EXCLUSIVO | Geoglifos de Nasca en riesgo: revelan que jefe de Cultura ayudó a liberar terrenos a mineros

Documentos y chats revelan que el arqueólogo Johny Isla Cuadrado, jefe del Sistema de Gestión Nasca-Palpa del Ministerio de Cultura, brindó asistencia directa a la Asociación de Molineros Mineros de la provincia de Nasca para liberar un terreno ubicado en la zona protegida de los geoglifos. La evidencia muestra que Isla no solo recibió solicitudes oficiales, sino que también intercambió mensajes de WhatsApp con los dirigentes, donde les daba indicaciones precisas para concretar el trámite.

Según documentos y conversaciones a los que LA LUPA tuvo acceso, la evidencia muestra que Isla no solo recibió solicitudes oficiales, sino que también enviaba archivos, coordenadas e instrucciones a los dirigentes sobre cómo proceder en cada trámite.

La asociación, presidida por Antonio Vidal Ramírez Montes, había solicitado al Ministerio de Cultura apoyo técnico para obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) sobre un predio de más 126 hectáreas en la denominada falda azul del Cerro Portachuelo, en Vista Alegre. El fin declarado era habilitar el terreno para el llamado Parque Molinero Artesanal de Nasca.

Atención personalizada

Sin embargo, en los propios anexos remitidos a las autoridades locales, la organización incluyó copias de chats con el jefe de Cultura, donde queda claro que el funcionario coordinaba en paralelo con los solicitantes para facilitarles la habilitación del terreno. En esos mensajes, Isla remitía archivos en formato .kmz —herramientas digitales usadas en Google Earth para delimitar áreas geográficas con coordenadas exactas—, lo que demuestra que no se trataba de simples opiniones, sino de asistencia técnica directa y personal para modificar un territorio protegido.

En junio de 2022, Isla le envió a Vidal un archivo denominado Taruga Parque Minero.kmz, con la poligonal lista para ser presentada en una búsqueda catastral. “Señor Antonio, ahí le pasé el kmz con la poligonal que hablamos, para que lo presenten con su búsqueda”, escribió Isla, a lo que el dirigente respondió agradecido. Días después, incluso fuera de horario laboral, volvió a remitir otro archivo con la “nueva propuesta”, a lo que Vidal contestó: “Muchas gracias, ya mañana lo veré. Saludos y un abrazo”.

Las coordinaciones se intensificaron en julio de ese año. El propio Isla preguntaba: “¿Están preparando los paneles para Taruga?”, y el dirigente contestaba: “Justo estamos esperando que usted nos autorice, licenciado, y de inmediato lo hacemos. Diga usted no más”. Semanas después, en septiembre, el dirigente volvió a insistir: “Ingeniero, quedó usted de enviarme un documento…”. En respuesta, Isla le remitió un archivo llamado PARTIDA REGISTRAL…pdf, reforzando la sospecha de que entregaba documentos oficiales a los mineros.

Los chats también muestran que Isla estaba al tanto de las actividades en el terreno, pues Vidal le comunicó que ya se estaba “sembrando y pasando tractor en la zona”. Lejos de frenar esas acciones, el funcionario replicó con aparente normalidad: “¿Cómo van sus paneles?”. La respuesta de los dirigentes fue clara: “Los paneles están listos, pero acordamos que solo necesitamos su autorización previa para colocarlos en la zona”.

El terreno en disputa se encuentra dentro de la poligonal arqueológica de Nasca y Palpa, declarada intangible desde 1994 y protegida por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. A pesar de ello, en diciembre de 2024 se liberó una parte de la Parcela 4, justo donde operan plantas mineras, gracias a informes técnicos emitidos desde la propia oficina de Isla. Esto constituye un posible conflicto de interés y contradice su rol como custodio del patrimonio cultural.

Cabe señalar que Johny Isla Cuadrado ya es investigado por el Ministerio Público en otro proceso. En mayo de 2025, la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Nasca abrió investigación preliminar contra él, junto a la arqueóloga Jeanette Águeda Gutiérrez y el alcalde William Bravo. Se les atribuyen los delitos de atentado contra monumentos arqueológicos, omisión de deberes funcionales y abuso de autoridad, por la polémica reducción de más de 2,300 kilómetros cuadrados de la poligonal de Nasca.

La evidencia obtenida por LA LUPA muestra cómo Isla combinaba intereses mineros con debilidad institucional. Los documentos y chats confirman que, lejos de salvaguardar el patrimonio, el propio jefe de Cultura en Nasca facilitaba gestiones, compartía archivos y asesoraba a quienes buscaban avanzar sobre un área intangible.