El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección de Fiscalización e Instrucción y también la Defensoría del Pueblo, han enviado documentos urgentes de cuestionamiento al alcalde de la Municipalidad Provincia de Pisco, luego que la entidad municipal decidiera llevar a cabo un proceso de empadronamiento de ciudadanos venezolanos.
«He recibido carta de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Justicia, justamente nos están observado el tema del empadronamiento y es una decisión del estado contra el estado. Estoy totalmente sorprendido. Dijo el alcalde Juan Mendoza Uribe.
«Aquí esta el documento donde nos dice claramente «La iniciativa que hemos tenido estaría contraria al principio de igualdad y discriminación reconocida por la constitución», agregó.
Luego de dar a conocer la suspensión, algunos venezolanos mostraron su indignación por la medida del estado, ya que ellos quieren ser empadronados para así clasificar a los emigrantes que vienen a buscar su futuro trabajando de la forma más honesta y a los que vienen realizando actos ilícitos en la Provincia.
Finalmente por iniciativa de los venezolanos que asistieron al empadronamiento se dejó constancia a través de su nombres completos, firma y huellas que ellos estarían de acuerdo con la medida que dio a conocer la Municipalidad Provincial de Pisco y que es inaudito que se haya suspendido por presión del gobierno central.
