María Morales Gutiérrez, exasesora del congresista por Ica, Raúl Felipe Doroteo Carbajo, ha denunciado un despido que considera arbitrario, tras haber acusado al parlamentario de recortarle su salario a la mitad. Según Morales, quien dio a luz hace menos de un mes, su cese se notificó a través de una carta notarial que ignoró su período de descanso médico vigente.

Tenía licencia por embarazo del 5 al 10 de abril

La afectada había informado a un medio nacional que desde el día 5 de abril se encontraba de baja médica, pero recibió una carta indicando su cese por inasistencias los días 4, 5, 8 y 9 de abril. Morales relató que tras acusar a Doroteo de la práctica conocida como «mochasueldo«, cesó toda comunicación con ella, complicando sus solicitudes laborales y personales.

Anteriormente, Morales había expuesto en el programa «Beto a Saber» de Willax Televisión que Doroteo le exigía entregar hasta el 50% de su sueldo. En respuesta a su situación actual, Morales ha solicitado la intervención de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) para investigar su caso.

El Procurador General del Estado (e), Javier Alfonso Pacheco Palacios, ha instado al Ministerio Público a comenzar investigaciones preliminares contra Doroteo por posibles delitos contra el Estado.

La Comisión de Ética del Congreso admitió este lunes una denuncia contra el congresista de Ica, Raúl Doroteo, miembro de Acción Popular, tras acusaciones de haber recortado indebidamente el salario de una empleada de su despacho. El parlamentario, ya inmerso en la controversia del caso ‘Los Niños’, enfrenta esta nueva investigación por presunta conducta indebida relacionada con la gestión financiera hacia sus colaboradores.

El caso fue impulsado a investigación preliminar luego de obtener unanimidad en los votos de los miembros de la comisión, liderada por Diego Bazán (Avanza País). La controversia surgió a raíz de las revelaciones del programa televisivo «Beto a Saber», que expuso intercambios de mensajes entre la denunciante, María Morales Gutiérrez, y Doroteo. La trabajadora recibía presión para dar el porcentaje de su salario retenido. Ella clamó que se le recorte tras enfrentar dificultades financieras, especialmente después de un reciente parto y hospitalización.

“Del bono de diciembre, he dejado 2000 soles. Sinceramente ya no me alcanza para dar el 50% como normalmente lo hacía. Por favor, vea la manera de reducirme el porcentaje al 25% a partir de enero, si no, en todo caso, usted disponga» le escribió María Morales vía WhatsApp.

Morales Gutiérrez, asesora técnica del congresista, expresó en sus mensajes la presión financiera que enfrentaba, pidiendo una reducción en la retención de su salario, que ascendía a S/ 7,106 mensuales. Sin embargo, su solicitud no solo fue ignorada, sino que el congresista Raúl Doroteo cortó toda comunicación directa, delegando la resolución del asunto a otro empleado.

Tras este mensaje de WhatsApp, Doroteó la bloqueó y mandó a otro asesor de nombre «Martín» a que le siga presionando para que pague. “Martín, me solucionas eso, porsiacaso ella no me ha dado nada. Morales no me ha colaborado nada. Si no, igualito, a mí me llega al pepino, me solucionas eso” dice en revelador audio.

La admisión de la denuncia por la Comisión de Ética es solo el comienzo de lo que parece ser una serie de investigaciones en torno a Doroteo, quien también está implicado en investigaciones más amplias relacionadas con corrupción y manipulación política.

En una reciente entrevista, Hania Pérez de Cuéllar, ex presidenta de Indecopi y actual ministra de Vivienda, ha causado sorpresa al admitir la compra de un reloj falso durante un viaje a China. Lo dijo en un contexto en el que la presidenta Dina Boluarte enfrenta críticas por el uso de relojes marca Rolex, levantando cuestionamientos sobre un presunto enriquecimiento ilícito y posible vacancia.

Pérez de Cuéllar, al ser interrogada, no ocultó su verdad. «Compré un reloj, y era bamba», dijo, resaltando que muchos peruanos compran productos similares. Esta declaración no solo pone en tela de juicio su credibilidad sino que también resalta la ironía de que ocurra por parte de quien lideró Indecopi, entidad encargada de combatir la piratería y el contrabando.

«Yo compré ese reloj, yo no soy hipócrita, lo compré, lo compré en ese momento por razones X. Ese reloj me habrá durado dos o tres años, que no sé la verdad que ya ni recuerdo» «No voy a ser mentirosa, porque justamente era bamba, entonces no valía lo que lo que puede costar un un un reloj auténtico. Creo que lo regalé, no lo sé» expresó la ministra de vivienda.

Ministra de vivienda está tratando de defender a su jefa

La ministra de vivienda Hania Pérez de Cuéllar, viene dando a entender que no tiene nada de malo adquirir productos «bambas». Está sugiriendo que la presidenta Boluarte pudo haberse comprado uno. Sin embargo al decir que no se acuerda si el que se compró se la regaló a alguien que podría ser la misma mandataria. Ha calificado como un intento «absurdo» de pretender defender su jefa.

La implicación legal de su confesión la analizó el abogado Carlos Caro. Aclaró que, aunque no configura un delito de piratería, podría considerarse contrabando agravado. Además, la situación se complica con las acusaciones cruzadas en el ámbito político, donde Pérez de Cuéllar insinuó que detrás de la denuncia contra Boluarte podría estar el ex Premier Alberto Otarola, buscando venganza política.

En un intento de justificación, Pérez de Cuéllar sugirió que su caso no debería desviar la atención de asuntos más urgentes. Criticó a los medios por no profundizar en investigaciones más relevantes. Sin embargo, la confesión ha desatado una serie de reacciones políticas, incluyendo una moción de vacancia contra la presidenta Boluarte, impulsada por el partido Perú Libre, aunque esta iniciativa ha encontrado voces discordantes incluso dentro de su propia agrupación.

La presidenta del Perú, Dina Boluarte, fue objeto de agresión por dos mujeres mientras participaba en una inauguración de obras en Ayacucho. El incidente ocurrió cuando Boluarte, acompañada del gobernador regional, Wilfredo Oscorima, lanzaba caramelos a los asistentes durante la ceremonia. Las agresoras, una identificada como Ruth Bárcena Loayza, lograron romper el cordón de seguridad y agarraron del cabello a la presidenta.

Este ataque se produce en un contexto de tensión en la región. Horas antes de la inauguración, la presencia de Boluarte ya había sido recibida con rechazo. En la mañana, durante su visita al distrito Andrés Avelino Cáceres para el inicio de obras de un sistema de agua potable, la presidenta enfrentó abucheos e insultos de los ciudadanos.

Ruth Bárcena, es viuda de una víctima del régimen de Dina Boluarte en Ayacucho

La situación en la inauguración de la carretera en Minascucho hacia el distrito de Paras escaló rápidamente. La intervención de la policía y del gobernador Oscorima fue necesaria para controlar el incidente. Como resultado, Ruth Bárcena Loayza solo fue retenida y no bajo detención, mientras la otra agresora permanece sin identificar.

Ruth Bárcena Loayza, la ciudadana detenida, es viuda de Leonardo David Hancco Chacca, quien falleció en las protestas contra la administración de Boluarte en Ayacucho en diciembre de 2022. Estas protestas han marcado un período de agitación social en la región, generando un ambiente de hostilidad hacia la figura presidencial.

«La presidenta Dina Boluarte tuvo una presentación abrupta en Ayacucho. A pesar del fuerte despliegue policial, manifestantes lograron ingresar, y la falta de entusiasmo de los asistentes fue evidente. El intento del gobernador Wilfredo Oscorima de mejorar la imagen de Boluarte resultó en un fracaso, ya que la recordaron por su presunta implicación en el asesinato de 10 personas el 15 de diciembre del 2022» fue el reporte del medio local Estación Wari.

La presidenta Boluarte logró reincorporarse tras el ataque y continuar con sus actividades programadas. No obstante, este evento subraya las crecientes tensiones en Ayacucho y plantea interrogantes sobre la seguridad y la aceptación pública de la mandataria en ciertas regiones del país.

La congresista Patricia Chirinos, miembro de la bancada Avanza País, ha salido del país rumbo a España en medio de controversias. Su viaje, registrado el 17 de diciembre, se produce tras publicar un video en sus redes sociales, donde afirma, sin presentar pruebas, que sería objeto de una detención preliminar y de allanamientos en su domicilio y oficina por parte del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder de la Fiscalía.

Chirinos ha respondido a las interrogantes sobre su abrupto viaje, alegando que fue informada por «fuentes del Ministerio Público» sobre la detención preliminar planeada en su contra. Esta salida se realizó durante una semana de representación y ha sido justificada por la legisladora como una visita anual programada a sus hijos. A pesar de esto, no ha presentado pruebas que respalden sus acusaciones de actos arbitrarios e ilegales por parte de las autoridades judiciales.

La situación de Chirinos está vinculada con investigaciones en curso contra Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, por liderar una presunta organización criminal desde el Ministerio Público. La parlamentaria ha sido señalada por su supuesta colaboración con esta red delictiva y enfrenta una denuncia constitucional presentada por la congresista Sigrid Bazán.

Patricia Chirinos en la cuerda floja

Las investigaciones del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) implican a Chirinos en la supuesta influencia sobre la elección de Josué Gutiérrez Cóndor como defensor del Pueblo, la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, y la planificación para remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Adicionalmente, Chirinos ha sido señalada por sus interacciones con Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides y principal operador de la mencionada organización criminal, ahora colaborador eficaz.

La congresista también ha estado involucrada en acciones contra los jueces de la Tercera Sala Constitucional, quienes ordenaron suspender el proceso en el Congreso contra la JNJ. Chirinos presentó una denuncia contra estos magistrados por presunto abuso de autoridad y prevaricato. Además, presentó denuncias constitucionales contra los integrantes de la JNJ y solicitó medidas de acción del Ministerio Público y la Contraloría General de la República frente a presuntas irregularidades en la JNJ.

¿Será cierto? Patricia Chirinos asegura “Me han ofrecido asilo político de otros países”

Aunque no dice quiénes. A pesar de la complejidad y seriedad de las acusaciones, Chirinos ha reafirmado que no solicitará asilo político, alegando que no ha cometido actos ilegales. Sin embargo, ha indicado que recibió ofertas de asilo de varios países latinoamericanos. La congresista ha anunciado su intención de regresar a Perú en una semana, en medio de este escenario de acusaciones y controversias legales.

La presidenta Dina Boluarte y su gobierno le han puesto el ojo encima al fiscal del Ministerio Público en Ica, Víctor Hugo Arias Torrejón, quien decidió liberar a tres manifestantes detenidos durante las protestas en Barrio Chino, Ica. Estos manifestantes, incluyendo un menor de edad, estaban bajo arresto por la «sospecha» de participar en los bloqueos y disturbios en la Panamericana Sur.

La presidenta Boluarte, refiriéndose a este incidente dijo esta mañana: “Lo que pasó en Barrio Chino (Ica), 18 policías heridos en el intento del 7 de diciembre de querer tomar y bloquear las carreteras. Han sido detenidas tres personas y han sido liberadas mucho antes del plazo que la ley determina para investigar y abrir carpetas fiscales, esto no puede seguir así”. Esta declaración refleja una postura crítica del Ejecutivo hacia la actuación del fiscal.

Gobierno los quería presos

Por las declaraciones; tanto Dina Boluarte, el primer ministro Alberto Otárola como el ejecutivo en general ha sugerido acusar a los detenidos para llevarlos presos. El fiscal de Ica, Arias, por su parte, basó su decisión en la evaluación de las pruebas presentadas. A pesar de la existencia de material como grabaciones y mensajes de WhatsApp, determinó que no eran suficientes ni sólidas para justificar una detención prolongada.

Fiscal de Ica bajo la mira

Tras esta decisión, el fiscal Víctor Hugo Arias Torrejón, ahora está en la mira. El general PNP José Zavala Chumbiauca, ha presentado una queja funcional desde el Frente Policial Ica. Por su parte la Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público, también ha presentado otra queja y esto podría pasarle factura al fiscal.

El procurador público en Ica, Luis Alberto Casaverde Reyna, elevó la queja ante la Oficina Desconcentrada de Control Interno. En el documento señala que Arias Torrejón «ha incurrido en inconducta funcional y consideran una irregular actuación fiscal».

Este incidente en Barrio Chino destaca las tensiones entre el gobierno y el sistema judicial en el contexto de las protestas y la seguridad pública en Perú. Con el desarrollo de esta situación, se espera que surjan más detalles sobre las decisiones del fiscal y las respuestas del gobierno.