El Ministerio Público logró una sentencia ejemplar por un caso de minería ilegal no metálica dentro del Santuario Histórico de Machupicchu. Marco Antonio Cutipa Farfán recibió 8 años de pena privativa de libertad por contaminación en modalidad de Minería Ilegal Agravada. Este fallo resalta los esfuerzos de las autoridades para combatir actividades que dañan el patrimonio natural y cultural del Perú.

El 17 de septiembre de 2019, autoridades realizaron una intervención clave en el Santuario de Machupicchu. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Cusco, junto con la Policía Nacional del Perú y el SERNANP, inspeccionaron el área desde el sector Helipuerto, margen derecha del río Vilcanota, hasta la localidad de Aguas Calientes. Durante la inspección, los equipos identificaron vestigios de extracción ilegal de materiales de acarreo a dos metros del río. También hallaron una excavación de 20 metros cuadrados y sacos de arena listos para ser transportados hacia Aguas Calientes. Marco Antonio Cutipa Farfán fue intervenido en el lugar.

Sentencia por minería ilegal en Machupicchu

El fiscal Relgis Dueñas Romero formalizó la acusación basándose en informes técnicos del SERNANP, la Dirección Regional de Energía y Minas, y la Administración Local del Agua de La Convención. Tras analizar las pruebas, el tribunal dictó una sentencia condenatoria contra Cutipa Farfán, destacando la gravedad de sus acciones dentro de un área protegida como el Santuario de Machupicchu. Además de los 8 años de prisión, la sentencia incluyó el pago de 300 días multa, equivalente a 2,325 soles, y una reparación civil de 2,500 soles a favor del Estado. Este caso subraya la importancia de la coordinación interinstitucional para proteger el medio ambiente frente a actividades ilegales. Las autoridades enfatizan que este tipo de delitos afecta la biodiversidad y pone en riesgo la herencia cultural del país.

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Además, un exfuncionario de la gestión regional de Vladimir Cerrón es ahora viceministro de Interculturalidad. En Piura la ministra de Vivienda anuncia devolución de aportes a familias estafadas por Sada Goray. Y en Puno, más de 400 quejas contra jueces y trabajadores judiciales.