Dina Boluarte respalda el retiro de las AFP pero apoya la reforma hecha con trampa

La discusión sobre un nuevo retiro de fondos de las AFP vuelve a ocupar el centro del debate político. Con apenas un 2,5 % de aprobación, la presidenta Dina Boluarte anunció el 14 de septiembre de 2025 su respaldo al proyecto que plantea un octavo retiro, presentándose como defensora de los trabajadores. “Es dinero de las familias que trabajan, y son ellas quienes deben decidir”, declaró tras coordinar con el ministro de Economía.

Sin embargo, la verdadera historia muestra un evidente doble discurso: hace solo un año, la mandataria avaló la reforma previsional impulsada por Fuerza Popular que, lejos de beneficiar a los afiliados, restringió los retiros y fortaleció a las AFP.

Abril de 2024: cuando se detuvo el séptimo retiro

En abril de 2024, el Congreso estaba a punto de aprobar el séptimo retiro de hasta 4 UIT (S/20.600). La Junta de Portavoces ya había priorizado el debate y el proyecto estaba listo para su votación en el Pleno.

Pero, de manera sorpresiva, el congresista fujimorista Eduardo Castillo pidió un cuarto intermedio, argumentando que el retiro debía evaluarse junto a una “reforma del sistema de pensiones” de su bancada. La maniobra fue respaldada por el presidente de la Comisión de Economía, César Revilla, y por la congresista Rosángela Barbarán.

Lo que parecía un trámite terminó convirtiéndose en la antesala de la reforma previsional más cuestionada de los últimos años, respaldada además por el Ejecutivo de Dina Boluarte.

Los supuestos beneficios de la reforma

El proyecto fue promocionado como una modernización del sistema de pensiones. Sus principales promesas fueron:

• Mayor competencia: permitir que bancos, cajas municipales y cooperativas administren pensiones.
• Pensión por consumo: destinar el 1 % de las compras de cada ciudadano a su cuenta previsional.
• Comisión por resultados: que las AFP solo cobren si generan rentabilidad.
• Pensión mínima garantizada: de S/600 para quienes aporten al menos 20 años.

En el papel parecía un avance. En la práctica, escondía trampas que perjudican directamente a los afiliados.

Las trampas detrás de la reforma

• Competencia ilusoria: las cajas municipales o cooperativas no pueden competir con las AFP ligadas a los dos bancos más poderosos del país. El mercado sigue concentrado.
• Pensión por consumo inalcanzable: exige compras mensuales de hasta S/41.200, con un tope de S/700 por transacción. En la realidad, casi nadie accede a este beneficio.
• Comisión disfrazada: aunque se prometió que solo se cobraría por resultados, parte de la comisión sigue siendo fija y definida por la SBS. Incluso si los fondos pierden valor, los afiliados pagan.
• Candado al 95,5 %: desde septiembre de 2024, los menores de 40 años ya no pueden retirar sus ahorros al jubilarse. Solo algunos mayores mantienen la opción, y bajo estrictas condiciones. El resultado: 4 millones de afiliados atrapados en un sistema que los obliga a depender de una pensión mensual.

El doble discurso de Boluarte

El respaldo de Dina Boluarte a la reforma previsional en 2024 dejó en evidencia su alineamiento con los intereses de las AFP y los grandes grupos financieros.

Sin embargo, hoy, con su aprobación en mínimos históricos y en medio de la presión social, intenta mostrarse como defensora de los trabajadores apoyando un nuevo retiro de fondos.

La contradicción es clara: cuando el Congreso impulsó medidas que blindaban a las AFP y limitaban la libertad de los afiliados, Boluarte las avaló sin reparos. Ahora, acorralada por la opinión pública, adopta un discurso populista que en realidad no depende de su gestión, sino del Parlamento.

Una reforma hecha para las AFP

La llamada “reforma previsional” terminó siendo un auténtico salvavidas para las AFP. Aseguró millones de afiliados cautivos que ya no podrán retirar sus fondos, simuló abrir competencia que nunca ocurrirá, prometió beneficios inalcanzables y eliminó la posibilidad de disponer libremente de los ahorros de toda una vida.

Mientras tanto, los trabajadores permanecen atrapados en un esquema que cobra comisiones incluso cuando pierde dinero, ofrece pensiones mínimas de difícil acceso y restringe derechos antes reconocidos.