La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, encabezada por César Segura, aprobó solo con votos fujimoristas archivar la denuncia presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra el extitular del sector y aún fiscal supremo, Pedro Chávarry, por los delitos de de encubrimiento real y encubrimiento personal.

Los integrantes grupo respaldaron el informe de calificación de la Secretaría Técnica que recomendaba «rechazar de plano» la acusación contra Chávarry Vallejos.

El informe solo sugería denunciar al exfiscal de la Nación por el delito de atentado contra la conservación e identidad de objeto (instigador), un delito menor comparado a los anteriores.

DENUNCIA DE ZORAIDA ÁVALOS

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, reveló el motivo por el cual el extitular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, intentó meterse hasta por la ventana de las oficinas de la institución que fueron lacradas por mandato judicial en el marco de las investigaciones por los casos Los Cuellos Blancos del Puerto y Lava Jato.

En la denuncia constitucional presentada por Ávalos, aseguró que en el interior se encontraban documentos “con alto contenido incriminatorio” contra la encarcelada lideresa de Fuerza Popular,Keiko Fujimori, y el resto de la agrupación política.

“La conducta del denunciado ha sido precisamente la obstaculización de la labor del equipo de fiscales que vienen investigando, entre otros, a Keiko Fujimori Higuchi y su partido Fuerza Popular por el delito de lavado de activos y otros”, concluyó.

Explicó que la finalidad de Pedro Chávarry fue “sustraer a los investigados Keiko Sofía Fujimori Higuchi y Fuerza Popular del correspondiente proceso penal”.

Asimismo, subrayó que la obstrucción se ratificó con la decisión del exmandamás de la institución cuando retiró a los miembros del Equipo Especial Lava Jato (Rafael Vela y José Domingo Pérez) en la noche previa al Año Nuevo 2019 y lo que se dijo en los chats de «La Botica».

Por otra parte, mencionó los reiterados pedidos de Chávarry para tener conocimiento del acuerdo de colaboración firmado entre el Ministerio Público, la Procuraduría y la constructora brasileña Odebrecht.

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