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Economía

Ahora Electro Dunas pertenece al mismo grupo colombiano de Contugas

El GEB también culminó la adquisición de Dunas Energía, propietario a su vez de Electro Dunas, a través de una oferta pública de adquisición en la Bolsa de Valores de Lima.

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El colombiano Grupo Energía de Bogotá (GEB) informó que concretó con el fondo Blue Water Worldwide LLC la compra de las compañías PPC Perú Holdings S.R.L y Cantalloc Perú Holdings S.R.L., por un monto no revelado inmediatamente.

Además, el GEB culminó la adquisición de Dunas Energía S.A.A.(DESAA), propietario a su vez de Electro Dunas S.A.A., a través de una oferta pública de adquisición en la Bolsa de Valores de Lima precisó el conglomerado colombiano en un comunicado.

Electro Dunas se encarga con sus filiales de distribuir y comercializar energía eléctrica en Ica, y parcialmente en Huancavelica y Ayacucho, atendiendo alrededor de 240,000 clientes.

El negocio fue asesorado por Credit Suisse y Credicorp Capital.

El GEB -controlado por la ciudad de Bogotá- desarrolla negocios de energía eléctrica y gas natural en Brasil, Colombia, Guatemala y Perú.

«Adquirimos el 100% de Electrodunas, una empresa de distribución y comercialización de energía eléctrica en 11 provincias del Perú. Continuamos fortaleciendo nuestra plataforma empresarial energética en este país, donde somos líderes en transmisión de energía eléctrica y distribución de gas natural» informó Energía Bogotá a través de Facebook.

Economía

Gloria en lista roja de la FDA porque sus productos lácteos no serían leche

En Puerto Rico, la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) acató la alerta de la FDA y prohibió la importación de productos de Gloria. Esto se aplicará también en EE.UU.

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Gloria S.A. fue incluida una lista roja de importación por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), pues sus productos lácteos no serían leche.

La Alerta de Importación, emitida por la FDA, sirve para prevenir la distribución en territorio norteamericano de productos que potencialmente violen su regulación. 

En este caso, la compañía peruana fue incluida el pasado 9 de julio, pues el etiquetado de sus productos no obedecería al contenido de los mismos.

Según el organismo, estos artículos no corresponden a la definición de «leche evaporada» como «el alimento líquido obtenido por la remoción parcial de agua de la leche».

La lista incluye leche concentrada, evaporada, condensada, entera, ‘light’ (baja en grasas), entre otros.

En Puerto Rico, la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) acató la alerta de la FDA y comenzó el pasado 25 de julio a retirar los artículos de Gloria de sus estantes.

Además, prohibió a la empresa Suiza Dairy Corporation la importación de productos de Gloria en el país caribe.

Según el medio local El Nuevo Día, el veto de Puerto Rico alcanza a las marcas Suiza, Bonlé, White Farm, SuperMax, Mi Gente, Red Cow, Hatillo K&K, y Econo.

Productos que fueron incluidos en la lista roja

Como se sabe, seis tipos de leche evaporada de la firma no cumplen con la definición propiamente de «Leche Evaporada» que maneja la FDA.

Estos son: leche condensada, leche normal, leche baja en grasa, leche de oveja, leche rellena y leche de imitación. Todos estos productos bajo la marca de «Suiza», que comercializa la subsidiaria de Gloria, Suiza Dairy, en Puerto Rico.

Según la FDA, la leche evaporada es el alimento líquido obtenido por la remoción parcial de agua de la leche. Al respecto, la entidad considera que los productos de Gloria no cumplen con este concepto y que pese a ello, la empresa en el etiquetado de sus artículos ofrecía «leche evaporada».

Alerta de importación

La FDA menciona que si una empresa o producto figura en la lista roja de su alerta de importación y además está sujeta a la Detención Sin Examinación Física (DWPE, por sus siglas en inglés) por la misma infracción en otra alerta relacionada con el etiquetado erróneo, podría solicitar a la división de operaciones de importación para que se elimine a la empresa o al producto de la lista roja para ambas alertas de importación en función de la misma información. 

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Minedu transfiere S/1,733 millones a regiones y universidades públicas

S/916.5 millones fueron destinados para el incremento de remuneraciones y beneficios sociales mientras que S/207.9 millones fueron asignados para la ejecución de proyectos y el Plan de Reconstrucción con Cambios.

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Durante el presente año, el Ministerio de Educación (Minedu) ha transferido más de S/ 1733 millones a los gobiernos regionales, provinciales y distritales y a las universidades públicas, entre otras instancias, para la atención, la mejora y el fortalecimiento de los servicios educativos en todos los niveles.

Del total de recursos, S/ 1242 millones fueron para los gobiernos regionales; S/ 142.7 millones para las universidades públicas, incluyendo S/ 9.8 millones para la implementación de la Universidad Nacional de Música; y S/ 136.9 millones se utilizaron para la aplicación de la Prueba Única Nacional y la Evaluación Censal y Muestral 2019.

Asimismo, S/ 916.5 millones se destinaron para el incremento de remuneraciones y beneficios sociales (activos y pensionistas), mientras que S/ 207.9 millones se asignaron para la ejecución de proyectos y la atención del Plan de Reconstrucción con Cambios.

Igualmente, se transfirieron S/ 118.5 millones para financiar los Compromisos de Desempeño 2019 de regiones y Lima Metropolitana por cumplimiento de metas educativas y acciones pedagógicas de los gobiernos regionales.

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Economía

Pobreza en el Perú aumentó y lucha contra la desigualdad se estancó en los dos últimos años

La lucha contra la desigualdad en el Perú se ha estancado en los dos últimos años, y en muchos rubros críticos, ha retrocedido.

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Esta es una de las conclusiones del reciente estudio de Oxfam «Brechas latentes: índice de avance contra la desigualdad en el Perú 2017-2018», el cual busca contribuir al diálogo entre los actores políticos y la sociedad civil para avanzar en la reducción y la eliminación de las brechas y barreras que impone la desigualdad.

Según el estudio, el rebrote de la informalidad, la precariedad laboral, el retroceso en indicadores de bienestar de la población, y el aumento de la pobreza monetaria luego de más de década y media, son solo algunos de los puntos abordados en el estudio, el cual analiza el nivel de avance contra la desigualdad desde el punto de vista de la justicia tributaria, la inversión en las personas, el empleo digno, los derechos económicos de las mujeres y la gobernanza ambiental y de los recursos naturales.

De acuerdo a OXFAM, el Índice de avance contra la desigualdad en el Perú 2017-2018 utiliza la data oficial disponible como base para su análisis y responde al reconocimiento de que la desigualdad es un grave problema que afecta el bienestar y la estabilidad de la sociedad y que amenaza los derechos esenciales de las personas.

Justicia tributaria: severo retroceso que acrecienta brechas

La ONG sostiene que, de acuerdo a la investigación, quienes más ganan no son quienes más tributan. Por el contrario, son dichos sectores los que se ven privilegiados por todo tipo de exoneraciones tributarias, mientras los ciudadanos se ven recargados de impuestos.

«En el 2016, los impuestos directos, como el impuesto a la renta, representaban el 38,1% del total recaudado mientras que en 2018 esa cifra se redujo a 37,6%. Es decir, el grueso de la recaudación proviene de impuestos indirectos como el impuesto general a las ventas y el impuesto selectivo al consumo (IGV e ISC), los cuales impactan a usuarios y consumidores», informaron.

Luego añaden que en los países de la OCDE, el Impuesto a la Renta promedio representa el 11,6% del PBI, mientras que en Perú representa menos de la mitad (5,2% del PBI en el 2017),»evidenciando lo regresivo que es nuestro sistema tributario. Y es que los países de la OCDEcuentan con sistemas tributarios dinámicos y sólidos que aseguran que los que más ganan sean quienes más paguen».

Inversión en las personas: aumento de la pobreza e inversión social insuficiente

Aproximadamente 400 mil peruanos y peruanas cayeron en situación de pobreza en 2017, marcando así el rebrote de la pobreza monetaria en nuestro país, luego de más de una década y media de descenso sostenido. Así, la pobreza creció de 20,7% en 2016 a 21,7% en 2017, evidenciando el fracaso de las políticas sociales durante el periodo de estudio.

El gasto en programas sociales disminuyó. En el 2016 se destinaba un 2,8% del PBI a la protección y previsión social, mientras que en 2018 se redujo a 2,7%. En lo referente a educación, actualmente se invierte un equivalente al 4,3% del PBI, lo cual nos ubica aún lejos de la meta mínima del 6% del PBI establecida en el Acuerdo Nacional. Por otra parte, la anemia infantil aumentó de 43,6% en el 2016 a 46,6% en el primer trimestre del 2018, afectando a casi la mitad de los niños menores de tres años.

Armando Mendoza, investigador de Oxfam en Perú y autor del estudio, indica que «en su evaluación inicial de la candidatura del Perú, la OCDE señaló claramente que la persistencia de desigualdades económicas, sociales, de género, entre otras, era un problema central para la sostenibilidad de nuestro desarrollo y que la reducción de estas desigualdades tenía que ser una prioridad en nuestras políticas de estado (…)Nuestro país sigue estando muy lejos de los estándares de los países desarrollados en protección y previsión social. Nuestros niveles de gasto en salud y en educación como porcentaje del PBI están por debajo no solo del promedio de los países de la OCDE, sino que incluso están por debajo del promedio latinoamericano».

Empleo digno: informalidad y precariedad son el pan de cada día

Durante el 2017 y 2018 la informalidad creció de la mano de la desaceleración de la economía y las inadecuadas políticas laborales. En 2016 el 28% de la PEA contaba con empleo formal, mientras que en 2018 se redujo a 27% de la PEA.

Asimismo, aunque el salario mínimo vital ha tenido un incremento moderado en el período de estudio, lo cierto es que en la actualidad escasamente cubre el 50% del valor de la canasta básica familiar. Esto tiene que ver con el hecho de que su valor real equivale a menos de la mitad de lo que equivalía el salario mínimo hace cuatro décadas.

Pero la desigualdad en el campo laboral no solo se refleja en remuneraciones insuficientes. Así, según cifras de la ONG PLADES, en el Perú apenas uno de cada cuatro trabajadores es formal y solo uno de cada dos tiene un empleo adecuado. En lo referente a la jornada de trabajo, uno de tres trabajadores labora más de 48 horas semanales y uno de cada cinco lo hace más de 60 horas semanales. Asimismo, se estima que más de 3 millones de personas laboran sin contrato formal de trabajo.

Derechos económicos de las mujeres: muy poco que celebrar

El ingreso laboral promedio de una mujer es un tercio menos que el de un hombre. En el 2016 el sueldo de una mujer equivalía al 68,3% de la remuneración masculina. Esta cifra disminuyó a 66% en 2018, ampliándose así la brecha remunerativa entre hombres y mujeres.

Asimismo, a diferencia de un hombre, una mujer tiene menor acceso a una pensión, es más probable que sufra de subempleo, es más vulnerable a la informalidad y tiene menos chances de tener ingresos propios.

Por otra parte, ellas asumen en su mayoría las labores domésticas y del cuidado familiar, lo que constituye una carga de trabajo adicional que normalmente no es reconocida. Se estima que del 24% de las mujeres que trabajan, casi una de cada cuatro laboran en el hogar o para su familia sin recibir remuneración. En el caso de los hombres, menos del 6%, es decir apenas uno de cada dieciocho.

En lo referente a la brecha salarial entre hombres y mujeres, mientras que en el año 2016 laremuneración de una mujer alcanzaba en promedio el 86% de la remuneración de un hombre enlos países de la OCDE, en el caso del Perú, en ese mismo año, la brecha salarial era casi el doble, unamujer percibía apenas el 68% de la remuneración de un hombre, y en los años subsiguientesempeoró.

Para Alejandra Alayza, Gerente de Políticas y Campañas de Oxfam en Perú, «aunque los derechos de las mujeres han ido ganando espacios en el enunciado formal de las políticas públicas, aún están lejos de tener una presencia plena y efectiva en el diseño y aplicación de dichas políticas. Por ejemplo, en el presupuesto público aún no se han incluido los derechos de las mujeres como un clasificador presupuestal que permita una lectura transversal de la inversión y el impacto del Estado en ese campo.»

Gobernanza sociambiental y de los recursos naturales: institucionalidad ambiental debilitada

El balance para el periodo 2017-2018 en lo referente a las políticas ambientales y de los recursos naturales es desalentador y marca un significativo retroceso. Se impulsó al interior del Estado una drástica flexibilización y debilitamiento de la institucionalidad ambiental, recortándose las capacidades reguladoras y sancionadoras de los entes rectores.Esto se manifestó en una serie de marchas y contramarchas en temas críticos, como la formalización minera, el manejo de las cuotas de pesca industrial, o la declaración de zonas protegidas.

Una expresión del retroceso en las políticas públicas es la persistencia de los conflictos socioambientales que enfrentan a empresas, Estado ypoblación alrededor de los proyectos de las industrias extractivas.Un número considerable de los conflictos socioambientales sigue sin ser atendido debidamente para su solución. Así, el porcentaje de conflictos socioambientales en situación de diálogo manejado por el Estado disminuyó de 51% en 2016 a 46% en 2018.

Por otra parte, la insuficiencia de políticas de regulación ambiental se refleja en el crecimiento continuo de las emisiones de gases contaminantes como el dióxido de carbono, que en 2016 era de 206 millones de toneladas de C02eqy en 2018 de 219 millones de toneladas de CO2 eq. Se trata de un camino contrario al que deberíamos seguir si se tiene en cuenta nuestra adherencia al Acuerdo de París sobre cambio climático y lo planteado en nuestras Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés).

¿Cómo salir del estancamiento en el que nos encontramos para enfrentar la desigualdad?

«Lo recomendable es no dispersarse en una larga lista imposible de cumplir, sino más bien identificar dos o tres temas críticos de la desigualdad en donde concentrar los esfuerzos y recursos de las políticas públicas, sea la mejora de la educación básica, la generación de empleo juvenil o la ampliación de la cobertura de salud. Estos temas críticos deben tener la capacidad de impactar positivamente en otros ámbitos, convirtiéndose en catalizadores para un avance en el campo social, que aunque sea moderado, sea sostenido», indica el economista y autor del estudio Armando Mendoza.

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