Gobierno recurre al Estado de Emergencia contra el crimen en Lima, Callao y otros distritos a nivel nacional

El Ejecutivo anunció la declaratoria de Estado de Emergencia en Lima Metropolitana, el Callao y varias regiones del país, como parte de un nuevo paquete de medidas frente al avance de la criminalidad. La decisión fue comunicada por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, tras la sesión del gabinete realizada la noche del jueves 16 de octubre.

Álvarez informó que la medida tendrá una duración inicial de 30 días y abarcará los 43 distritos de Lima Metropolitana, además del Callao, sin descartar la aplicación de toques de queda o restricciones al uso de motocicletas en zonas específicas. “Vamos a declarar en emergencia a Lima, pero con acciones concretas. No puede ser una medida vacía. Debe venir acompañada de resultados reales”, dijo el premier.

Durante la conferencia, Álvarez precisó que la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, y que los ministros permanecerán en sesión permanente hasta la publicación del decreto en El Peruano.

Sin embargo, fuentes del Ejecutivo revelaron a La Lupa que el verdadero objetivo del Gobierno de José Jerí Oré sería que el presidente anuncie públicamente la salida de las Fuerzas Armadas a las calles, una medida con la que buscarían suspender derechos ciudadanos y permitir el ingreso a viviendas sin orden judicial, bajo el argumento de “barrer con la delincuencia”.

Además de Lima y Callao, el estado de emergencia incluirá zonas críticas del interior del país, entre ellas Ambo (Huánuco); Pastaza, Putumayo, Rosa Panduro, Teniente Clavero y Yagua (Loreto); Íllimo (Lambayeque); y los distritos de Pangoa y Río Tambo, en Satipo (Junín). En todas estas localidades se restringirán libertades como el libre tránsito y la reunión, otorgando amplias facultades a la PNP y las Fuerzas Armadas para ejecutar operativos sin control judicial.

Esta medida, no obstante, repite el mismo libreto de los gobiernos anteriores, desde Ollanta Humala hasta Dina Boluarte, pasando por Pedro Castillo, que declararon estados de emergencia en distintas regiones sin lograr resultados sostenibles. Los despliegues policiales y militares, que implicaron altos costos logísticos, se tradujeron en operativos de impacto mediático, pero sin cambios estructurales en la lucha contra el crimen.

Horas antes, el presidente Jerí acudió al Congreso para solicitar facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana, con el fin de aprobar normas que refuercen las acciones del Ejecutivo. Según fuentes del gabinete, el plan incluye fortalecer la inteligencia policial, modernizar la logística y endurecer penas por extorsión y sicariato.

Hasta el cierre de esta edición, el decreto supremo aún no había sido publicado, pero se espera que entre en vigencia en las próximas horas. Con esta decisión, el Gobierno retoma una estrategia fallida, apostando nuevamente por el despliegue militar como respuesta inmediata a una crisis que exige políticas sostenibles y una reforma profunda del sistema de seguridad.