La Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Ica ha iniciado una investigación preliminar contra Fernando Cillóniz Benavides, exgobernador regional de Ica. Se trata de un caso de la presunta comisión del delito de Lavado de Activos en agravio del Estado peruano.
Esta acción se origina a raíz de una denuncia presentada por el abogado Alberto Pachas Ávalos. Señaló que durante el mandato de Cillóniz, entre 2015 y 2018, habría utilizado su influencia para obtener predios de manera irregular. Estos posteriormente serían blanqueados a través de empresas vinculadas a su familia.
El 13 de mayo de 2024, un fiscal de la región había dispuesto archivar la denuncia por considerar que no existían elementos suficientes que sustentaran la apertura de una investigación formal. Sin embargo, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos interpuso recursos de queja. Argumentó que la decisión del Ministerio Público fue prematura y carecía de un análisis exhaustivo de las pruebas.
Fernando Cillóniz adquirió propiedades y constituyó muchas empresas en Lima, Ica y Arequipa cuando era gobernador
Se ordenó recabar más información sobre las empresas y propiedades vinculadas a Cillóniz y sus familiares. Estos habrían estado involucrados en presuntos actos de corrupción, como la titulación de tierras irregulares. También se trata de: 10 inmuebles en las ciudades de Lima y Ica. También 39 personas jurídicas constituidas en diversas ciudades, incluyendo Lima, Arequipa, Trujillo, Ica y Chincha; además vehículos registrados en la Oficina Registral de Lima.
En su recurso, el denunciante advirtió que Cillóniz Benavides había incrementado su patrimonio de manera significativa durante su gestión, al registrarse a su nombre decenas de inmuebles, vehículos y empresas agroexportadoras. Además, señaló que varios de estos bienes habrían sido registrados a nombre de terceros y familiares, con el objetivo de ocultar su origen ilícito.
En respuesta, la Procuraduría solicitó que se realicen diligencias, como el análisis de movimientos bancarios a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), investigaciones sobre las propiedades del exgobernador y la solicitud de informes a diversas entidades del gobierno, como el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
La Fiscalía ha aceptado los recursos presentados y ha ordenado la apertura de una investigación preliminar, lo que permite la recolección de más pruebas que podrían confirmar la existencia de operaciones de lavado de activos. La resolución también establece la obligación de practicar diversas diligencias, como la audición de grabaciones y la recopilación de información financiera y patrimonial de Cillóniz. Esto podría esclarecer si el exgobernador utilizó su cargo para beneficiar a familiares y terceros, a través de prácticas ilícitas relacionadas con la compra y venta de terrenos en la región de Ica.
Se adueñó de predios donde hoy inmobiliarias construyen, según denuncia
«…El dinero ilícito que habría obtenido el denunciado durante su gestión como Gobernador Regional de Ica, al adjudicarse irregularmente a través del Programa Regional de Titulacion de Tierras (PRETT) hectáreas de terrenos dentro de toda la región Ica, lo estaría lavando a través de empresas agroexportadoras, inmobiliarias, que viene constituyendo a nombre de sus familiares y terceras personas, para ocultar y evitar la identificación de su origen ilícito» dice documento.