El Gobierno presentó al Congreso de la República el proyecto de ley que sanciona la difusión de información reservada en la investigación penal, conocido como ley mordaza.
El poder legislativo presentó este proyecto que sanciona la difusión de información reservada en la investigación penal a lo que los medios de comunicación lo están denominando «Ley mordaza» debido a que ya no podrán difundir documentos y evidencias filtradas desde el Ministerio Público.
El proyecto de Ley establece lo siguiente: «El agraviado e imputado, abogado, representante legal o cualquiera de las partes comprendidas en una investigación penal que proporciona difunde información de carácter reservada en los términos previstos en la ley a personas no legitimadas a la que tuvo acceso debido a la situación jurídica y rol que ejerce poniendo en riesgo los fines de destilación penal será sancionado con pena privativa de libertad no menor de 1 y mayor de 2 años«.
🚨 La llamada "ley mordaza" tiene por objetivo incluir el delito de DIFUSIÓN de información reservada en la investigación penal.
— Marca Poder (@PoderMarca) July 6, 2022
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También manifiesta que se quiere garantizar que las investigaciones alcancen el fin de sancionar los delitos, restaurar lesiones causadas y asegurar la paz social.
Este proyecto de ley fue anunciado por el Ejecutivo en medio de la difusión de diversos testimonios por parte de colaboradores eficaces que implican al jefe de Estado, Pedro Castillo, y miembros de su entorno más cercano en supuestos actos de corrupción que están siendo investigados por el Ministerio Público.
Rechazan proyecto contra filtraciones
Desde Tacna, La misma presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, cuestionó la propuesta de ley del gobierno que penaliza la difusión de información reservada. Asimismo, mostró su conformidad con la creación del grupo especial de la Fiscalía.
La Defensoría del Pueblo rechazó y mostró su preocupación respecto al proyecto de ley del Ejecutivo que plantea que se sancione la difusión de información reservada en investigaciones penales.
La institución aseguró que este planteamiento estaría buscando que se inhiba la colaboración de las personas que brindan esta clase de información a los medios de comunicación para difundirlo a la ciudadanía.
En la misma línea se han pronunciado gremios periodísticos que han calificado esta iniciativa gubernamental como un intento de mordaza que busca amedrentar a la prensa y a las fuentes de información reservada con las que pueden contar.
