Ica: dos regidores denunciados por presunta ‘coima’ de S/250 mil a empresario inmobiliario

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica investiga a los regidores Jorge Hinostroza Alejo y Carlos Ponce Aparicio por presunto cohecho pasivo propio, tras la denuncia presentada por el empresario Zósimo Huancahuari Huaripaucar. El caso involucra un supuesto pedido de S/ 250,000 y dos hectáreas.

El conflicto gira en torno al proyecto inmobiliario “Hawkalla Wasi”, ubicado en el sector Laguna La Victoria, en Ica, con una extensión de 111,210 metros cuadrados. Este proyecto obtuvo viabilidad mediante la Ordenanza Municipal Nº 035-2022-MPI, pero en noviembre de 2023 el concejo declaró la nulidad del planeamiento integral, haciendo que los terrenos sean devueltos a la Municipalidad.

Tras la nulidad, se inició el proceso de reversión del terreno a favor de la municipalidad. Según la denuncia, en ese contexto apareció el intermediario Percy Tacas, quien habría coordinado reuniones entre el empresario y los regidores Hinostroza y Ponce, ofreciendo frenar la reversión en sesiones de consejo a cambio de beneficios económicos ilícitos.

Según denuncia, se reunieron en restaurantes de Ica para negociar 250 mil soles y terrenos para ellos

Las reuniones clave se habrían realizado en octubre y noviembre de 2024 en la pizzería Tottos y el restaurante Petros. En estos encuentros, se habría exigido el pago de S/ 250 mil y la entrega de parte del terreno, bajo la amenaza de continuar con la reversión del predio.

El 25 de noviembre de 2024, el denunciante afirma haber entregado S/ 10,000 en efectivo en el domicilio del regidor Hinostroza, como adelanto. La denuncia incluye como evidencia vouchers bancarios, audios y mensajes de WhatsApp, entre ellos el texto “Que fue”, que habría sido enviado para presionar el pago restante.

Empresario denuncia a regidores y él es denunciad por sus clientes en proyecto inmobiliario

Sin embargo, en mayo de 2025 la municipalidad ejecutó la reversión definitiva del terreno, dejando sin efecto el proyecto. Días después, el empresario presentó la denuncia ante la fiscalía anticorrupción, argumentando haber sido víctima de extorsión por parte de los funcionarios investigados.

El caso tiene una segunda arista crítica: más de 50 familias iqueñas pagaron entre S/ 30,000 y S/ 36,000 por lotes en el proyecto, incluso cuando ya existía un proceso de reversión en curso. El monto total captado superaría S/ 1.5 millones, generando denuncias por presunta estafa inmobiliaria.

Actualmente, la investigación incluye audios, registros de llamadas y documentos financieros que forman parte del expediente. Mientras tanto, las familias afectadas exigen la devolución de su dinero, y la fiscalía deberá determinar responsabilidades tanto en el presunto acto de corrupción como en el perjuicio económico generado.