del partido fue presentada el 12 de julio de 2024, y su lema de campaña, difundido en redes sociales, fue «Volveré y seremos millones». Actualmente, Castillo se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, desde donde ha seguido involucrado en actividades políticas.

Castillo no tiene una condena vigente por delitos dolosos, lo cual le permitiría postular a cargos en el Legislativo. La candidatura al Congreso aún está sujeta a la aprobación del JNE. Si se inscribiera como candidato presidencial, su postulación sería rechazada en primera instancia por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro y, eventualmente, en una segunda instancia por el JNE.

En una casa de la calle Azahares, en la urbanización San Isidro de Ica, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a David Moroni Balbuena Soldevilla, de 36 años, acusado de captar menores mediante redes sociales. La detención se produjo como resultado de una investigación iniciada en junio de 2023, cuando Facebook e Instagram reportaron incidentes de pornografía infantil durante labores de ciber patrullaje preventivo.

El capitán PNP Yury Acero Chávez, del Departamento de Ciber Protección Infantil de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat), detalló que Balbuena Soldevilla utilizaba cuentas en Facebook e Instagram para contactar a menores entre 10 y 13 años, solicitándoles fotografías y videos de carácter sexual.

El operativo en la ciudad de Ica

Las actividades peligrosas al que estaba dedicado el sujeto, llevaron a la solicitud de su detención preliminar, allanamiento con descerraje, y registro domiciliario y personal, autorizados por el Juzgado de Investigación Preparatoria de San Juan de Lurigancho.

El operativo comenzó a las 05:30 horas en Ica y se ejecutó simultáneamente en Lima, donde se logró rescatar a una de las menores agraviadas que había sido contactada por el sospechoso. La captura de Balbuena Soldevilla en su domicilio en Ica se realizó con ingreso forzoso, ya que el sospechoso intentó ocultarse en la azotea mientras borraba evidencia incriminatoria de su celular.

Durante la detención, se incautaron dos celulares, un USB y una laptop que contenían información relevante al caso. Estos dispositivos están siendo analizados por peritos de la Policía. La detención preliminar de Balbuena Soldevilla es por siete días, periodo tras el cual será trasladado a Lima para continuar con las diligencias.

Así operaba el pedófilo internacional desde Ica, según investigación de Perú y Estados Unidos

Las autoridades estadounidenses han acusado a Balbuena de pedofilia, considerándolo un peligro para los niños. Las investigaciones preliminares revelaron que había contactado a 14 menores, tanto nacionales como extranjeras, cuyas edades oscilan entre los 10 y 13 años.

Aparentemente a Balbuena se le conocía en Ica como un joven profesional y se había recibido como «contador público» a nombre de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, incluso había trabajado como gerente y contador en varias empresas locales. Al parecer paralelamente tenía una doble vida que para la inteligencia norteamericana y peruana, se trataba de un sujeto peligroso.

La investigación contó con el apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad de los Estados Unidos (HSI). Se descubrió que Balbuena Soldevilla utilizaba dos cuentas de redes sociales; en una se hacía pasar por menor de edad y en otra como mujer, utilizando los nombres «Dulce IB» y «Allician Lyn» para atraer a sus víctimas. Entraba en confianza y a través de la persuasión, lograba obtener material íntimo de las niñas.

Facebook e Instagram, habría entregado la policía norteamericana las cientas de conversaciones que mantenía David Balbuena con sus víctimas. Además de la dirección IP de ubicación y otras desde donde operaba. Lo más grave es que hay posibilidad de que el material obtenido se haya comercializado a una red internacional de pornografía internacional.

El primer ministro Gustavo Adrianzén negó que la presidenta Dina Boluarte presente un desbalance patrimonial en sus declaraciones juradas, desestimando así los informes de la Contraloría General de la República. Durante una visita al Congreso, Adrianzén afirmó que un análisis detallado demostraría que las cuentas en cuestión contienen montos ínfimos, algunos de los cuales no superan los dos soles.

«Tal desbalance patrimonial no existe, un análisis mucho más detallado permitiría comprobar que las cuentas que la Contraloría General de la República refiere, por los menos dos de ellas tienen montos ínfimos, que no llegan ni siquiera a los S/2».

Gustavo Adrianzén, primer ministro del gobierno de Dina Boluarte

Adrianzén también criticó la exposición de las carpetas de la Contraloría, argumentando que esta información debería ser confidencial y que su divulgación atenta contra el derecho al secreto bancario de Boluarte como ciudadana. Aseguró que la presidenta ha cumplido con todas sus obligaciones de declaración ante el Ministerio Público y ha presentado un peritaje que descarta cualquier desbalance patrimonial.

Contraloría empezó a revisar el caso Rolex de Dina Boluarte y luego el gobierno le redujo el presupuesto

La investigación de la Contraloría comenzó en el marco del denominado «Caso Rolex», que implicaba la posesión de relojes de lujo no declarados en las declaraciones juradas de Boluarte. La Contraloría identificó que la presidenta no incluyó varias cuentas bancarias en sus reportes, lo que llevó a sospechar un desbalance entre sus ingresos y egresos.

El contralor Nelson Shack confirmó que el 1 de julio se comunicaron los hallazgos a Boluarte, y diez días después, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que, según Shack, limitaría la capacidad operativa de la Contraloría. Este proyecto reduce la financiación del control concurrente de obras públicas del 2% al 0.5%, lo cual Shack considera un retroceso en los esfuerzos anticorrupción.

Por su parte, Adrianzén defendió la medida, argumentando que el ajuste es necesario debido a los saldos no ejecutados en anteriores presupuestos, y que no afectará las funciones de la Contraloría. Además, subrayó que la presidenta ha mostrado disposición a colaborar con todas las investigaciones en curso.