18.69% de presos cobraron 760 soles mediante banca celular, billetera electrónica o depósito
La Contraloría General de la República recomendó al Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, adoptar medidas preventivas y correctivas pertinentes, tras detectar que designó a 3,864 personas que se encuentran privadas de su libertad por diferentes delitos, como responsables de cobrar el Bono Familiar Universal de 760 soles.
Presos cobraron en “nombre” de su familia, aun cuando la pauta técnica establecida por este mismo programa, los excluye para dicha designación.
El informe de Visita de Control N° 021-2020-OCI/5963-SVC, evidenció que Pensión 65 solo usó como fuente primaria la base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), a pesar de la necesidad de contrastar esta relación con la del Registro Penitenciario del INPE, a fin de conocer quienes se encuentran privados de su libertad.
“Al desconocer si el subsidio monetario llegó efectivamente a los hogares vulnerables, esta situación afecta su economía, y con ello la finalidad pública prevista, ya que debido al confinamiento social establecido por el gobierno para reducir el impacto negativo del COVID-19, muchas familias que se dedicaban a actividades laborales de forma independiente dejaron de trabajar y vieron reducidos sus ingresos para el consumo esencial de alimentos”, indicó la Contraloría al presentar el informe de Visita de Control N° 021-2020-OCI/5963-SVC.
Precisó que la pauta técnica para la designación de los responsables del cobro del subsidio monetario correspondiente al padrón del segundo grupo de hogares beneficiarios en el ámbito rural, indica expresamente que “no se consideran los miembros del hogar que se encuentren registrados como fallecidos por el Reniec. Asimismo, aquellos que se encuentren privados de su libertad”.
