La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la central sindical más grande en el país, ha convocado a una huelga general indefinida a través de un comunicado a sus «bases afiliadas». La CGTP, que agrupa a trabajadores del sector público y privado, programó esta acción de protesta masiva para el 9 de febrero y se desarrollará a nivel nacional.
El comunicado califica al gobierno de la presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra, como una «dictadura-cívico-militar». Según el documento, la presidenta persiste en criminalizar la protesta y endurecer la persecución política contra los líderes sindicales mediante el poder mediático.
Actualmente, la CGTP tiene aproximadamente 800,000 trabajadores en todo el país, la mayoría de ellos del sector público. Además, conforma el 60% de la masa sindical en el Perú y reúne a importantes sindicatos en diferentes sectores. Esto incluye a la industria, minería, construcción civil, municipios y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep).
El abogado Jorge Toyama explicó que, independientemente del apoyo que pueda tener esta huelga, esta se llevará a cabo. Sin embargo, dio a entender que el apoyo de los sindicatos no será amplio. Sería solo de dirigentes sindicales y trabajadores con días libres los que acatarán este paro.
Trabajadores congelarán sus labores
Una huelga a nivel nacional de la CGTP significa que los trabajadores congelarán sus labores para sumarse a esta medida. Se espera que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, presidido por el ministro Alfonso Adrianzén, se pronuncie sobre esta huelga. Si el Ministerio no emite ningún tipo de respuesta o comunicado, se entenderá que la medida ha sido autorizada.
El abogado Jorge Toyama afirmó que es probable que esta paralización se le declare improcedente debido a los motivos políticos que la sustentan. Sin embargo, agregó que aunque se declare improcedente, es probable que algunos la acaten por lo menos por tres días.
La región Puno radicaliza su huelga
Ayer, pobladores aimaras de diferentes distritos como Laraqueri, Platería y otros llegaron a la ciudad de Puno con carteles que decían «Presentes en la lucha» y gritando «La sangre derramada jamás será olvidada». Se reunieron en la plaza de Armas con otras delegaciones que los recibieron con el lema «El pueblo unido jamás será vencido» y la demanda «Urgente, urgente, cierre del Congreso».
La movilización se extendió a otras localidades del altiplano como Juliaca, Ilave, Azángaro, Melgar, Huancané, Moho, entre otras. El representante de la Defensoría del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona, pidió a la fiscalía una investigación rápida sobre la presunta tortura a 12 detenidos en Ilave después de enfrentamientos con la policía.
