Las llamadas «Leyes pro crimen» (I)

¿Puede un país combatir con eficacia al crimen organizado si, al mismo tiempo, modifica las reglas con las que fiscales y jueces investigan a las organizaciones criminales?

En esta primera parte, de una serie de tres artículos, se analiza en forma genérica las reformas penales más controvertidas aprobadas en los últimos años y el debate que han suscitado sobre su impacto en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.

La inseguridad ciudadana se ha convertido, con razón, en la principal preocupación de los peruanos. La expansión de la extorsión, el sicariato, el crimen organizado y otras formas de delincuencia ha llevado a la ciudadanía a exigir leyes más severas y un Estado más eficaz para enfrentar este grave problema. Sin embargo, en medio de esa demanda por mayor seguridad, el Congreso aprobó en los últimos años diversas reformas penales que dieron origen a uno de los debates jurídicos y políticos más intensos de las últimas décadas.

Mientras sus promotores sostienen que dichas reformas fortalecen el debido proceso, protegen los derechos fundamentales y corrigen excesos cometidos durante las investigaciones penales, sus críticos afirman que varias de ellas reducen la capacidad del Estado para investigar y sancionar a las organizaciones criminales y a las redes de corrupción.

Precisamente por esa razón comenzó a difundirse una expresión que hoy forma parte del debate nacional: las llamadas “leyes pro crimen”.

Este es el primero de una serie de tres artículos cuyo propósito no es defender ni condenar esas reformas, sino explicar de manera sencilla qué modificó cada una de ellas, cuáles fueron los argumentos de quienes las impulsaron y por qué han sido cuestionadas por fiscales, jueces, especialistas y diversos sectores de la sociedad civil. Al finalizar esta serie, el lector contará con mayores elementos para formarse su propia opinión.

Resulta paradójico que, mientras la población reclama herramientas más eficaces para combatir la delincuencia, una parte importante del debate nacional se haya concentrado en determinar si algunas de las reformas aprobadas en los últimos años fortalecieron el Estado de derecho o, por el contrario, limitaron instrumentos que habían demostrado utilidad para investigar organizaciones criminales.

El término “leyes pro crimen” no existe en nuestro ordenamiento jurídico. Es una expresión política y mediática utilizada por quienes consideran que determinadas reformas terminan favoreciendo, directa o indirectamente, la impunidad. Quienes las defienden rechazan esa denominación y sostienen que las modificaciones buscan restablecer el equilibrio entre la persecución del delito y el respeto a las garantías constitucionales de toda persona sometida a investigación.

Más allá del nombre que se les atribuya, lo cierto es que estas reformas modificaron aspectos esenciales del sistema penal peruano. Entre ellos destacan las reglas sobre la prescripción de los delitos, los procedimientos de colaboración eficaz, la definición legal de organización criminal, las facultades de investigación, la detención preliminar y la extinción de dominio de bienes vinculados con actividades ilícitas.

Para algunos especialistas, analizadas de manera aislada, varias de estas modificaciones podrían parecer razonables. Sin embargo, sostienen que es su efecto acumulado lo que genera preocupación, pues podría traducirse en mayores dificultades para investigar estructuras criminales complejas. Quienes respaldan las reformas responden que precisamente ese era el objetivo: evitar investigaciones indefinidas, reforzar el debido proceso y proteger derechos fundamentales que, a su juicio, habían quedado debilitados por interpretaciones excesivamente amplias de determinadas normas penales.

Es evidente que ambas posiciones merecen ser escuchadas. En un Estado democrático, la eficacia en la lucha contra el crimen no puede alcanzarse sacrificando las garantías constitucionales. Pero tampoco puede ignorarse que un sistema excesivamente limitado puede perder capacidad para enfrentar organizaciones criminales cada vez más sofisticadas.

Por ello, esta serie no pretende alimentar consignas ni descalificaciones. Su propósito es revisar el contenido de las principales reformas, explicar qué cambió antes y después de su aprobación y analizar los argumentos expuestos tanto por sus promotores como por sus críticos.

En la próxima entrega comenzaremos ese recorrido con dos de las primeras reformas que marcaron este debate: las modificaciones a las reglas sobre la prescripción de los delitos y los cambios introducidos al proceso de colaboración eficaz. A partir de ellas se inició una discusión que, lejos de concluir, continúa ocupando un lugar central en la agenda política y jurídica del país.

Porque las leyes no deberían juzgarse por el calificativo que reciben, sino por los efectos que producen. Ese será el criterio que guiará esta serie.