El Poder Judicial ha dictado 36 meses de prisión preventiva para el alcalde de Túpac Amaru Inca, Rod Alfredo Crisóstomo Suárez, acusado de liderar una presunta organización criminal conocida como «La Hermandad de la Corrupción». La medida también afecta a otros siete implicados, entre ellos hermanos y funcionarios del municipio, quienes habrían direccionado obras públicas a empresas vinculadas a la familia del alcalde, en perjuicio de la municipalidad.
La resolución fue emitida por el Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Pisco, presidido por el juez William Flores Torres, tras una audiencia de tres días. La Fiscalía, a cargo de la fiscal anticorrupción Cynthia Irina Trigozo Vásquez, presentó sólidos elementos de convicción para justificar la medida de prisión preventiva, acusando a los investigados de los delitos de organización criminal y colusión agravada. Entre las pruebas se incluyen comunicaciones que revelan cómo se pactaban sobornos y beneficios en la adjudicación de contratos a empresas relacionadas con la familia Crisóstomo.
Entre los implicados destacan Ray Vladimir Crisóstomo Suárez y Ravi Alfredo Crisóstomo Suárez, hermanos del alcalde, así como varios funcionarios de la municipalidad, como Jesús Herrera Oré, gerente de Desarrollo Territorial, y Jesús Smith Hernández Ruiz, subgerente de Obras.
Además, se ordenó la captura de Ida Quispe Palomino, Katherine Juleisy Armas Mantilla y Ravi Alfredo Crisóstomo, quienes se encuentran prófugos. Todos ellos serán internados en el penal de Chincha mientras se desarrollan las investigaciones.
La Fiscalía acusa a los implicados de haber creado empresas fachada que obtuvieron contratos millonarios con la municipalidad de Túpac Amaru Inca, a través de licitaciones amañadas. Empresas como 3 Torres Contratistas Generales SAC y Bigenios SAC, vinculadas directamente a los hermanos Crisóstomo, habrían recibido contratos por más de seis millones de soles. Durante los allanamientos a las oficinas del municipio y otros 15 inmuebles, la Policía incautó miles de soles en efectivo, lo que refuerza las sospechas de corrupción.
El plazo de los 36 meses de prisión preventiva será aprovechado por la Fiscalía para concluir su investigación y definir si se lleva a los imputados a juicio oral.
