La Municipalidad de Marcona ha iniciado un proceso para construir una losa deportiva en un terreno que, según registros, está destinado a la creación de un centro de salud. El predio, actualmente bajo administración de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), está involucrado en un proceso judicial que disputa su uso. A pesar de esta situación, las autoridades municipales convocaron a una licitación para la elaboración del expediente técnico de la obra.
Ante esta situación, los Frentes de Defensa de los Intereses del distrito de Marcona Marcona han iniciado un proceso de denuncia. La denuncia será contra el alcalde Joel Rosales Pacheco y los que resulten responsables del presunto delito de malversación de fondos.
Terreno no le pertenece a la Municipalidad de Marcona, está en litigio
El terreno en cuestión está registrado a nombre del Estado y su transferencia se suspendió debido al litigio en curso. Este juicio discute si el área debe ser destinada a fines recreativos o continuar bajo control del Estado para ser utilizada en proyectos de salud. La Dirección Regional de Salud (DIRESA) del Gobierno Regional de Ica había solicitado previamente la transferencia del terreno para reubicar el colapsado Centro de Salud “José Paseta Bar”.
A pesar de la falta de legalidad del terreno, la municipalidad de Marcona llevó a cabo la convocatoria pública N° 012-2024-CS-MDM, con la intención de contratar a una empresa para elaborar un expediente técnico para la construcción de la losa deportiva. Sin embargo, la Contraloría General de la República, observó el procedimiento advirtiendo el riesgo de destinar recursos públicos a una obra sin contar con la disponibilidad física y legal del terreno.
Contraloría advierte sobre la malversación de fondos
El informe de la Contraloría, emitido el 16 de agosto de 2024, enfatiza que cualquier inversión en el terreno podría resultar en un uso inadecuado de los recursos del Estado. Además, la elaboración del expediente técnico de la obra fue valorada en S/ 1,442,000, pero el concurso público fue declarado desierto.
El predio abarca 8,068 metros cuadrados. Está inscrito a favor del Estado y su uso es objeto de un litigio que podría determinar su destino final. La actual situación jurídica impide que se continúen los trabajos de infraestructura, ya que se encuentra bajo la jurisdicción de la SBN y su estatus legal sigue sin resolverse. La Contraloría ha advertido que cualquier avance en el proyecto debe esperar hasta que se defina la titularidad del terreno.
