Ica: denuncian presunta estafa inmobiliaria y familias exigen devolución de su dinero
Más de 50 afectados reclaman dinero entregado a inmobiliaria en Ica tras reversión de terreno a la municipalidad. Proyecto de vivienda quedó sin ejecución.
El proyecto de habilitación urbana “Hawkalla Wasi”, ubicado en el sector La Victoria cerca de Tierra Prometida, en Ica, es cuestionado por más de 50 familias que denuncian una presunta estafa tras pagar entre S/ 30,000 y S/ 36,000 por lotes que nunca fueron entregados. El caso surge luego de confirmarse que los terrenos ya no figuran a nombre de la inmobiliaria.
La iniciativa fue impulsada por la empresa APV Villa Inmaculada S.A.C., cuyo representante legal es Zósimo Huancahuari Huaripaucar. El proyecto contemplaba una extensión de 11.2398 hectáreas, inscritas en la Partida Registral N° 02012953, con zonificación Residencial de Densidad Media (RDM).
Proyecto aprobado, pero sin ejecución
Según la Ordenanza Municipal Nº 035-2022-MPI, emitida el 18 de julio de 2022, el concejo provincial aprobó el planeamiento integral del proyecto Hawkalla Wasi, otorgándole viabilidad técnica. Este documento confirma que la iniciativa sí contó con respaldo municipal en su etapa inicial.
Asimismo, mediante el Aviso Oficial N° 0002-2023-ANA, publicado el 13 de febrero de 2023, la empresa inició trámites ante la Autoridad Nacional del Agua, solicitando disponibilidad hídrica subterránea para abastecer el proyecto. El pedido contemplaba la extracción de 18 litros por segundo para uso poblacional.
El punto crítico surge cuando los afectados detectan que el terreno habría revertido a favor de la Municipalidad Provincial de Ica, lo que genera una incertidumbre jurídica sobre la titularidad del predio. Pese a ello, los pagos continuaron siendo exigidos a los compradores.
Compradores exigen devolución tras contratos incumplidos
A esto se suma que los plazos de entrega pactados para 2024 y 2025 ya se encuentran vencidos, sin evidenciarse avances físicos en el terreno ni delimitación de lotes. Los compradores aseguran que nunca pudieron identificar con precisión la ubicación de sus predios.
El abogado Piero José Ramírez, representante de los afectados, indicó que los contratos han sido resueltos por incumplimiento, por lo que corresponde la devolución del dinero. Confirmó además que ya se iniciaron acciones legales en la vía civil y penal.
Los denunciantes también advierten posibles inconsistencias en la documentación registral presentada, lo que ha sido incorporado como parte de las investigaciones. Algunos compradores continúan pagando cuotas sin conocer la situación legal actual del terreno.
Mientras tanto, las familias exigen la intervención del Ministerio Público y cuestionan la actuación de las autoridades que aprobaron el proyecto en su fase inicial. El caso se perfila como uno de los conflictos inmobiliarios más sensibles en Ica, con implicancias legales y sociales aún en desarrollo.
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