Alerta Megapenal de Ica: Licitan obra de S/877 millones con permisos vencidos y riesgo de nueva paralización
Contraloría detectó permisos hídricos y viales desactualizados mientras el Gobierno avanza licitación del megaproyecto penitenciario en Santiago con millonaria inversión.
Resumen con IA
La construcción del Megapenal de Ica, valorizada ahora en S/877 millones, tiene un nuevo foco de riesgo tras revelarse que el proceso de licitación avanza con permisos próximos a vencer y autorizaciones incompatibles con la normativa vigente. El hallazgo aparece en el Informe N° 6372-2026-CG/GRIC-SOO, emitido el 8 de mayo por la Contraloría.
El documento confirma que el proyecto ya no es solo una promesa política. El Ministerio de Justicia convocó oficialmente la Licitación Pública LP-SM-1-2025-JUS-1 el 26 de septiembre de 2025 y programó la entrega de la Buena Pro para el pasado 8 de mayo de 2026. La firma del contrato estaba prevista para finales de junio.
MegaPenal de Ica tiene los permisos vencidos
Uno de los puntos más graves detectados es el relacionado con el abastecimiento de agua. La Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chincha otorgó en julio de 2024 la disponibilidad hídrica para el penal, pero esta autorización vence el 25 de julio de 2026. Contraloría advirtió que el ministerio recién tramitaría el permiso definitivo tras firmar contrato, lo que dejaría el proyecto sin autorización vigente.
La alerta técnica también alcanza al suministro eléctrico. El proyecto cuenta con aprobación de Electro Dunas S.A.A. para operar un sistema de utilización en 22.9 kV con demanda de 3,305 kW, pero la ampliación de vigencia expira el 28 de octubre de 2026. Cualquier retraso en la instalación de la empresa contratista obligaría a rehacer expedientes y reiniciar trámites.
Vias de acceso requieren nuevos estudios
Otro hallazgo compromete el acceso vial al establecimiento penitenciario ubicado en el kilómetro 335.5 de la Panamericana Sur. El expediente técnico presentado por el MINJUSDH utiliza una autorización emitida por Provías Nacional en 2017, basada en normas derogadas. Según Contraloría, el rediseño aprobado en 2025 requiere nuevos estudios georreferenciados, certificados arqueológicos y evaluación ambiental actualizada.
El nuevo escenario agrava las alertas que La Lupa ya había expuesto desde 2021, cuando el Estado intentó recuperar S/82 millones en cartas fianza tras la caída del contrato original. En 2025 se informó sobre el incremento del costo de la obra y su reactivación política. Ahora, el informe revela que el megaproyecto podría volver a paralizarse apenas inicie, debido a permisos vencidos y expedientes incompatibles con la legislación actual.
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