Agricultores en Ica, dueños de un total de 213 hectáreas de tierras denunciaron que fueron estafados por un sujeto que se hizo pasar por empresario quien les compró todo el área a través de cheques sin fondo, hoy exigen al Poder Judicial resolver el caso que lleva más de 20 años.
Se trata de al menos 40 socios de la Cooperativa Agraria de Trabajadores (CAT) Rosario de Yauca, quienes en el año 1999 fueron contactados por el señor José Miguel Américo Gianonni Pérez, dueño de la empresa Agro Export MGP SA, quien propuso comprar todo el área por 600 mil dólares, dándoles un cheque de 440 mil dólares a través de un acta de transacción.
Las 213 hectáreas de terreno se denomina Fundo Tajahuana, ubicado en el distrito de Santiago, altura del kilómetro 12.5 de la Panamericana Sur, sector Lujaraja. Al entregar el terreno se dieron con la sorpresa de que el cheque de 440 mil dólares no tenía fondos.
Tras un incidente de conflicto, los trabajadores lograron botar a Gianonni Pérez de sus tierras, sin embargo el empresario ya había promovido un proceso en el Poder Judicial el cual resolvió a su favor y en contra de unos terceros (No dueños), en el cual el juez no tomó en cuenta a los verdaderos dueños que son los agricultores de la CAT Rosario de Yauca. El caso practicamente quedó en nada.
Según informó el abogado de los trabajadores, Fernando Parco, luego de varios años en el 2014, el Poder Judicial a través del juez Martin de la Cruz Anchante, ordenó la ejecución de un lanzamiento (desalojo) para despojarlos de sus tierras donde tenían sus maquinas, motores y 07 pozos tubulares de agua. El juez se habría rectificado en el acto por lo que les tuvo que devolver el Fundo Tajahuana.
Hoy en el 2020 a puertas del 2021, piden al Poder Judicial y al juez que está a punto de irse del cargo, Héctor Añanca Rojas, a resolver el problema dejando en claro que el fundo Tajahuana pertenece a la CAT Rosario de Yauca, al ser titulares de dicha propiedad.
Ellos mostraron sus títulos de propiedad suscrita y firmada por el presidente Juan Velazco Alvarado en 1970, lo cual los certifica como dueños y posesionarios legales por más de 50 años. El terreno en cualquier proceso judicial debe ser a nombre de dicha asociación, lo cual no ha sido así desde el incidente con el señor José Miguel Américo Gianonni Pérez.
