Las autoridades en Filipinas no dudaron en aplicar severos castigos a las personas que no acaten la cuarentena para evitar que el coronavirus se siga expandiendo en el país.‌

Encierros en jaulas para perros o mantenerlos parados en pleno sol, son algunas de las sanciones que se aplican a los infractores del aislamiento social. El hecho ha ocasionado que representantes de Human Rights Watch (HRW) intervengan para denunciar las violaciones a los derechos humanos.

HRW afirmó que las medidas establecidas por el presidente Rodrigo Duterte son anticonstitucionales. “La Policía y los funcionarios locales deben respetar los derechos de las personas arrestadas por violar el toque de queda y otras regulaciones de salud pública”, dijo el subdirector de HRW para AsiaPhil Robertson, según citado por medios internacionales.

El presidente Rodrigo Duterte impuso el cierre y cuarentena estricta en la isla por el coronavirus.

Robertson dejó en claro que cualquier tipo de maltrato debe ser investigado inmediatamente y los responsables deben ser sancionados o procesados criminalmente, de ser necesario.‌

Duterte impuso el cierre y cuarentena estricta en la isla de Luzón, la más del país, donde se encuentra Manila, el pasado 16 de marzo. Desde entonces, la Policía ha arrestado a cientos de personas.

Las autoridades locales de la ciudad de Santa Cruz, provincia de Laguna, admitieron haber encerrado toda una noche a cinco jóvenes en una jaula el 20 de marzo, acorralados por perros callejeros, por “haber violado el toque de queda y agredirles verbalmente”.

Filipinas ha confirmado 636 casos positivos y 38 muertes por COVID-19.

HRW advirtió de que la detención indiscriminada durante la cuarentena abarrotará aún más los centros de detención del país —los más poblados del mundo—, propiciando la rápida expansión del COVID-19.

Filipinas se encuentra en estado de emergencia, lo que implica que las personas que violen la cuarentena y el confinamiento pueden ser detenidas “incluso si no resisten la acción policial”, lo que puede llevar a abusos de derechos humanos, según han alertado varias organizaciones.‌

Las autoridades sanitarias han confirmado 636 casos positivos y 38 muertes por COVID-19, aunque solo un número ínfimo de la población ha sido sometida a la prueba de diagnóstico, por lo que se sospecha que haya muchos más casos sin detectar, según informó el medio El Popular.

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