Con todos los privilegios, el exgobernador de Ica, Fernando Cillóniz, una vez más fue entrevistado por el Grupo El Comercio, para dar a conocer sus malestares y esta vez contó que después de dejar su cargo de presidente regional, armó su asociación denominado «Cívica».
Según una nota de entrevista en Correo, dijo que «viene logrando lo que el Estado nunca hizo: investigar a los vándalos de Ica que participaron en las protestas contra la ley agraria en diciembre del 2020».
De acuerdo con el informe; hasta la fecha hay 50 sujetos denunciados. En La Libertad, Piura, Cusco y Arequipa, donde se reportaron desmanes de todo tipo y que esta titánica tarea podría repertirse.
En diciembre 2020, miles de obreros que trabajan en los fundos de la agroexportación en Ica y otras regiones como Piura y Trujillo, cansados de los abusos emprendieron una protesta que dejó dos fallecidos y consiguieron que se derogue la «Ley Chlimper«, una Ley agraria promovida por José Chlimper, ex ministros de agricultura de Alberto Fujimori, el cual cometía abusos.
En esas fechas de protesta, tanto Fernando Cillóniz, como su hijo Bejamin Cillóniz, tildaron de «vándalos» y «terroristas» a los obreros quienes protestaron y armaron barricadas desde el fundo de su propiedad llamada SAFCO. Hoy trabajadores esperan una Ley justa que los ampare.
Así fue entrevistado Fernándo Cilllóniz una vez más.
¿Cómo nació la Asociación Cívica por el Perú?
Cuando dejé el gobierno regional de Ica, formé Cívica, una asociación con algunos funcionarios que entonces me acompañaban. La idea es respaldar al Estado en el mantenimiento del orden público y en la lucha contra la corrupción.
Entiendo que el paro agrario de Ica, de diciembre pasado, ha sido uno de los temas en los que su organización ha seguido de cerca.
Todo el Perú fue testigo cómo en diciembre pasado hubo bloqueo de carreteras y vandalismo. Entonces, después de ese episodio pasaron las semanas y vimos que el Estado no hizo nada por denunciar a los vándalos. Bueno, Cívica tomó la iniciativa.
¿De qué manera?
El 24 de junio se presentó la denuncia y la Fiscalía ya revisó los expedientes, el caso ha pasado a la Primera Fiscalía Provincia Penal Corporativa de Ica. El fiscal responsable es Jesús Pacheco Bernal. El expediente tiene el número 3668-2021.
Es decir, fueron denunciados los protagonistas de estos actos de vandalismo, ¿por qué delitos?
Es una denuncia penal por varios delitos: extorsión, daño agravado, porque han arrojado piedras y utilizado armas, impedimento de circulación del transporte público, agresión a la Policía, entre otros.
¿Hay personas identificadas?
Tras la investigación fueron identificados cerca de 50 vándalos, cuyos nombres no los tengo, pero están consignados en la denuncia. También fueron identificados cerca de 20 policías, literalmente, masacrados y heridos por la turba. Igualmente, hemos denunciado el daño ocasionado a la ambulancia del hospital Santa María del Socorro, que fue incendiada, hecho que el gobierno regional no denunció.
¿La denuncia por los actos vandálicos en Ica partió de un pedido expreso de algún sector o entidad?
La denuncia se formula ante la inoperancia del Estado, desde la misma ciudadanía.
¿Ha tenido eco la acción legal entablada por Cívica?
Enterados de la denuncia penal contra los vándalos de Ica, hemos sido requeridos por ciudadanos del norte, porque después hubo bloqueos con muertes en Chao y Virú (La Libertad). Ahora nos están llamando desde el Cusco, porque también hay bloqueos de carreteras y vías férreas; también desde de Piura y Arequipa, porque hay mucho vandalismo por allá y ninguna respuesta por parte del Estado.
¿En el caso de Ica se tiene identificado cada uno de los nombres?
Sí, están identificado los cincuenta, con nombre, apellidos y hasta con domicilio, más lo que resulten responsable. Todos han sido denunciados penalmente.
¿Cuál es su opinión sobre el papel que juega la Policía Nacional ante este tipo de actos de violencia?
Nosotros recibimos el respaldo moral de la Policía porque fue agredida salvajemente y, lamentablemente, nadie la defiende. Hubo cientos de niños y adultos mayores maltratados durante el bloqueo en las carreteras, pero el Estado no hace nada por ellos.
