Puno: Prisión preventiva para red que anulaba multas y liberaba vehículos mediante sobornos
El Poder Judicial dictó 36 meses de reclusión para seis funcionarios y un policía implicados en la organización criminal Los Mandachitos de la Corrupción.
El juez Youl Riveros Salazar ordenó 36 meses de prisión preventiva contra seis integrantes de la red criminal «Los Mandachitos de la Corrupción». Los implicados son acusados de cobrar sobornos para anular multas de tránsito y liberar vehículos en depósitos municipales.
Entre los detenidos figuran Willy Wilson Cáceres Pauro, subgerente de Registro y Transportes; Franz Henry Quispe Ticona, de Asesoría Legal; y Jesús Virgilio Maquera Arrazola, encargado de Liberación Vehicular. También se incluyó a la captadora Lourdes Zellydeth Pacco Yupanqui.
La investigación fiscal reveló que miles de infracciones graves, como las categorías M1, M2 y M3 vinculadas a la conducción en estado de ebriedad, nunca fueron registradas en el sistema oficial. Esta omisión permitía que conductores peligrosos continuaran circulando sin pagar las sanciones correspondientes.
Funcionarios y policías implicados en la red
El policía José Rolando Vilca Rivas, responsable de procesar las papeletas en la PNP, es señalado por omitir el registro de las actas. Por su parte, el tramitador Mario Flores Condemayta gestionaba las influencias directas ante los funcionarios municipales para concretar los beneficios ilícitos.
La fiscalía presentó como pruebas chats de WhatsApp y el testimonio de un colaborador eficaz que detalla la estructura delictiva. El magistrado consideró que la gravedad de los delitos, con penas que superan los 15 años de cárcel, justifica la medida restrictiva ante el daño social causado.
El caso involucra a un total de 15 investigados. En los próximos días se programará la audiencia de prisión preventiva para el alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, quien también está incluido en la carpeta fiscal por presuntos vínculos con la organización criminal.
Las defensas técnicas de los seis procesados interpusieron recursos de apelación al cierre de la audiencia judicial. El proceso continúa bajo el marco del artículo 317 del Código Penal, mientras se busca desarticular el resto de los niveles operativos de esta red de corrupción.
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