Ica: blindan a regidor Epifanio Quispe y frenan su vacancia por nepotismo y presuntas coimas
Mayoría del concejo rechazó destituir al teniente alcalde tras denuncias por contratación de su esposa, cobros en transportes para presuntamente liberar un vehículo.
El Concejo Provincial de Ica rechazó este 27 de febrero de 2026 el pedido de vacancia contra el primer regidor Epifanio Quispe Vilca, acusado de nepotismo, cobros indebidos y presunta usurpación de funciones.
La decisión se tomó con 13 votos en contra, lo que permitió su permanencia como teniente alcalde pese a las observaciones presentadas por el denunciante ciudadano Carlos César Hernández Torres.
Acusan de nepotismos al regidor Epifanio Quispe debido a que su esposa trabaja en Registro Civil de la Municipalidad de Ica
El primer eje del pedido fue el supuesto nepotismo vinculado a su esposa, Arbelín Rosario Vásquez Quispe, quien labora en la Unidad de Registro Civil. Ambos contrajeron matrimonio el 14 de septiembre de 2024.
Resulta que el regidor preside la comisión de Registro Civil, es decir de la misma área, configurando un posible conflicto de intereses. La defensa sostuvo que la trabajadora fue contratada en 2020 y que su vínculo laboral es previo al matrimonio.
Durante el debate, la regidora Yngrid Ramos reveló que el expediente de contratación de la esposa carecería de firmas del contratante y contratado, además de no registrar la declaración jurada de parentesco obligatoria. La observación técnica no derivó en sanción, ya que la mayoría consideró que no existían pruebas suficientes para configurar causal de vacancia.
Acusan de presuntas coimas al primer regidor
El segundo punto expuesto fue la denuncia por presuntas coimas para destrabar trámites en la Gerencia de Transportes, formulada por la ciudadana Berta García Huamaní. Según el testimonio, el monto solicitado habría alcanzado S/ 7,500 para liberar un vehículo, anular papeletas y levantar una suspensión de licencia.
El regidor Epifanio Quispe Vilca reconoció una deuda de S/ 5,500, pero aseguró que se trató de un préstamo personal para campaña, explicación que no coincide con las fechas de los trámites observados.
La denuncia sostiene que el dinero habría sido entregado bajo la promesa de interceder ante funcionarios municipales, lo que configuraría un presunto acto de cohecho si se acredita la contraprestación.
El abogado del solicitante remarcó que la campaña electoral mencionada ocurrió en 2022, mientras que los documentos vinculados a transportes y los pagos datan de julio de 2024 y sería una contradicción temporal que alimentó las sospechas.
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