El expresidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quien actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario en Lima debido a su implicación en el caso Westfield Capital relacionado con Odebrecht, ha presentado una solicitud al Poder Judicial para obtener permiso de viaje.

Su intención es ausentarse de la capital durante un breve periodo, específicamente del 22 al 24 de septiembre, con el propósito de visitar una «Casa de Campo» en el distrito de El Carmen, situado en la provincia de Chincha, en la región de Ica.

La solicitud, formalizada a través de un documento presentado por su equipo legal el 28 de agosto, expone que el motivo del viaje es disfrutar de un fin de semana en la propiedad rural de la familia Vega Benavides. Sin embargo, este permiso requerirá la aprobación del juez encargado del caso, Jorge Chávez Tamariz. El magistrado ha programado una audiencia virtual para el próximo miércoles 20 de septiembre a las 3 de la tarde, en la que se evaluará detenidamente la solicitud de Kuczynski.

En la notificación emitida por el juez Chávez Tamariz, se subraya la importancia del principio de contradicción y del derecho a la defensa de todas las partes involucradas en este proceso legal. Por lo tanto, se considera adecuado convocar a esta audiencia, donde se permitirá a las partes presentar sus argumentos y fundamentos relacionados con la solicitud de autorización de viaje por parte del exmandatario.

No puede abandonar Lima

Es importante destacar que esta solicitud se enmarca en el contexto de la investigación en curso sobre el caso Westfield Capital y las acusaciones que pesan sobre Pedro Pablo Kuczynski. Actualmente, se encuentra bajo arresto domiciliario y sujeto a restricciones, entre las cuales se incluye la prohibición de abandonar su residencia en Lima Metropolitana sin previa autorización judicial. La decisión del juez será clave para determinar si se le concede este permiso excepcional de viaje.

Fiscalía pidió 35 años de cárcel para PPK

El Ministerio Público de Perú ha solicitado una condena de 35 años de prisión para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por supuesto lavado de activos relacionado con el caso de corrupción de Odebrecht. La acusación fue presentada por el fiscal José Domingo Pérez, quien lidera la investigación del equipo especial Lava Jato.

Kuczynski, se encuentra bajo arresto domiciliario desde abril de 2019. El siguiente paso en este proceso será el control de acusación, que determinará si procede la solicitud de la Fiscalía.

La investigación se originó en diciembre de 2017 cuando se reveló una supuesta relación de Kuczynski con una consultora financiera vinculada a Odebrecht. Aunque el expresidente admitió haber asesorado a una empresa de Odebrecht en el pasado, este escándalo eventualmente condujo a su renuncia en marzo de 2018 y a la prohibición de salir de Perú durante 18 meses por parte del Poder Judicial.

Alejandro Soto, actualmente en la mira como representante máximo del Congreso de la República, enfrenta un nuevo cuestionamiento que sacude los cimientos de su reputación académica. De acuerdo con un exhaustivo análisis, se ha revelado que su tesis de doctorado, titulada «La responsabilidad civil de las autoridades elegidas por voto popular desaforadas por causales de vacancia», arrojó alarmantes cifras de similitud con otros textos, alcanzando un preocupante 67% de presunto plagio, según el software académico antiplagios Turnitin.

Este impactante hallazgo, que arroja serias dudas sobre la integridad de Soto como legislador, se encuentra acompañado de errores ortográficos, deficiencias en la estructura sintáctica y una contribución insuficiente al corpus de conocimiento existente en el campo de estudio. Más aún, se ha corroborado que un 38% del contenido total de su tesis corresponde a plagios de artículos académicos, con un enfoque particular en los trabajos de los abogados Carlos Urquizo Maggia y Julio César Castiglioni Ghiglino.

La obtención de este revelador informe se llevó a cabo mediante una solicitud de acceso a la información pública, ya que el Registro Nacional de Trabajos de Investigación (Renati) mantenía inaccesible la tesis en cuestión, y la universidad no respondió a las solicitudes por correo electrónico. En un pasaje de su tesis, específicamente en la página ocho, se constata cómo el congresista de Alianza por el Progreso (APP) recurrió a la copia literal de fragmentos sin la debida atribución a Carlos Urquizo, ni en notas al pie de página ni en la bibliografía. Además, omite el cierre de comillas, lo que aumenta la gravedad del plagio.

Este patrón de «copia-pega» se extiende a lo largo de varias páginas de la tesis de Soto, incluso replicando fragmentos extensos sin mencionar al autor original ni a las personas citadas en los trabajos académicos. Carlos Urquizo, uno de los afectados por el plagio, declaró: «Además de estar plagada de una serie de errores autográficos, que ninguna investigación seria puede tener, en efecto hubo ahí un tema de plagio».

Julio Cesar Castiglioni Ghiglino, exdirector de capacitaciones de la Asociación Municipalidades del Perú (AMPE), también sufrió las consecuencias de la falta de integridad académica de Soto. El congresista copió 28 páginas de su artículo sin atribuirle adecuadamente la autoría, alterando solo algunas palabras con errores ortográficos y eliminando un párrafo en la página 58 de su tesis. En otro punto crítico, Soto no cumplió con su promesa de abordar los fundamentos más invocados en las solicitudes de derecho de revocatoria de autoridades, dejando de mencionar cuáles son estos fundamentos, algo que Castiglioni sí había incluido en su artículo.

El alcance de este plagio es tan significativo que abarca una parte sustancial del marco teórico conceptual de la tesis, identificado como un 26% de similitud por Turnitin. Castiglioni comentó indignado: «¿Cómo es posible que un abogado, el presidente del Congreso, incurra en estas prácticas? Es un plagio burdo, yo estaría dispuesto a esclarecer públicamente y debatir con él sobre los alcances de la investigación que copia textualmente y, que yo sé, es mía. No hay mayor duda de que no existe ápice de su opinión, de un análisis propio».

Ante estas acusaciones, se espera que el Ministerio Público tome medidas y que el Parlamento considere la situación para su sanción correspondiente, ya que el plagio no solo representa un ataque a la integridad académica, sino que también puede tener consecuencias legales graves.

Este miércoles, 26 de julio, se llevará a cabo la elección para determinar la nueva Mesa Directiva del Congreso de la República, que dirigirá el Parlamento durante el periodo de sesiones 2023-2024. Dos listas de candidatos competirán por el puesto.

Alianza «FujiCerronista»

La primera lista está encabezada por Alejandro Soto, representante de Alianza para el Progreso, quien aspira a la presidencia del Congreso. Lo acompañan en la nómina Hernando Guerra García de Fuerza Popular, postulante a la primera vicepresidencia; Waldemar Cerrón de Perú Libre, candidato a la segunda vicepresidencia; y Roselli Amuruz de Avanza País, postulante a la tercera vicepresidencia.

La izquierda impulsa a Acción Popular

Por otro lado, la segunda lista tiene como candidato a la presidencia del Congreso al congresista Luis Aragón de Acción Popular. Lo acompañan en esta lista Edgard Raymundo de Cambio Democrático, Paul Gutiérrez Ticona del Bloque Magisterial y Elías Varas de Perú Bicentenario, como postulantes a la primera, segunda y tercera vicepresidencia, respectivamente.

El congresista Luis Aragón lidera esta segunda lista en alianza con parlamentarios de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Bloque Magisterial y Perú Bicentenario, consolidando así su candidatura para presidir el Parlamento.

La elección se realizará de manera presencial en el Hemiciclo del Palacio Legislativo a partir de las 10:00 a.m., y los parlamentarios emitirán su voto mediante cédulas de votación. Es importante destacar que la plataforma virtual de sesiones del Congreso no será utilizada para este acto electoral.

La indignación de Renovación Popular en el Congreso

Por otro lado, la bancada de Renovación Popular ha decidido no presentar postulantes para la Mesa Directiva del Congreso. A través de un comunicado, explicaron que sostuvieron reuniones con diversas agrupaciones políticas en busca de acuerdos mínimos, pero se mantienen firmes en su decisión de no participar en ninguna lista que incluya a personas vinculadas a la izquierda local y al comunismo parlamentario.

Asimismo, expresaron su descontento por la «traición» e «incumplimientos» de los «compromisos adquiridos al llamado Bloque Democrático, por parte de la Bancada Parlamentaria de Fuerza Popular,» quienes presentaron una fórmula que, según ellos, congrega al cerronismo de Perú Libre y busca devolver el poder a dicha agrupación.

Lista 1: PRO DERECHA

• Presidente del Congreso: Alejandro Soto (Alianza para el Progreso).
• Primera Vicepresidencia: Hernando Guerra García (Fuerza Popular).
• Segunda Vicepresidencia: Waldemar Cerrón (Perú Libre).
• Tercera Vicepresidencia: Roselli Amuruz (Avanza País).

Lista 2: PRO IZQUIERDA

• Presidente del Congreso: Luis Aragón (Acción Popular).
• Primera Vicepresidencia: Edgard Raymundo (Cambio Democrático).
• Segunda Vicepresidencia: Paul Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial).
• Tercera Vicepresidencia: Elías Varas (Perú Bicentenario).

La Segunda Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Ica ha requerido al Tribunal Constitucional que le entregue el expediente completo relacionado con la resolución del indulto humanitario concedido al expresidente Alberto Fujimori en el año 2020. Este tendría el propósito de proceder a su liberación.

Elio Riera Garro, abogado del exmandatario, expresó que el Poder Judicial notificó al organismo presidido por Francisco Morales. El argumento señala que es responsabilidad de dicho órgano constitucional atender las solicitudes de esta naturaleza.

«Confiamos en que, en el menor tiempo posible, se programará una audiencia y se enviará todo el material relevante al juzgado de origen para emitir la orden de liberación del expresidente Alberto Fujimori», enfatizó el abogado.

En marzo de 2022, el Tribunal Constitucional falló a favor de la demanda de hábeas corpus que presentó la defensa de Alberto Fujimori. Esto contra las resoluciones que revocaron su indulto humanitario, el cual se le otorgó previamente por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

La demanda apuntaba a José Luis Lecaros, quien era el titular del Poder Judicial en ese momento. Así también contra al exjuez supremo de investigación preparatoria, Hugo Núñez; Carlos Morán. Incluía al ministro del Interior; Fernando Castañeda, del Ministerio de Justicia; y César Cárdenas, jefe del Instituto Nacional Penitenciario.

«No se han devuelto hasta la fecha a esta Sala Penal Superior, y por la resolución que se emitió en el expediente del Tribunal Constitucional, se presentó diversos escritos que no se atienden a la falta física del expediente en esta sala penal», explicó el tribunal superior en su comunicado.

La Corte IDH invalidó la sentencia del Constitucional que ordenaba liberar al expresidente

Como se recuerda en 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) rechazó la sentencia del Tribunal Constitucional. Esa resolución ordenaba liberar al expresidente Alberto Fujimori, quien ha estado encarcelado desde 2009. El expresidente es condenado por violaciones de derechos humanos en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

Keiko Fujimori, hija del expresidente y líder del partido Fuerza Popular, expresó su decepción ante el fallo, argumentando que considera que no representa justicia para su padre, que se encuentra enfermo y es anciano. Con esa decisión, se cerró temporalmente la batalla legal y política por la libertad de Fujimori, cuyo indulto humanitario que se le otorgó en 2017 por Pedro Pablo Kuzcynski había sido revocado anteriormente por la Corte IDH.

En los últimos años, la historia de Ciro Castillo Rojo había capturado la atención de todo el país. A raíz de la trágica desaparición y posterior hallazgo sin vida de su hijo en el Cañón del Colca, Ciro Castillo-Rojo Salas se convirtió en un símbolo de coraje y determinación. Su incansable búsqueda conmovió a la nación peruana, y su reputación de «papá héroe» lo catapultó al mundo de la política. Primero, se postuló al Congreso y, más tarde, se alzó como gobernador regional del Callao, en Lima.

Hoy en día, Ciro Castillo-Rojo se encuentra en medio de escándalos y acusaciones de corrupción que amenazan con manchar su reputación. Se le señala por actos inapropiados, como besar a su asistente, Elvira Madalengoitia Cajal, y aumentar su salario a 10,000 soles, a pesar de no contar con una educación universitaria. Pero los problemas de Castillo-Rojo van más allá de estos comportamientos cuestionables, ya que se encuentra bajo investigación por presuntos actos corruptos relacionados con negociaciones con empresarios.

Ciro Castillo de ‘papá héroe’ a político

Nacido en Azángaro, Puno, hace 73 años, Ciro Castillo-Rojo es un médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, cuenta con una especialización en Cirugía General obtenida en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Su incursión en la política se hizo realidad en el año 2020, cuando fue invitado por el partido Perú Libre para postular al Congreso. A pesar de ser el candidato más votado de su región, no logró obtener un escaño.

Antes de su incursión en la política, Castillo-Rojo estuvo afiliado a otros partidos, como Alianza para el Progreso entre 2017 y 2019, y luego a Somos Perú desde 2020 hasta 2021. Antes de convertirse en gobernador regional, ejercía su profesión médica en La Punta del Callao.

Corrupción en el Gobierno Regional del Callao

Recientemente, un reportaje emitido por «Panorama» ha sacado a la luz supuestas pruebas que implican al actual gobernador regional del Callao en un caso de corrupción relacionado con favores a empresarios. En una serie de audios filtrados, se escucha a Castillo-Rojo reclamar una suma considerable de dinero con el fin de beneficiar a ciertos proyectos empresariales en el Callao.

Una conversación datada en mayo de este año, se puede apreciar cómo Castillo-Rojo negocia un acuerdo con un empresario, llegando casi a chantajearlo para recibir un pago adicional. En uno de los extractos, se escucha claramente decir a Castillo: «Yo le voy a decir, entrégame los 150 000 que te dio».

El empresario involucrado confirma que la cifra inicial del pacto ascendía a 150,000 soles, pero que el monto total del acuerdo era el doble. En los audios filtrados, Castillo-Rojo también acusa a su exasistente, Elvira Madalengoitia, de haberse quedado con todo el dinero.

El empresario ha compartido estos audios y ha confirmado la existencia de «muchísimas irregularidades», manifestando su disposición para colaborar con la justicia y proporcionar pruebas que sustenten las acusaciones de corrupción. Sin embargo, el empresario oculto teme por su vida y la de su familia, ya que ha recibido amenazas de muerte. Según él, ha sido advertido de posibles atentados y de la influencia y recursos de quienes están detrás de estos actos violentos.

Los audios del gobernador Castillo Rojo

• Empresario (E): Eso que era al mes completo, iba a ser los 300, en buena hora que solamente le di los 150.
• Ciro Castillo (CR): Menos mal carajo.
• E: si usted se pone en mi lugar, se va a dar cuenta que somos un grupo de empresarios amigos que hemos apostado por un proyecto y ahorita yo me veo en una situación penosa en la que pueden…
• CR: Ya, pero pídele a ella que te devuelva tu plata. Ubícala, pues, hermano.
• E: Ella ha referido como que el dinero se lo ha entregado a usted.
• CR: Ta’ bien coju**, a mí no me ha entregado ni un centavo.
• CR: ¿Cuánto le dieron?
• E: 150 mil, una primera quincena.
• CR: ¿150 mil soles para mí?
• E: Claro, es que eso fue lo que en su momento que nosotros hablamos, coordinamos, que era el monto. Recuerde que si se cambiaba al gerente el monto iba a aumentar.
• CR: Ella no me dio ni un centavo.
• E: Por eso. O sea, yo la verdad, doctor, me encontraba un poco decepcionado.
• CR: Se lo ha agarrado.
• E: Es que eso es lo más evidente, si no ha llegado a usted.
• CR: ¿Le diste en efectivo?
• E: En efectivo, doctor.
• CR: ¡Para qué carajos le das a ella!

Un nuevo incidente de recorte salarial ha puesto al descubierto los entramados de corrupción y clientelismo dentro del Congreso, ampliamente rechazada por más del 90% de los peruanos. Esta vez, al congresista Jorge Luis Flores Ancachi, del partido Acción Popular, ha le señala por presionar a trabajadores para que le entreguen el 10% de sus salarios y la mitad de todos los bonos que reciban.

Las palabras del parlamentario, registradas sin su conocimiento el pasado mes de enero, fueron reveladas en una grabación que ha salido a la luz. «Quedó claro entre nosotros que ustedes nos iban a apoyar con el 10%. Considero que no es algo tan desfavorable para ustedes, y con los bonos al 50%. Algunos de ustedes lo han cumplido, pero no veo esa voluntad», afirmó Flores Ancachi.

El audio, fechado el 12 de enero de 2023, revela también que el legislador, quien también está involucrado en el caso ‘Los Niños’, lamenta no haber aceptado los 250 mil dólares que le ofrecieron a cambio de puestos de trabajo en el Congreso. Esta revelación la hace el programa de televisión Cuarto Poder.

«A pesar de que me ofrecieron, incluso el puesto de secretario técnico, 250 mil dólares, he podido darles la oportunidad a ustedes. Hoy me arrepiento de no haber aceptado ese dinero y de… los proyectos que se hubieran aprobado o no. Me hubiera llegado al… Lamentablemente, perdí esa gran oportunidad, sabiendo que estaba trayendo personas que entendían cómo funciona esto», manifestó Jorge Flores Ancachi.

Además, el congresista alardeó frente a sus empleados de que los recortes salariales son algo común en el Parlamento. «No crean que soy el único que hace esto. Se hace, pero se hace bien, con personas de confianza. Yo no sé, no me atrevo a preguntarles, cuánto ganaban antes de venir aquí».

Habría sido instruido por la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva

En otra parte del audio, se implica a la congresista María del Carmen Alva Prieto, también miembro de Acción Popular, quien supuestamente le dio instrucciones sobre cómo manejar los sueldos de su equipo, como si fuera una práctica habitual. «El año pasado, cuando asumimos, nos dijo: ‘Chicos, ¿ya tienen su equipo completo?’ Sí, y empezó a hablar con cada uno. Al final, se me acercó y dijo: ‘¿Cómo es esto, Jorge? Oye, pero te digo que yo tengo gente que solo quiere el seguro porque tiene cáncer terminal, ellos y sus esposas o algún familiar. Solo quieren el seguro», reveló Jorge Flores.

«Maricarmen ya no lo dijo amablemente, pero dijo: ‘La gente aquí es ingrata. ¿Cómo es posible que después de darles la oportunidad de trabajar, nos quieran denunciar? No les vaya a pasar lo mismo. Así que había dos en mi oficina que ya he despedido, prefiero no tener nada a que me denuncien’. Así que, en esa línea, hermano, no crean que soy el único que hace esto», agregó.

Hasta la fecha, ocho congresistas han sido denunciados por recortar los salarios de sus empleados: María Cordero Jon Tay (ex Fuerza Popular), Edgar Tello (Bloque Magisterial), Heidy Juárez (Podemos), Magaly Ruiz, Rosio Torres (Alianza para el Progreso), Katy Ugarte (no agrupada), José Arriola y Marleny Portero (Acción Popular). A pesar de las graves acusaciones, ninguno de ellos ha sido suspendido ni ha recibido alguna sanción.