Ica: abogado acusado de agresión sexual fue liberado por un fiscal que no acudió ni a la diligencia
Johnny Francisco Soto Jiménez (44) es acusado de agresión sexual en Nasca. La fiscalía lo liberó en menos de 24 horas. Este es el caso.
En Nasca, un abogado identificado como Johnny Francisco Soto Jiménez (44) fue detenido por presunta agresión sexual, pero liberado en menos de 24 horas por orden del fiscal Pavel Ramos Peralta, quien no asistió a las primeras diligencias del caso. La decisión del fiscal ha generado indignación en los familiares de la presunta agraviada, quienes denuncian una posible irregularidad en el proceso.
La denuncia fue presentada el domingo 2 de febrero por la madre de la víctima, quien alertó a la Policía Nacional del Perú (PNP) sobre el presunto ataque ocurrido en una vivienda ubicada en la intersección de Prolongación Grau con Calle Fermín del Castillo. Los efectivos Darwin De la Cruz y Josué Huamán se desplazaron al lugar, donde encontraron a la mujer en aparente estado de vulnerabilidad y procedieron a detener al presunto agresor.
El detenido fue trasladado a la Comisaría PNP de Nasca, donde se le informó que quedaría bajo arresto por el presunto delito contra la libertad – violación de la libertad sexual en agravio de la mujer de iniciales L.M.D.S. (27). Sin embargo, en la madrugada del lunes fue liberado por orden del fiscal Pavel Ramos, quien argumentó que no existían suficientes elementos de convicción para mantener la detención.
“Yo salía de una fiesta y me senté en un muro que está a media cuadra de mi casa porque me había dado cuenta de que perdí mis llaves. Entonces me senté a hacer llamadas. El señor se estacionó al frente mío, ofreciéndose a llevarme a mi casa, a lo cual le digo que no, gracias, pero no, porque vivo a media cuadra. Y seguía insistiéndome, diciéndome ‘bebé’, ‘mami’, ‘mamacita’. Y como no le hacía caso, se bajó de su carro y me subió a la fuerza, llevándome a un domicilio. Dentro, me quitó mis prendas. Desde el momento en que él me sube a su carro, yo empecé a gritar y pedir ayuda. Mi celular seguía con la llamada activa (llamé a alguien) a lo cual le digo a la persona que llame a mi mamá, que me estaban violando. Y llamaron la policía y en el descuido del señor mande ubicación y llegaron los policías”.
Testimonio de la presunta víctima, 3 de febrero 2025.
Fiscal habría ignorado detalles del caso y argumentó con los años del presunto delito para liberar al detenido
El documento de orden de libertad señala que el testimonio de la víctima carece de coherencia y solidez, y que la pena prevista en este tipo de delitos no supera los cinco años de cárcel, lo que impide solicitar prisión preventiva. En consecuencia, Soto Jiménez quedó en calidad de citado, quedando obligado a presentarse ante las autoridades cuando sea requerido.
«El delito investigado se encuentra previsto en el primer párrafo del artículo 176° del C.P., el mismo que se encuentra sancionado con una pena no menor de tres ni mayor de seis años de pena privativa de libertad; en el presente caso no se verifican circunstancias atenuantes ni agravantes, por lo que la pena a imponer se ubicará en el tercio inferior, es decir de tres a cuatro años; por lo que en ningún caso supera los cinco años de pena privativa de libertad…» dice el fiscal Pavel Ramos en su documento.
Los familiares de la víctima cuestionan la decisión fiscal, ya que la detención debía extenderse hasta 48 horas en estos casos y denuncian que el fiscal nunca acudió a la diligencia inicial. Exigen una revisión del caso para evitar que el presunto agresor evada la justicia.