En la calle Miguel Grau a unos metros de la plaza de armas del distrito de San Andrés (Pisco), la policía detuvo al exalcalde de la jurisdicción, Jesús Ramos Medina (39). El hecho sucedió al promediar las 4:20 de la tarde, del domingo 14 de mayo. La exautoridad edil vestía un polo celeste y pantalón jean. Los efectivos policiales al realizar el trabajo de identificación del ciudadano tuvieron un impedimento.
El exalcalde del distrito de San Andrés (Pisco), Ramos Medina, no quiso mostrar su documento de identidad a los policías. La resistencia por parte de la exautoridad causó incomodidad en los efectivos policiales. Además, los agentes del orden verificaron a través del sistema de información policial. Con el fin de comprobar si el detenido tenía alguna requisitoria vigente.
El sistema de información policial dio como resultado positivo para requisitoria 61308, que tenía fecha de registro del 02 de mayo de 2023. El exalcalde Jesús Ramos tenía orden de captura vigente por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad. El juzgado penal unipersonal del Poder Judicial de la provincia de Pisco dictó hace dos semanas la orden de captura. Luego de la captura de la exautoridad del distrito de San Andrés (período 2015 – 2018). El acusado fue llevado a la comisaría de la jurisdicción. Hoy, el juez de la sala penal unipersonal, tendrá que tomar una decisión con respecto a la acusación que tiene en su contra el exalcalde Ramos Medina.
Hubo irregularidades en pagos y servicios durante la gestión del exalcalde Jesús Ramos en el distrito de San Andrés
Durante los años 2016 y 2017, en la gestión municipal en San Andrés (Pisco). La Contraloría General de la República llevó a cabo una auditoría al municipio en el período del exalcalde Jesús Ramos Medina. La contraloría detectó irregularidades en la emisión de cheques y los gastos en la adquisición de bienes y servicios. Lo cual originó un perjuicio económico de S/. 1´480.132,65.
En el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 9443-2020-CG/GRIC-AC, se determina la presunta responsabilidad penal y administrativa de 16 funcionarios. La contraloría logró comprobar el desembolso de fondos públicos por S/ 446 519.70. Lo que afectó la transparencia, legalidad, eficiencia del uso y destino de dichos fondos.
