La Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 1’169,365.37 (+ millón de esoles) en la “Construcción de Polideportivo Municipal”, obra que se encuentra clausurada temporalmente por riesgo de derrumbe y que fuera ejecutada por la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha.
De acuerdo los tiempos de ejecución y proyecto, presunta responsabilidad penal y administrativa podría recaer en el exalcalde Hugo Buendía Guerrero y tres funcionarios ediles como Luis Roberto Neyra Tubilla, Lindia Silvia Carbajal Inca y Hugo Alberto Almeyda Lévano.
Durante la auditoría de cumplimiento, que comprendió el periodo 2012-2017, se determinó la presunta responsabilidad penal y administrativa (PAS) de tres funcionarios y servidores públicos de la municipalidad distrital.
Los auditores establecieron que la entidad aprobó irregularmente el expediente técnico de la obra, documento elaborado por un profesional que no había sido propuesto en el proceso de selección. Además, el expediente no contaba con el estudio de suelos (necesario para determinar la resistencia del terreno y el tipo de cimientos que debe utilizarse en la obra).
También se ha verificado que los funcionarios de la entidad otorgaron la Buena Pro y suscribieron el contrato para ejecutar la obra con una empresa contratista que carecía de la documentación exigida por ley. Por ejemplo, aceptaron una carta fianza emitida por una institución que no estaba sujeta al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS).
Pabellón inhabitable
Cuando se ejecutó la obra, no se realizó el control de calidad de los suelos, lo que ocasionó que se construyeran las bases o cimientos del pabellón principal del Polideportivo Municipal sobre un terreno que no se encontraba bien compactado (relleno no controlado).
Actualmente, el pabellón principal de tres pisos, valorizado en S/ 886, 078.20, se encuentra inhabitable debido a que presenta daños en su infraestructura (columnas de concreto, muros estructurales y vigas, techos), lo cual fue constatado durante la inspección física y constituye un perjuicio económico para el Estado.
Durante la auditoría también se determinó que la entidad no aplicó penalidades estimadas en S/ 283,287.17 por retraso injustificado en la ejecución de la obra, lo que representa una pérdida económica para la entidad.
El informe de Auditoría N° 335-2018-CG/COREIC-AC, fue remitido al Órgano Instructor competente y la Procuraduría Pública de la Contraloría General para el inicio del procedimiento sancionador y acciones legales respecto a los tres presuntos involucrados en estos hechos.
En la auditoría de cumplimiento ejecutada por la Gerencia Regional de Control de Ica se examinó la aprobación del expediente técnico, el proceso de selección, la suscripción y ejecución del contrato, la conformidad de la prestación y supervisión de la obra. El monto auditado fue S/ 3´292 276.30.
