La Fiscalía de la Nación ha ordenado el inicio de una investigación al gobierno de Dina Boluarte para esclarecer las muertes de 28 civiles durante las protestas de diciembre de 2022. Estas muertes fueron a causa de disparos que presuntamente las ejecutaron efectivos del Ejército y la Policía Nacional.
La investigación incluirá a la presidenta Boluarte y al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, en su papel como ministro de Defensa. También al exministro del Interior, César Cervantes. También se incluirá al expresidente del Consejo de Ministros durante las protestas y el Estado de Emergencia, Pedro Angulo.
La denuncia se presentó ante la Fiscalía de Derechos Humanos, Interculturalidad y terrorismo de Ayacucho. Presentaron los abogados Abimael Méndez Conde, Yuri Martínez Ochoa, Víctor Porras Rivera y Jack Diburga Cuba.
Además de Boluarte y altos cargos mencionados anteriormente, también se incluyen en la denuncia altos mandos policiales. Tal es caso del jefe de la Macro Región Policial de Ayacucho, el general PNP Antero Mejía Escajadillo, y el comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, el general EP Jesús Vera Ipenza.
La fiscal Patricia Benavides ha iniciado estas diligencias preliminares con el objetivo de aclarar los hechos. Esto determinará si hubo responsabilidades criminales en las muertes de los civiles durante las protestas.
Así será las investigaciones preliminares de Patricia Benavides a Dina Boluarte
Como parte de esta investigación, se recabará información pública y de los organismos estatales para tener una visión clara y detallada de lo ocurrido durante las protestas.
Es posible que se llame a declarar a los jefes militares y policiales. Sobre todo a los que estaban al mando de los efectivos que tenían el control estatal en las zonas donde se produjeron las muertes violentas.
La indagación preliminar puede durar hasta un máximo de 60 días. En función de los hallazgos y de la información recabada, la fiscal de la Nación podrá ordenar el inicio de una investigación preliminar o preparatoria contra la presidenta Dina Boluarte o alguno de los ministros involucrados. También es posible que concluya que los hechos fueron aislados y que los únicos responsables son los mandos militares, policiales o terceros a cargo del control ciudadano, en cuyo caso se archivaría el caso.
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