La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ica requirió a la Contraloría General de la República el inicio de una investigación tras la demora, por parte de seis municipios de esta región, en informar a la Dirección Regional de Salud el destino que se dio a un total de 11,545 mascarillas que fueron entregadas a las autoridades municipales, para su posterior reparto a la población de los sectores en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
De acuerdo a la Resolución Ministerial n.° 976 del Ministerio de Salud, emitida en noviembre del año pasado, fueron 11 los distritos de la región Ica los que fueron incluidos en el listado de jurisdicciones priorizadas por su condición de vulnerabilidad para la entrega de mascarillas textiles de uso comunitario por parte del Estado.
En la norma se precisaba, también, que las o los titulares de los gobiernos locales debían informar a sus respectivas direcciones o gerencias regionales de salud los listados con las personas que se vieron beneficiadas con la entrega de mascarillas gratuitas.
Sin embargo, a casi ocho meses de dictada la norma, los municipios distritales de El Carmen, Alto Larán, San José de los Molinos, Independencia, Chincha Baja y Pachacútec aún no cumplen con remitir a la Dirección Regional de Salud de Ica los listados con los nombres de cerca de 5800 personas a las que se debió haber entregado dichos dispositivos, cuyo objetivo era protegerlas del COVID-19.
Al respecto, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ica, Jorge Hernández, indicó que, no obstante, el pedido de investigación dirigido a la Contraloría General de la República para determinar las causas de la demora, las autoridades de estos seis distritos deben cumplir con informar sobre el reparto que se dio a las mascarillas, precisando que el retardo o la omisión de obligaciones se encuentra tipificado como un delito de abuso de autoridad.
De otro lado, el representante de la Defensoría del Pueblo recordó que las mascarillas de uso comunitario fueron declaradas como un bien público en el marco de la emergencia sanitaria. “Desde la Defensoría del Pueblo recordamos que estas mascarillas son bienes públicos que contribuyen a la prevención y protección de la población en situación de vulnerabilidad, por ello las autoridades tienen la obligación de rendir cuentas sobre su destino, tal como exige la norma”, subrayó.
