Piden prisión preventiva para Jhon Torres, policía que dejó el servicio y rechazar la masacre en Juliaca
Piden prisión preventiva para Jhon Torres, policía que dejó el servicio y rechazar la masacre en Juliaca

La Fiscalía Militar Policial del Perú ha solicitado prisión preventiva contra el oficial de policía SO3 Jhon Torres Yataco, quien renunció a la Policía Nacional del Perú un día después de las manifestaciones que tuvieron lugar en Juliaca, donde lamentablemente murieron 18 civiles.

Torres Yataco está bajo investigación por abandonar su puesto de policía en medio del estado de emergencia sin esperar a recibir su retiro formalmente. También pronunciarse en redes sociales en contra del Estado y de la presidenta de la República. En este caso contra Dina Boluarte, quien también es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

En concreto, se le acusa de haber abandonado su puesto de trabajo en Juliaca sin tener una resolución de pase al retiro. También por haber publicado un vídeo en TikTok y otras redes sociales vistiendo el uniforme policial y haciendo declaraciones en contra del Estado. Según la Fiscalía, esto constituye un delito de desobediencia, insulto al superior y deserción, todos sancionados en el Código Penal Militar Policial.

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Audiencia de prisión preventiva contra expolicía de Juliaca será este martes 21 de febrero

La audiencia para decidir la libertad del policía Torres Yataco se llevará a cabo el 21 de febrero de 2023 a las 10:00 a.m. Se definirá si será recluido preventivamente o si podrá seguir su proceso en libertad.

El abogado defensor de Torres Yataco, el señor Torres Rosello, ha dicho que su cliente trabajaba en el aeropuerto Inca Manco Capac de Juliaca el día de las protestas y que participó en los enfrentamientos. Al enterarse de que habían fallecido muchas personas, decidió abandonar la Policía Nacional. Él presentó su renuncia al día siguiente, dejando de acudir a la institución desde entonces.

Este caso ha generado una gran controversia en el Perú, ya que muchas personas consideran que el oficial de policía tiene derecho a expresar su opinión libremente en redes sociales, mientras que otras consideran que su conducta constituye un delito y debe recibir una sanción. El caso ha abierto un debate sobre el papel de las redes sociales en la sociedad y la libertad de expresión de los funcionarios públicos en el país.

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