Doble Vía Ica – Huacachina: Club Social pedía S/4 millones por vía que solo vale 500 mil

La doble vía hacia Huacachina avanza en planos y cronograma, pero tropieza en un punto crítico, el frontis del Club Centro Social Ica. Ese tramo, indispensable para el asfaltado, se convirtió en el epicentro de una controversia que mantiene en suspenso la liberación total del área.

La ejecución, a cargo del Gobierno Regional de Ica desde junio de 2025, tiene plazo hasta diciembre de 2026. Aunque el calendario se mantiene vigente, el desacuerdo por ese terreno impide completar el avance físico continuo en uno de los accesos más importantes hacia el principal destino turístico de la ciudad.

Ministerio de Vivienda realizó tazación para determinar costo del frontis del Club Social Ica

En medio del cruce, la Municipalidad Provincial de Ica solicitó la tasación técnica al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, autoridad competente en estos casos. El valor determinado fue de aproximadamente S/500 mil, cifra que desató el rechazo de los representantes del club.

Versiones vinculadas a la negociación señalan que la pretensión inicial superaba los S/4 millones por esa misma franja, una diferencia que encendió la polémica pública. La brecha entre lo solicitado y lo tasado practicamente dejó en rídiculo a los directivos del Club.

El abogado José Carlos Ordoñez, quien también es socio del club y ex asesor municipal, se declaró en contra del Club. “La municipalidad no puede pagar un sol más de lo que fija Vivienda, sería ilegal. Incluso ha sido generosa al intentar reconocer ese monto”, afirmó al referirse al proceso.

Ordoñez recordó que una escritura pública del propio club reconoce esa zona como retiro municipal, lo que podría ser determinante si el caso llega al Poder Judicial. “Que la obra continúe y que un juez determine si corresponde pago o no. El interés público y Huacachina no pueden seguir esperando”, manifestó.

“La municipalidad ha sido generosa al querer pagar lo que fija Vivienda, no puede pagar un sol más porque sería un problema legal para los funcionarios. Si es retiro, es espacio público. El Poder Judicial deberá determinar si corresponde pago o no. Podrían terminar sin cobrar nada si se judicializa” concluyó.